¿El paraíso de los Bartlett?

Los medios de comunicación agonizan. La fe que la audiencia deposita en ellos se va erosionando. Aunque el fenómeno es global, en México es particularmente grave. El INEGI lo ha corroborado: una tercera parte de los ciudadanos confía en ellos poco o nada (ENCOAP 2023).

Aquellos que reducen la realidad a la voluntad de un solo hombre culpan a Andrés Manuel López Obrador. Otros, sin embargo, creemos que la verdad es más compleja: tras las grietas, se ocultan otros rostros. Como evidencia, un ruidoso botón: el reportaje titulado El Paraíso Secreto de los Bartlett, publicado en la última edición de la revista Proceso. El texto apunta la supuesta corrupción en la adquisición de cuatro inmuebles entre 2011 y 2019 en la Riviera Maya por parte de Manuel Bartlett, Julia Abdalá —su pareja sentimental cuya riqueza antecede, por mucho, su relación con el hoy director de la CFE— y su hijo.

El artículo de investigación —es un decir— se difundió en la antesala del nombramiento de quien ocupará la silla que Manuel Bartlett dejará vacante. Aquel que acompañará la gestión de Sheinbaum Pardo al frente de la CFE. La publicación fue —por ponerle un adjetivo— oportuna. Especialmente considerando que la próxima presidenta ha señalado que abrirá un 46% de participación privada en el sector eléctrico. Para los inversionistas, la fragilidad del líder de la empresa productiva del Estado sería un respiro a seis años (para ellos) complejos.

El reportaje se tejió al revés, de atrás para adelante. Primero, se decidió la conclusión deseada: la corrupción de los Bartlett. Luego, se seleccionaron cuidadosamente los elementos que respaldan la narrativa. ¿Las pruebas en contrario? Descartadas.

A continuación, una muestra de la evidencia desechada:

Uno. Lo más polémico: el inmueble de Puerto Morelos, Quintana Roo, que, se afirma, fue adquirido en 2013 por “cero pesos”. El reportaje menciona que “a ninguno de los beneficiarios se le impuso gravamen alguno; es decir, no pagaron un solo peso por la adjudicación de los predios”. El reportaje confunde gravamen con precio. La ausencia de un gravamen no significa que no hubo precio. La realidad —esa que el autor del texto abortó— es que el inmueble se adquirió por dos millones de pesos. La equivocación no es menor.

Dos. Al describir la adquisición del inmueble en Puerto Morelos, el reportaje enreda fechas, nombres y documentos. Una investigación rigurosa habría revelado que los derechos sobre el inmueble se cedieron desde el 2006 mediante un contrato que fijó el precio de la operación. Esta suma —vale decir— es congruente con el valor por hectárea reconocido cuatro años después en el decreto expropiatorio firmado por Felipe Calderón, necesario para formalizar la venta de los terrenos de la zona.

Una correcta determinación de la fecha de adquisición habría evitado que el autor del reportaje cayera en la trampa de mencionar a funcionarios acusados de malvender patrimonio de Quintana Roo en fechas posteriores a la compra, todo para reforzar su argumento. La investigación es tan descuidada que ni siquiera verificó que una de las personas señaladas por ejercicio indebido del servicio público no está prófuga, como se afirma, sino que fue detenida en mayo pasado.

Tres. El reportaje sugiere que dos de los cuatro inmuebles en cuestión se adquirieron aprovechando información privilegiada sobre proyectos gubernamentales que eventualmente aumentarían su valor. El de Playa del Carmen se beneficiaría del Tren Maya, y otro en Tulum, del Parque Nacional del Jaguar.

La acusación es audaz: sugiere que los Bartlett tenían poderes premonitorios, no acceso a información secreta del gobierno. El primer inmueble se adquirió en 2009, como parte de una ejecución de garantía, nueve años antes de que López Obrador llegara a la presidencia. El segundo terreno se compró a un precio razonable en 2019, tres años antes de que la SEDATU anunciara la creación del Parque del Jaguar.

Invito a una lectura atenta del reportaje para propia constatación. Verán, por ejemplo, como este se sirve del desarrollo regional de la Riviera Maya para demostrar, de manera sistemática y tendenciosa, que los Bartlett contaban con conocimiento gubernamental clasificado. El crecimiento acelerado de la región sur y sureste del país, impulsado por esta administración, se vuelve en su contra. El reportaje recurre a un razonamiento circular que resulta imposible de probar.

Algunos interpretarán este texto como una defensa de Manuel Bartlett. Es, en realidad, una defensa del periodismo de investigación y de nuestro derecho a consumir información contrastada y de calidad. Si en el proceso termino exculpando al director de la CFE, que así sea. Él y su familia tienen derecho a no ser difamados.

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