La tragedia de Ciudad Juárez divide a los senadores de Morena

La mayoría de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, frenó la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el Senado tras la muerte de al menos 39 migrantes en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. La propuesta había salido del líder del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que consideró que había un consenso dentro de la bancada. Pero en menos de una hora de debate, el resultado fue completamente distinto. Pese a que algunos legisladores morenistas y de sus aliados acompañaron la propuesta, el grueso del bloque gobernante dio marcha atrás y se pronunció porque los miembros del Gabinete y aspirantes a la candidatura presidencial no dieran explicaciones en la Cámara alta tras lo sucedido. Dos senadores de la formación, sin embargo, se hicieron eco de los reclamos de la oposición y exigieron la renuncia de Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), que sí será llamado a declarar tras la tragedia.

“No tenemos nada qué ocultar y es una facultad de control que tiene el Legislativo sobre el Ejecutivo”, dijo Monreal, que también se ha destapado en la carrera por la sucesión presidencial en Morena, al solicitar que López y Ebrard fueran a comparecer al Senado. Aunque el INM depende de Gobernación y esa cartera es la máxima autoridad migratoria de acuerdo a las leyes mexicanas, un decreto presidencial de 2019 cita a Exteriores como la encargada de coordinar la política migratoria.

En medio de las críticas al Gobierno, López se escudó en ese documento para señalar a Ebrard como el verdadero conductor de la política migratoria. En la Cancillería rechazaron ese argumento y dijeron que sus compañeros de Gabinete pretenden lavarse las manos con una disposición transitoria y que no los exime de sus responsabilidades constitucionales. El decreto de López Obrador se promulgó meses después de que el Gobierno de Donald Trump presionara a México para convertirse en el dique de los flujos migratorios a Estados Unidos, lo que marcó un giro radical en la gestión de la migración en esta Administración. Incluso, la senadora Olga Sánchez Cordero, que fue titular de Gobernación al principio del sexenio, dijo que no tenía conocimiento de ese escrito, a pesar de que aparece nombrada en el Diario Oficial de la Federación.

“Nosotros habíamos estimado que con la comparecencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración era suficiente; sin embargo, no podemos ocultar la gravedad del hecho y, por eso, mis compañeros y compañeras están claros de que debemos ampliar esta facultad de control”, señaló Monreal. Se trataba de una modificación a un punto de acuerdo en el que los senadores llamaban al Ejecutivo a acciones urgentes para atender la tragedia y dar con los responsables. Pero la noción del líder de la bancada de que podía poner bajo el escrutinio de los legisladores a López y Ebrard se desmoronó durante la discusión.

Monreal dijo que sus correligionarios podían votar libremente. “Cada uno asume su responsabilidad”, afirmó. Ante la falta de acuerdo, Monreal no votó. Las senadoras Sánchez Cordero, Sasil de León y Mónica Fernández, la autora del punto de acuerdo, se abstuvieron. Y algunas, como Cecilia Margarita Sánchez o María Graciela Gaitán del aliado Partido Verde, votaron a favor. Pero la modificación no pasó por un saldo de 38 aprobaciones frente a 41 en contra. “A veces por el protagonismo personal o por las posiciones partidistas estamos dejando de lado lo que el país está reclamando”, dijo el líder de la bancada antes de la votación, a menudo cuestionado por sus posicionamientos dentro del propio partido.

“El Senado de la República no se va a prestar al pleito o a querer, por factores externos al Gobierno y a los poderes y al Poder Legislativo, enfrentar a la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el Senado no nos vamos a prestar a ello”, dijo el presidente de la Cámara alta, Alejandro Armenta, también de Morena, en declaraciones citadas por el periódico Excélsior. Armenta fue salomónico y dijo que López y Ebrard son “extraordinarios secretarios” y que van a colaborar con López Obrador para aclarar los hechos.

Esa falta de consenso dentro del grupo parlamentario también se ha reflejado en otros temas como la elección de los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), esto dicho tal cual por el senador Eduardo Ramírez. El INAI puede quedar sin quorum si el Senado no elige a por lo menos un relevo en las próximas horas. El proceso de designación se pospuso durante alrededor de un año y hoy los legisladores están a las prisas.

En más de siete horas de una acalorada sesión, entre reclamos de la oposición por el papel del Estado en la tragedia, Lilia Margarita Valdés y Rocío Abreu, senadoras de Morena, pidieron que Garduño dejara su cargo en el INM. “Que sea destituido de inmediato y que no venga a comparecer como comisionado”, exigió Valdez, que dijo que había varios miembros del partido que la respaldaban. Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional y Emilio Álvarez Icaza también pidieron la renuncia. Garduño, encargado del sistema penitenciario antes de llevar los hilos de la migración, señaló en un comunicado que estaba dispuesto a declarar ante las autoridades y a colaborar en las investigaciones, pero no habló de dejar el puesto. López Obrador dijo que no iba a ser “juicios sumarios” y que no iba a dejar caer a su colaborador antes de que avanzaran las investigaciones.

El Senado aprobó una resolución para instar a que Exteriores, Gobernación y el INM busquen reparar el daño a las víctimas y exhortar a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a que deslinden responsabilidades, tanto de los culpables como de servidores públicos. También se pide que la autoridad migratoria revise todos los centros que tiene en el país. A la Secretaría de Seguridad Pública se exige que de información sobre la empresa privada de seguridad que estaba contratada en el centro Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, donde sucedió el incendio. También se prepara un grupo de trabajo de senadores de varios partidos para dar seguimiento al caso.

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