El traspaso de la Guardia Nacional al Ejército vuelve a la Cámara de Diputados

La adscripción de la Guardia Nacional al Ejército ha vuelto a ver la luz. El bloque oficialista, formado por Morena, PT y PVEM, en la Cámara de Diputados ha dado oxígeno a la iniciativa de reforma constitucional enviada en febrero por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como parte del paquete de reformas de gran calado que deja como herencia a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Este jueves el oficialismo ha aplicado nuevamente su mayoría parlamentaria en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con ella ha avalado las modificaciones constitucionales que dan el control total de la corporación, de génesis civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), brazo administrativo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además le otorga facultades para la investigación de delitos. Del otro lado el bloque opositor —del PAN, PRI y MC—, ha concatenado sus posicionamientos, “es la militarización del país” han dicho mientras daban sus votos en contra de la propuesta que el Congreso ya había aprobado en septiembre de 2022 a través de la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública. Sin embargo, no llegó a completarse dado que el Supremo mexicano la declaró inválida en abril de 2023.

Los resultados electorales del 2 de junio y el reparto de los espacios plurinominales, ahora en medio de un polémico debate, le han dado al oficialismo la mayoría calificada de 334 curules para la nueva legislatura de la Cámara baja que entra en funciones el 1 de septiembre. Ello, le permitirá a Morena hacer enmiendas a la Constitución sin necesitar de los votos de la oposición. El Gobierno lo ha vuelto a intentar ahora con la certeza de que no encontrará obstáculos para su aprobación, por lo menos en la Cámara de Diputados. En el Senado, el bloque lopezobradorista está a tres votos —en caso de que los 128 senadores estén presentes—, de lograr dos tercios de la votación en la siguiente legislatura, indispensable para que la reforma termine por aprobarse en el Legislativo.

Las bancadas de Morena y sus aliados han rescatado la iniciativa presidencial ocho días antes de que expirara, el 30 de agosto. La apuesta consiste en heredar el proyecto a la próxima legislatura, que lo someterá a discusión y votación directamente en el pleno durante la primera quincena de septiembre, antes de que concluya el sexenio de López Obrador.

El proyecto presidencial ha sufrido cambios mínimos respecto del original, modificaciones de forma, no de fondo. En el dictamen aprobado la tarde de este jueves, se define a la agrupación creada en la actual Administración, como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial”. Los argumentos que sustentan la propuesta no han cambiado mucho. El mandatario insiste en que la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena es clave para el éxito de la corporación, principalmente, en el combate de la violencia e inseguridad generadas por el crimen organizado.

Esta es la tercera ocasión en que López Obrador busca dejar el control de la Guardia Nacional en manos militares. En 2019, cuando la institución fue creada, la oposición dio sus votos con la condición de que su mando fuera civil, y solo así logró ser aprobada. En aquella legislatura, la primera con mayoría morenista, las bancadas opositoras tenían los votos que el oficialismo necesitaba para aprobar reformas constitucionales. El próximo Congreso se perfila radicalmente diferente.

En el texto vigente del artículo 21 de la Constitución está estipulado que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la encargada de la seguridad pública en el país. Con los cambios, Morena propone que la Guardia Nacional sea “una fuerza armada con la función esencial de apoyo a la seguridad pública, de carácter permanente, de origen y formación castrense, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”. Estos cambios constitucionales también otorgan capacidades a la Guardia Nacional en materia de “investigación de los delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público”. También concede el traspaso de “los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación”. Aunque será la SSPC quien formule la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y los programas, políticas y acciones en la materia.

Los legisladores de oposición han señalado que la reforma debilita al Ejército y deja sin posibilidad de operar a quien tenga el encargo de la seguridad pública el próximo sexenio: Omar García Harfuch. “El señor va a fracasar, porque no va a tener gente bajo su mando, porque es falso que se va a coordinar. Quienes hemos gobernado sabemos que eso no sucede. Van a correr por dos vías distintas, ustedes lo están subordinando al Ejército”, lanzó el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, quien además planteó posponer la discusión para octubre con la nueva presidenta en funciones para llegar a “un futuro acuerdo por la paz”.

Los legisladores del oficialismo no han perdido la oportunidad de llamar a la oposición a sumarse al proyecto para dar a la próxima Administración instrumentos para el combate de la inseguridad y garantizar la paz. Ismael Brito, diputado de Morena ha puesto sobre la mesa un gran acuerdo nacional para regresar la tranquilidad a los mexicanos. Los guiños del lopezobradorismo han abundado en la discusión. Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, ha apostado porque haya futuras adecuaciones a las facultades de la Guardia Nacional, acompañadas de los votos de la oposición. “Lo vamos a hacer junto con ustedes, estoy seguro. Yo no veo que podamos hacer esas modificaciones al modelo si no contamos con la participación de ustedes, pero necesitamos que actúen de buena fe”, lanzó en su posicionamiento.

De acuerdo al proyecto aprobado la tarde de este jueves, el titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que deberá ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, será designado por el presidente de la República, a propuesta del secretario de Defensa Nacional. Sobre las nuevas facultades de la corporación, la reforma establece que la investigación de los delitos corresponderá al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional. La Guardia se regirá por su propia ley, como sucede en el caso de militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales.

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