Pederastia, migración, humedales y violencia de género: las claves de las leyes aprobadas por el Congreso

La Cámara de Diputados ha aprobado un paquete de leyes este martes con el foco puesto en los derechos humanos. Los cinco proyectos que sacaron adelante los diputados incluyen la supervisión de las estancias migratorias por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la no prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores de edad, el derecho a la memoria, el resguardo de la vivienda de las mujeres violentadas y la protección de humedales. El Senado, por su parte, sancionó la ley conocida como Ingrid —en memoria de Ingrid Escamilla Vargas—, que castiga la filtración de imágenes y la difusión de información de víctimas de feminicidios con hasta 12 años de cárcel. Las aprobaciones son, de momento, parciales. Los proyectos tendrán que ser avalados también por la otra cámara, excepto el de la pederastia que fue enviado al Poder Ejecutivo para ser oficializado.

El Congreso se puso en marcha y dio luz verde a varios proyectos que tenía pendientes. El primero de ellos fue con vistas hacia la tragedia en el centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez la noche del pasado 27 de marzo, en la que fallecieron 40 personas y otras 27 resultaron gravemente heridas. Ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá que “supervisar a las estancias migratorias mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que guardan”. El proyecto, avalado con 433 votos a favor, fue presentado por la diputada Andrea Chávez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Durante los cinco años que lleva la Administración de Andrés Manuel López Obrador, la política migratoria se enfocó principalmente en frenar el tránsito de personas hacia Estados Unidos, lo que llevó a la persecución, detención y deportación de miles migrantes de México.

El único proyecto que ya fue aprobado y enviado al Ejecutivo ha sido el de la no prescripción estos delitos contra menores de 18 años: pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio —proxenetismo— y pederastia. La iniciativa, que ya había recibido luz verde en el Senado, fue avalada en Diputados por unanimidad con 425 votos. El dictamen establece que si el perpetrador es servidor público o ministro de culto religioso, además de las sanciones previstas en la ley, ahora se castigará también “con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta”.

La modificación que se hizo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas incorpora “dentro de los principios de la debida diligencia, el derecho a la memoria, con el propósito de ampliar el derecho de las víctimas a la reparación del daño y las garantías de no repetición”. La iniciativa apunta a que el Estado, “en cumplimiento de su deber”, está obligado a “expandir acciones suficientes para garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos”. El diputado Manuel Vázquez Arellano, de Morena, que promovió la modificación, ha señalado que de esta forma quieren “reforzar los mecanismos de búsqueda, investigación y no repetición” frente a la desaparición de una persona. El proyecto además apunta a reforzar lo simbólico, con museos, monumentos y referencias en los libros de texto a los desaparecidos.

Otra de las iniciativas aprobadas está relacionada a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con 424 votos a favor, se han agregado a la legislación varios puntos sobre la vivienda de las mujeres víctimas de violencia: las autoridades deben exigir a los violentadores irse de la casa que comparten con sus víctimas y deben asegurarse que no puedan vender ni rentar los bienes que tengan en conjunto. La ley tampoco permite a los hombres acusados de violencia de género que se deshagan ni vendan el menaje de la casa. El dictamen establece además que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tendrá que “fomentar y facilitar” el acceso a las víctimas de violencia a programas o créditos accesibles para comprar o mejorar su propiedad.

La diputada que promovió la iniciativa, Itzel Josefina Balderas Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el objetivo de la ley es impedir que los violentadores utilicen la casa o bienes patrimoniales para chantajear a las víctimas. La legisladora explicó además que la amenaza de vender la casa suele hacer que las mujeres se sientan atadas a sus agresores por miedo a perder su vivienda. “Hay mucho por legislar en favor de la mujer. Estamos obligadas y obligados a garantizar a las mujeres mexicanas el acceso a la justicia”, dijo.

El último proyecto aprobado por Diputados apunta a resguardar los humedales del país. México cuenta con 142 zonas cubiertas de agua que son consideradas de “importancia internacional” y están amenazados, según Naciones Unidas. Con 409 votos positivos, la Cámara baja busca ahora favorecer la “preservación, conservación y protección de los humedales de importancia internacional y, en su caso, la restauración de los mismos”. De acuerdo a la organización Oceana, “México pierde en promedio 10.000 hectáreas anuales de manglares, una superficie equivalente a 14.5 veces el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México”. Hasta el momento, el registro señala que se han perdido más del 67% de los humedales del país en menos de un siglo.

El proyecto de ley establece que será el Gobierno federal quien administre los humedales de importancia internacional. “Deberán disponer de un programa de manejo, de acuerdo a las disposiciones de la ley y los tratados internacionales en la materia, además de promover la coordinación de los tres órdenes de gobierno”, señala el dictamen. Con esta iniciativa, los legisladores buscan proteger la flora y fauna que ayuda a “la recarga de acuíferos y almacenamiento del agua” y buscar evitar un mayor impacto por “la acción humana” y la “presión inmobiliaria”.

Ley Ingrid

El Senado avaló este martes un proyecto para castigar “la filtración de imágenes o difusión de información de víctimas de feminicidios o ilícitos sensibles relacionados con la violencia de género”. Por un lado, se sancionará a servidores públicos y personas que graben y difundan imágenes o información que estén en una carpeta de investigación o sean parte de un proceso penal y que sean reservados o confidenciales. A quienes cometan estos delitos está previsto se le imponga penas de entre seis y 12 años de prisión, sanciones que podrían aumentar si la víctima es un niño, un adolescente, una mujer o que la información corresponda a cadáveres. La referencia hacia los restos humanos es lo que le da el nombre a la iniciativa. Ingrid Escamilla Vargas fue asesinada por su pareja en febrero de 2020 y las fotografías de sus restos fueron ampliamente difundidos en México, lo que provocó quejas a lo largo y a lo ancho del país y sirvió de disparador para este proyecto de ley.

La Cámara alta aseguró en un comunicado que de esta forma “se evitan violaciones a la dignidad y derechos humanos de las víctimas, sus familiares o dependientes, y se garantiza el debido proceso”. La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez-Cordero, aseguró que la justicia no solo implica en una sentencia, sino también el respeto a la dignidad y memoria de las víctimas. “El feminicidio del que fue víctima Ingrid fue particularmente doloroso ya que, además de su violento asesinato, sus restos fueron expuestos de la manera más cruenta y vil. Las víctimas merecen respeto a su dignidad”, comentó la senadora en redes sociales. El dictamen tendrá que volver ahora a la Cámara baja para ser avalado con sus modificaciones.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país