La Comisión de Ayuda al Refugiado cambia de sede en la capital entre el disgusto de vecinos y migrantes

Blanca Roselby Alberto espera en la puerta de la nueva sede de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) inaugurada el pasado lunes en la colonia Iztapalapa. La salvadoreña de 29 años está embarazada y de la mano lleva a su niña. “Ahora lo que necesito es que me renueven otra vez el permiso para poder llevar a mi hija a la escuela. Si no, me la van a sacar”, explica Alberto. Desde finales de mayo no ha podido renovar su permiso, porque las oficinas de la Comar en la céntrica colonia Juárez cerraron. La nueva sede se planteó en la cercana colonia Verónica Anzures. Las protestas de los vecinos, que asumían que poner la institución junto a sus hogares iba a traer “campamentos migrantes” a sus puertas, hicieron imposible que se instalase allí. Fuentes del ente de migración aseguran que les atribuyeron la responsabilidad de los grupos que vivían en la calle cuando nunca dependió de ellos que estuvieran ahí.

Alrededor de la nueva sede de la Comar en la colonia Granjas de San Antonio, en la populosa alcaldía Iztapalapa, no hay ningún campamento. Solo seis migrantes haitianos esperan en una de las dos puertas de acero que dan paso a la mole gris sin pintar que acoge las oficinas. La institución es la encargada de recibir, analizar y resolver las solicitudes de refugio. “Solo vengo a preguntar que día son mis firmas porque mi caso lo llevaba allá [en la sede de Juárez], pero lo abandoné cuando quedé embarazada”, explica la salvadoreña Alberto.

El venezolano Christian tiene residencia permanente en México. Entró hace cinco años en el país huyendo del suyo por razones médicas. Y consiguió el estatus de refugiado a través de la Comar. Agradece lo bien que lo trataron al principio, pero ahora es diferente. “Terrible. El 15 de mayo hice una solicitud, para una carta de recomendación. Me dijeron que pasara en 15 o 20 días porque me iban a enviar un correo con la respuesta. En Juárez estaban abiertos, pero me dicen que no están laborando, están ahí presentes, pero que no pueden atender mi solicitud”, explica el hombre, que no quiere dar su nombre real. “Necesito de ellos, y no quiero problemas”, razona.

Los trámites como los de la salvadoreña Alberto y el venezolano Christian llevan parados desde mayo. La Secretaría de Gobernación (Segob), de la que depende la Comar, anunció ese mes que las oficinas para ayudar a los refugiados se quitaron de la calle Versalles de la colonia Juárez, donde llevaba desde 2018. El cierre se produjo el 24 de mayo. Solo nueve días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) desalojó un campamento de migrantes haitianos de la plaza Giordano Bruno, muy cerca de la sede de la Comisión de Ayuda al Refugiado. La expulsión se llevó a cabo porque un grupo de vecinos presionaron a la Segob bajo el nombre “La calle no es albergue”. Los migrantes estaban allí desamparados. Dormían en tiendas de campaña, no tenían acceso a agua, ni servicios sanitarios para más de 300 familias con niños.

Desde la Comar aseguran que muchos de los migrantes no solo esperaban por trámites de su institución, sino que la mayoría de ellos aguardaban cita en la aplicación CBP One —que sirve para pedir asilo en Estados Unidos— para seguir su camino hacia la frontera. “Los vecinos tenían razón en que el INM hiciera su trabajo para afrontar la situación de las personas en situación de calle. También pedían al Gobierno de la ciudad que hicieran albergues. La tercera demanda era la incorrecta, que era que se fuera la Comar, porque en verdad la Comar no tenía nada que ver. No son atribuciones de la Comar los albergues y las personas en situación de calle”, explican las fuentes de la institución. “Nosotros fuimos los que nos sacrificamos y nos reubicamos”, añaden.

El mismo día en el que cerró la Comar en Juárez se anunció en el Diario Oficial de la Federación que la nueva sede se ubicaría en la calle Santa Bárbara 193, en la colonia Verónica Anzures. La apertura de las oficinas fue rechazada por los vecinos, que colgaron un cartel que rezaba “no a la oficina de la Comar”. “Debido a que no hay albergues para refugiados, se instalarán en nuestras calles, ¡afectándonos a todos!”, añadía el texto. Días después, los residentes bloquearon el Circuito Interior como modo de protesta ante la inminente apertura. El 28 de mayo Gobernación dio marcha atrás y canceló la reapertura de la sede. “Ha subido mucho la actitud discriminatoria y xenófoba contra los migrantes. Critican a la Comar, aunque no tenga nada que ver, pero en el fondo lo que quieren es que se vayan los migrantes y empiezan con una campaña de denuestos y palabras discriminatorias en contra de la gente, y luego lo disfrazan con una retórica aparentemente pro migrante”, replican las fuentes de la Comar.

Los vecinos consiguieron lo que querían con los cortes de carreteras y protestas. La Segob informó de que comenzaría a buscar un nuevo lugar para la Comar en la Ciudad de México. Y la espera fue de dos meses y una semana, en los que las personas que querían iniciar su proceso de asilo o refugio en la capital vieron que no tenían a donde acudir. Los reportes estadísticos de mayo, junio y julio emitidos por la Comar reflejan que no se atendió ni un solo procedimiento. La cifra de solicitantes de refugio se quedó en 6.496, lo que la convierte en la segunda sede que más peticiones ha recibido este año tras la oficina en Tapachula, Chiapas. La Comar lleva años saturada por la falta de recursos que ha denunciado en más de una ocasión su director, Andrés Ramírez.

La actividad se reanudó este lunes 5 de agosto. Gobernación ha anunciado a bombo y platillo la apertura de la nueva sede. El edificio ubicado en la colonia Granjas de San Antonio, un polígono industrial en el que casi no hay edificios residenciales, luce todavía sin ningún símbolo de la institución de ayuda al refugiado. De hecho, la nueva dirección no aparece en Google Maps cuando se trata de localizar la Comar en Ciudad de México. En el famoso buscador sigue ubicada en la colonia Juárez.

En las actuales oficinas unas 15 personas esperan por sus trámites. “Estoy pidiendo Uber para hacer otra cosa”, explica Christian. Tiene que ir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde los migrantes tienen que formalizar su solicitud de refugio o finiquitar cualquier otro trámite migratorio. Está al otro lado de la ciudad, en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, mucho más cercana a la sede que debería haber abierto en la Verónica Anzures hace un poco más de dos meses. “Todos mis documentos que saqué en mayo caducaron. Flujos migratorios. Antecedentes federales, penales. Cuesta dinero y tiempo sacarlos. Lo más indignante es que me entregan la carta de recomendación vencida. Esto no lo puedo llevar a migración. Perdí el tiempo, perdí dinero”, sentencia el venezolano.

Apúntese gratis a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.