Dos años después del derrumbe en la mina del Pinabete los rescatistas recuperan el quinto cuerpo

El quinto cuerpo ha vuelto a ver la luz del día tras dos años bajo tierra. Diez mineros quedaron atrapados en el pozo de carbón del Pinabete el 3 de agosto de 2022, después de que una inundación derrumbara la mina a las afueras de Sabinas, en el desierto de Coahuila que hace de frontera con Texas. La recuperación de los cadáveres está siendo un trabajo lento y farragoso para desesperación de sus familiares. Los equipos de rescate llegaron el 27 de diciembre de 2023 a los dos primeros restos humanos; el 16 de enero, a otros dos. Desde entonces, hace ocho meses, no había habido avances hasta este lunes, cuando se hallaron los huesos del quinto minero, todavía sin identificar.

Las autoridades han anunciado el hallazgo en un comunicado: “En una jornada marcada por el esfuerzo de los equipos de rescate, quedaron a la vista los indicios biológicos de uno de los mineros atrapados, por lo que se activó el protocolo de recuperación establecido por el Mando Unificado, conformado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de Estado de Coahuila de Zaragoza (FGEC)”.

El presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, hizo suya la causa de recuperar los cuerpos de los 10 trabajadores sepultados en Sabinas. También los de las víctimas de Pasta de Conchos, 65 mineros muertos en una explosión de gas en febrero de 2006. En su momento, solo se rescataron dos cuerpos, los otros 63 han seguido bajo tierra desde entonces. Este junio, por primera vez en más de 18 años, hubo avances significativos y se encontraron restos humanos en una zona donde trabajaban 13 de los 63. Un mes después, el Gobierno anunció que había identificado el material genético de José Alfredo Ordóñez, el primer fallecido localizado en casi dos décadas.

Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador en el cargo, que tomará posesión en octubre, se comprometió también a asumir la responsabilidad de encontrar los restos de los mineros atrapados, los cinco que quedan en el Pinabete y los 62 restantes de Pasta de Conchos. Lo hará, prometió, “con la misma voluntad y la misma determinación” con la que lo ha hecho su predecesor. El presidente en funciones adelantó que todos los cuerpos serían recuperados a lo largo de este verano, algo que parece poco probable.

El pasado mayo, Obrador convocó a Palacio Nacional a las viudas de los mineros de ambos derrumbes, que volaron en un avión de las fuerzas áreas desde el Aeródromo de la Región Carbonífera de Coahuila hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles (Aifa), para reunirse después con el presidente. Una de las mujeres, presente aquel día, describió el encuentro a EL PAÍS: “Más que nada, la reunión fue para reafirmar el compromiso [del mandatario] con los seis compañeros que están en el tajo [la excavación a cielo abierto que se ha hecho para llegar a los cuerpos]. Dice que se siente comprometido a devolvernos a nuestro familiar. En cuestiones del Gobierno en Coahuila, si él [López Obrador] no hubiese estado en el Gobierno, el padre de mis hijos se hubiera quedado en ese lugar, no le habrían sacado nunca. Le tengo muy poca fe al gobierno de Coahuila [del PRI]”.

En aquella reunión estuvo presente también, entre otros altos cargos de la política mexicana, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el organismo al que el presidente hizo responsable de gestionar el rescate. Era una presencia significativa: la CFE compra el 99% del carbón que producen las minas de Coahuila. En concreto, los administradores del Pinabete tenían un contrato con ellos por 75 millones de pesos y, a pesar de las nulas condiciones de seguridad, la CFE calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera entre 2020 y 2024, según una investigación de Animal Político. Muchos de los familiares de las víctimas y las organizaciones que monitorean la región, como Familia Pasta de Conchos, consideran a Bartlett y la empresa pública como uno de los culpables de las muertes.

Dos hombres, Cristian Solís Saavedra, presunto capataz, y Luis Rafael García Luna Acuña, uno de los presuntos dueños de la empresa, están detenidos por el derrumbe del Pinabete. Un tercero, Arnulfo Garza Cárdenas, se encuentra prófugo, con una orden de captura internacional de la Interpol. Para las familias es insuficiente, consideran a los arrestados meros “prestanombres”. La búsqueda de los cinco cuerpos restantes continúa, mientras tanto. “El objetivo persiste en localizar e identificar a los mineros restantes atrapados en la mina El Pinabete”, reza el comunicado de este lunes.

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