Inflación, elecciones y el acecho de más costos: la batalla por el alza en el salario mínimo entra en su recta final

En vísperas del cónclave para elevar el salario mínimo en 2024, las partes negociantes —empresarios, obreros y el Gobierno federal— ya han comenzado a mostrar sus cartas. La última negociación de esta Administración acerca del sueldo base que perciben 20,4 millones de personas —un 34,8% de la población formal ocupada— busca cerrar con un incremento inédito: los trabajadores pelearán por elevarlo al 25%, el Ejecutivo aún no presenta su propuesta formal, pero se prevé que su iniciativa vaya en línea al 20% de años anteriores, mientras que la iniciativa privada perfila un alza de solo un 12,8% para el próximo año. En este momento el sueldo base es de 312,41 pesos diarios en la frontera norte y de 207 pesos por día en el resto del país.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) abrirá formalmente esta discusión el próximo 30 de noviembre. El Gobierno, los empresarios y los sindicatos cuentan con un mes para debatir, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha adelantado que se tendrá una resolución en los primeros días de diciembre: “Nosotros (el Gobierno) estamos buscando siempre la conciliación porque solo un año no ha habido consenso. En cuatro años hemos llegado a acuerdos las tres partes. Yo espero que se llegue a un acuerdo ahora”, declaró el mandatario la semana pasada en su habitual conferencia en Palacio Nacional.

Tras el aumento del 20% del último año, el salario mínimo en México está en este momento en 312,41 pesos diarios en la zona libre de la Frontera Norte y en el resto del país es de 207,44 pesos al día, lo que supone un sueldo mensual en la parte fronteriza de 9.372 pesos y 6.223 pesos en la mayor parte del territorio.

La cifra es relevante, pero aún insuficiente para costear a plenitud las necesidades alimentarias básicas para una familia de cuatro integrantes, con dos adultos trabajadores y dos menores, esto si se considera que el precio de una canasta básica alimentaria en una zona urbana es de 2.224 pesos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La línea de bienestar está actualmente en 8.600 pesos mensuales, mientras que un trabajador con un sueldo de 207 pesos diarios reúne al mes poco más de 6.223 pesos y según el Coneval, a 49 millones de mexicanos todavía no les alcanza para comprar la canasta básica.

Desde el comienzo de su Gobierno, López Obrador ha enarbolado una política sostenida de alzas en el salario mínimo y en el último año de su mandato no parece querer tirar de esta bandera. Para 2024 el sector obrero ya ha solicitado un 25% de incremento, una cifra muy superior al 12,8% propuesta por la iniciativa privada. La parte obrera defiende que esta alza no tendrá un impacto en la inflación e incluso van más allá en su petición al exigir que el aumento también se aplique a los salarios mínimos profesionales (la remuneración mínima de un trabajador acorde a su área de especialización).

Por el contrario, desde la trinchera empresarial advierten de que un alza por encima del 12,8% en este sueldo base —equivalente a 234 pesos diarios, unos 7.020 pesos mensuales— supone el riesgo de provocar una escalada de precios e incentivar la informalidad laboral. “Tenemos que cuidar que el aumento del salario mínimo no genere inflación, hasta ahorita lo hemos hecho con mucho cuidado, año, tras año, y no ha provocado inflación. La segunda variable es que no produzca informalidad, entonces, el rango que se puede subir el salario mínimo es limitado”, declara José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Medina Mora afirma sin titubeos que el salario mínimo en la frontera norte ya llegó a esa línea de bienestar familiar y por ende proponen que el alza en este sueldo sea de entre 4,6% y 6,6%, lo mismo en los salarios mínimos profesionales. Medina Mora asegura, además, que este año los empresarios tuvieron que asumir tres incrementos importantes en sus costes: el aumento en los días de vacaciones y el ascenso en las aportaciones de las pensiones de los trabajadores, todos aspectos que pondrán a prueba la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas. En paralelo a esta negociación, el presidente de la Coparmex tienen otro frente de lucha: la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales, una iniciativa que, de aprobarse, admite el empresario, supondrá oto desafío a superar para las compañías.

El profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Raymundo Tenorio, señala que el Ejecutivo buscará cerrar con broche de oro su política laboral con un último incremento de cara a las próximas elecciones, pero advierte de que estas alzas tan agresivas afectarán en primera línea a las microempresas, que son verdaderamente quienes pagan el salario mínimo formal a sus empleados. “Para el Gobierno un alza formaría parte de su capital político y de las campañas electorales del oficialismo. Para los empresarios, no son tan buenas noticias, porque en paralelo se está llevando la etapa final de estos parlamentos abiertos para modificar la Constitución y reducir la semana laboral”, asevera.

El especialista añade que el aumento en este sueldo base no supone un beneficio para el resto de los trabajadores formales que perciben arriba de un salario mínimo diario. “Quien se ha beneficiado con el alza en el salario mínimo es el herrero, el jornalero agrícola, el hojalatero, el albañil, pero el resto de los trabajadores no recibe en la misma proporción el incremento”, menciona. Además, a diferencia del año pasado, ahora la inflación en México ha empezado a ceder para ubicarse en 4,32%, un factor que podría incidir para reducir a la baja la presión de un alza en el salario mínimo más agresiva para 2024.

César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, celebra el interés de este Gobierno por incrementar el poder adquisitivo del salario mínimo tras décadas de olvido. Sin embargo, acota que por la estructura del mercado laboral de México su impacto será marginal, ya sea porque la mayoría de los mexicanos laboran en la informalidad o porque su sueldo se negocia con base en el incremento generalizado de la inflación. “Tendríamos que transitar hacia mejores políticas de mercados, laborales, no quedarnos con esta negociación del salario mínimo, sino avanzar hacia la construcción de mejores instituciones de protección al trabajo”, concluye.

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