Utilidades del Tren Maya, liquidaciones y venta de terrenos: el incierto fondeo de la reforma de pensiones de López Obrador

El financiamiento de la reforma de pensiones de Andrés Manuel López Obrador está en el limbo. Como parte de un ambicioso paquete de reformas constitucionales, el presidente de México busca garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con 100% de su salario o con una pensión máxima de 16.777 pesos. Para alcanzar esta meta ha propuesto la creación de un fondo semilla de 64.619 millones de pesos. Sin embargo, esta bolsa, que tendrá que crecer año con año, se fondeará con recursos que no son concurrentes y aún son inciertos. Por ejemplo, el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial, aun en litigio, o las liquidaciones de los órganos autónomos, una iniciativa del Ejecutivo que depende todavía del aval del Congreso y por las utilidades de las recién creadas paraestatales militares.

El fondo semilla que creará el Gobierno federal el próximo 1 de mayo prevé fondearse en un 75% por los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de los recursos de la liquidación de Financiera Rural —organismo desaparecido en 2023—, la venta de terrenos del Fonatur así como de los adeudos de dependencias y entidades con la Administración Pública Federal, de la liquidación de los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan los litigios que aún están en desahogo y de los recursos de los trabajadores depositados en las Afores y que no han sido reclamados.

El 25% restante provendrá del remanente de las utilidades netas de las empresas estatales que ahora gestionan las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y que a su vez administran aeropuertos, las islas Marías o el Tren Maya. Además, el Ejecutivo planea nutrir esta bolsa con las inversiones del Fondo de Pensiones y con donaciones y aportaciones de cualquier persona física o moral. De acuerdo con el presidente López Obrador, cada ocho años se realizará una evaluación actuarial de este fondo semilla.

Los expertos advierten de que el nuevo fondo será insuficiente para cubrir las necesidades de retiro en México a largo plazo y que no cuenta con una base sostenible, por lo que, de aprobarse la reforma, reducirá el margen fiscal del Gobierno en turno. Especialistas de Citibanamex calcularon recientemente que elevar las jubilaciones de los trabajadores tendría un costo de hasta 430.000 millones de pesos. Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) indicó que la reforma de pensiones supondrá un costo fiscal anual, permanente y creciente. “En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11,4 millones en 2024 a 24,9 millones en 2050″, resaltó el organismo.

El profesor emérito del Tec de Monterrey, Raymundo Tenorio, advierte sobre la nula certeza de algunas fuentes de financiamiento para este fondo, por ejemplo, la venta de terrenos del Fonatur que originalmente se iban a usar en proyectos turísticos, así como los 15.000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, que aún están en litigio y que el Gobierno primero habría prometido que se destinarían a los damnificados del huracán Otis, en Acapulco. “Si no tienen dinero para rescatar a Pemex, menos tienen dinero para esto”, zanja.

“El espacio fiscal hoy en México es tan reducido que no se puede pensar en tener dinero para este capital semilla y para sostener su operación, no hay forma, entonces tendría que ser con recursos presupuestales como ha sido ahora, quitándole dinero a temas de salud, educación o medioambiente”, zanja Tenorio. Solo en 2024 el presupuesto de egresos desembolsará de los 9 billones totales, unos 2 billones de pesos a pensiones.

El experto insiste en que aunado a la falta de certeza técnica de la propuesta, el presidente se topará con la negativa de la oposición, por lo que no ve viable que la reforma de pensiones avance, sin embargo, hace hincapié en que López Obrador ha lanzado este órdago con fines electorales, que servirán para apuntalar a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

El esquema actual de retiro en México, es producto de la reforma de 1997 y fue promovida por el presidente priista Ernesto Zedillo, opera bajo un esquema de capitalización individual, donde los empleados obtienen una pensión acorde a los ahorros del propio trabajador más la aportación del Gobierno y del empleador. Para tener derecho a una pensión de vejez por parte del IMSS, los trabajadores adscritos a la ley del 97 deben cumplir dos requisitos: contar con un mínimo de 1.250 semanas cotizadas o tener, al menos, 65 años. Estos recursos son gestionados e invertidos por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Bajo esta modalidad un trabajador se jubila apenas con un poco más del 40% de su salario y es por este motivo que el actual Gobierno ha lanzado esta ambiciosa y atractiva reforma a ojos de los ciudadanos: elevar al 100% la tasa de retorno del salario a través de este fondeo gubernamental.

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