La falta de recursos de las autoridades migratorias ahonda la crisis en México

Paul y Rosmery vendieron su casa en Venezuela para poder llegar a Estados Unidos. Ángela, Carlos y su hijo Axel pagaron más de 3.000 dólares en Panamá para alcanzar Ciudad de México. Su mayor miedo era volver a la casilla de salida sin nada. El último boletín de estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) indica que México aceleró las deportaciones en octubre, mes en el que se celebró la cumbre latinoamericana de migración. Este martes, la institución desveló que no había presupuesto para seguir con las devoluciones. Pero tampoco hay recursos en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), encargada de regularizar la situación de los migrantes en el país. Dos situaciones que ahondan la crisis de miles de migrantes en México.

El 7 de octubre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para tratar la llegada masiva de migrantes a la frontera entre ambos países. El 13 de octubre, López Obrador confirmó una reunión con 11 países latinoamericanos en Palenque, Chiapas, para atender las causas del éxodo masivo desde el sur. Los mandatarios firmaron un acuerdo para respetar el derecho de las personas a migrar.

Ese mismo mes se cumplió la peor pesadilla de miles de personas. Los datos publicados a finales de noviembre en el boletín de estadísticas del INM desvelaron que 8.155 personas fueron deportadas a sus países de origen en octubre, un nivel que no se veía desde que México devolvió a más de 11.000 personas en marzo. El 97% fueron devueltos a los Honduras, Guatemala y Cuba, países que acudieron a la cumbre latinoamericana.

El gran problema es que muchas veces se vulneran los derechos de los migrantes en el proceso. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, acusa la poca transparencia que hay en las deportaciones. “Existe mucha opacidad. No sabemos quiénes son estas personas. Lo más probable es que nadie les haya hecho una evaluación de las necesidades de protección, a las que tienen derecho en México”, denuncia.

En 2022, un estudio de la ONG Sin Fronteras, esclareció el caso de 22 personas que fueron deportadas cuando ya se les había otorgado el estatus de refugiados en México. Una violación de derechos que puede ser mayor, ya que la ONG no pudo cubrir la totalidad de casos de personas reconocidas como refugiadas.

Wendy Castro, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras, recuerda los requisitos que deben cumplirse para poder deportar a una persona. “Los migrantes pueden requerir una representación consular para saber cómo es el procedimiento. Y el INM también debe dar información a las personas sobre cómo poder quedarse en el país de manera regular”, explica. Sin Fronteras tiene numerosos casos en los que estos derechos se han vulnerado.

El INM publica los datos de deportaciones bajo el eufemismo de devoluciones. La mayoría de estas “devoluciones” en octubre se realizaron bajo el método de retorno asistido, un procedimiento que supuestamente el migrante inicia voluntariamente. El problema son las condiciones en las que se da esta vuelta “premeditada”. “Muchas veces la firma de estos retornos asistidos llevan de por medio acciones de presión en las estaciones migratorias”, denuncia Castro.

A las estaciones se lleva a las personas en situación irregular que son detenidas por las autoridades migratorias. Este año se han roto todos los récords recientes, con 588.625 “eventos de personas en situación migratoria irregular”, otro eufemismo que el INM usa para referirse a los arrestos. En mayo, México tuvo que cerrar 33 estaciones migratorias tras el incendio en marzo de una de ellas en Ciudad Juárez que dejó 40 víctimas. Por esta tragedia, el director del INM, Francisco Garduño, sigue imputado a espera de juicio por ejercicio indebido de funciones.

Mientras que las ONG piden al Gobierno una mayor inversión para poder regular la situación de los migrantes, México está invirtiendo en contención. En los últimos cuatro años se ha desplegado en numerosas ocasiones a la Guardia Nacional para atajar la cantidad de migrantes que llegan a las fronteras sur y norte. “Sigue habiendo acciones de revisión y control migratorio donde no tendría que haberlas”, explica Castro.

Ahora, el INM ha parado las deportaciones por falta de presupuesto, algo que también puede afectar a los migrantes indirectamente. “Con el fuerte recorte del presupuesto del INM durante el último mes del año, es probable que México dependa en mayor medida de la Guardia Nacional para la gestión de la migración, una misión para la que apenas están preparados”, señaló a la agencia AP el analista de migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Adam Isacson.

El coordinador de la Comar, Andrés Ramírez, ha denunciado la falta de presupuesto en su institución, que se encarga de tramitar las solicitudes de refugio y asilo de las personas migrantes. La integrante de Sin Fronteras denuncia esta situación: “No hay un presupuesto para los procesos de integración, para los procesos de recepción y, sobre todo, no hay una estructura encaminada a una integración real”.

Un problema que para Castro podría ser mucho mayor. “El discurso de xenofobia, racismo y estigmatización que prevalece en la sociedad mexicana se refuerza a través de las actitudes de las autoridades, que no permiten el acceso a los derechos a las personas extranjeras que están en cualquiera de los contextos de movilidad”, sentencia.

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