Pensiones, la última cruzada de López Obrador para ganar electores

Las pensiones han entrado al terreno electoral rumbo a 2024. En el último tramo de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado a cuentagotas las pistas sobre una de las últimas reformas económicas que enviará al Congreso: un cambio para elevar la aportación que el Gobierno aporta a las jubilaciones en México, para así, incrementar el porcentaje con el que un trabajador se retira a los 65 años y que, con la ley actual ronda el 40% de su último salario. El cambio propuesto por López Obrador no es menor, supone un déjà vu del sistema de pensiones anterior a 1997, cuando los trabajadores que cumplían 65 años se podían retirar con el 100% de su salario. Al conocer un poco más de la iniciativa, la pregunta que planea entre propios y extraños es la misma: ¿cómo obtendrá el Gobierno los recursos para fondear billones de pesos en pensiones?

En 1997, bajo el mandato del presidente priista Ernesto Zedillo, México llevó a cabo una reforma en el sistema de pensiones de los trabajadores, pasando de un esquema de beneficio definido a uno de contribución definida basado en cuentas de capitalización individual, que incluye la gestión privada de los saldos a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Para tener derecho a una pensión de vejez por parte del IMSS, los trabajadores adscritos a la ley del 97 deben cumplir dos requisitos: contar con un mínimo de 1.250 semanas cotizadas o tener, al menos, 65 años.

Actualmente, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) manejan 5,9 billones de pesos en ahorros, que representan un 19,1% del PIB. De esta bolsa, el 50%, es decir, unos 3 billones de pesos están invertidos en valores gubernamentales —cetes, bonos de desarrollos, Bonos de desarrollo, Bonos M, Udibonos, entre otros— mientras que el resto se distribuyen en otros instrumentos financieros, infraestructuras, paraestatales, entre otros.

Bajo la legislación actual, la aportación del Estado al ahorro para el retiro es hoy del 0,225% del salario de cotización del trabajador. El trabajador suma el 1,125% y la aportación patronal de este año corresponde al 7,150% del salario base. Debido a la última reforma en la materia, signada en 2020, se acordó que la aportación patronal vaya aumentando gradualmente año tras año hasta llegar al 13,87% del salario base en 2030.

Para evitar mayores turbulencias en los mercados, el presidente de México ya ha precisado este lunes en su conferencia matutina que la reforma no pretende elevar la aportación patronal, por el contrario, se elevará el porcentaje que aporta el Gobierno. Sin embargo, a menos de una semana de que sea presentada la iniciativa en el Congreso, la cifra exacta se desconoce. “Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión”, declaró el mandatario este lunes.

A pesar de esta nueva pista sobre la iniciativa, la propuesta aún no despeja las interrogantes a su alrededor: ¿de dónde obtendrá el Gobierno los recursos para fondear una mayor participación gubernamental en las pensiones? ¿El próximo Gobierno tendrá que incurrir en una reforma fiscal? ¿Cómo se elevará el déficit si es aprobada esta reforma?

Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey, explica que la reforma de 1997 ocurrió porque los Gobiernos anteriores habían tomado los recursos de las pensiones para construir infraestructuras, puentes, teatros, más no para reinvertirlos y generar recursos para más pensiones. A partir de finales de la década los noventa, con el cambio normativo, las administradoras privadas empezaron a gestionar los ahorros de los trabajadores y el Gobierno no puede ya tomar este dinero, porque son fondos privados.

Tenorio reconoce que bajo la legislación vigente, un trabajador puede aspirar a un retiro máximo equivalente al 40% de su último salario, un porcentaje que se elevará a un 50% en 2030, en la medida en que las aportaciones patronales crezcan. Sin embargo, el especialista del Tec de Monterrey refiere que si se pretende llegar al 100% del salario, los patrones tendrían que elevar a un 40% su aportación y el Gobierno, también debería elevar hasta un 22% su aportación, lo cual plantea la pregunta más crucial: ¿de dónde obtendrá el Gobierno los recursos para elevar su participación?

“Es inviable, no puede el Gobierno sostener este proyecto más que elevando impuestos o entre otras cosas existe la versión de que la única parte de donde puede sacar el dinero para garantizar ese pago del 100% es cancelando esa deuda que tiene con las Afores, un cambio para el que tendría que modificar la Constitución”, plantea Tenorio. Según sus cálculos, de aterrizar esta propuesta el déficit del Gobierno pasaría de un 5% a un 12%.

Este año el Gobierno destinará casi 2 billones de pesos —el 22% del presupuesto federal— para gasto en pensiones, aunado al desembolso de más de 465.000 millones de pesos que requerirá para cubrir las Pensiones para el Bienestar que reciben bimestralmente los adultos de más de 65 años.

Ante este panorama, el especialista reafirma que esta propuesta se estrellará con la oposición y no avanzará, sin embargo, en la narrativa electoral será una iniciativa popular que le hará ganar electores, rumbo a 2024. “No veo ninguna posibilidad de que pase la iniciativa, pero entonces eso le sirve a la candidata del oficialismo (Claudia Sheinbaum) para pregonar que la oposición no quiere que se eleve la pensión”, zanja.

La directora de Análisis de Banco Base, Gabriela Siller, advierte de que si la reforma se avala en los términos lanzados por López Obrador implicará un mayor gasto público que tendría que ser financiado con más deuda o disminuyendo el gasto ejercido en otros rubros, como salud o educación. “La posibilidad de un persistente elevado déficit fiscal incrementaría la probabilidad de un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México y pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Para los trabajadores, la reforma de pensiones implicaría un beneficio en el corto plazo, pero si el Gobierno se involucra en las decisiones de inversión, se pondría en riesgo el rendimiento de los ahorros de los trabajadores”, concluye.

En 2020, la población de 65 años o más ascendió a 9,7,millones de personas, un 7,7% de la población total y las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que para 2050 se espera que haya 24,8 millones de ancianos de 65 años o más, el 16,5 % de la población total.

Actualmente, ningún país retribuya al 100% a sus jubilados. El Panorama de Pensiones elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que en 2023 los trabajadores en Bélgica se retiraban con el equivalente al 83,8% de su salario; en Luxemburgo, con el 72%, en Reino Unido con un 67% y en España el porcentaje ronda el 65%.

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