Angélica Sánchez, jueza de Veracruz: “Soy víctima de una persecución política”

Los últimos tres meses han sido una pesadilla para la jueza Angélica Sánchez Hernández. Después de 25 años de carrera nunca imaginó que sería detenida dos veces, que estaría en prisión preventiva y que casi un mes después, sería puesta en libertad. Su historia es una historia tan cuajada de irregularidades e inconsistencias que pone en duda la independencia del poder político y judicial en el Estado de Veracruz y en todo México. Sánchez Hernández habla en exclusiva con EL PAÍS para contar cómo fue vivir todo aquello y acusa al gobernador Cuitláhuac García y a la Fiscalía del Estado de una cacería en su contra que nada tiene que ver con su desempeño como jueza. “Soy víctima de una persecución política. Si algo me llegara a suceder a mí o a mi familia no habría más responsables que el gobernador del estado de Veracruz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el secretario de Gobierno”, dice al otro lado del teléfono.

La Fiscalía veracruzana y el poder ejecutivo acusan a Sánchez de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, pero también de delitos contra la salud y de disparar contra varios agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. La jueza se defiende de estas acusaciones y reitera que siempre realizó su trabajo con la máxima diligencia y apego a la ley. “Tengo miedo de que la Fiscalía esté fraguando otra orden de detención en mi contra”, afirma y reconoce que teme a salir a la calle. Las investigaciones en su contra siguen abiertas. “El día que salí sola de mi casa iba con temor. Mis hijos y yo nos sentimos perseguidos, acosados… con la paranoia de que me puedan hacer algo otra vez”, asegura.

Si así sucediera, sería la tercera detención contra la jueza Sánchez en menos de tres meses por parte de las autoridades. La primera fue en junio de este año. Aquella noche la jueza circulaba por Xalapa, la capital del Estado, cuando la policía le dio el alto. Varios agentes le obligaron a bajar de su coche y a subir a una patrulla. “Me llevaron al cuartel de San José, me tuvieron incomunicada cinco horas, me sembraron un arma y pusieron droga en mi bolso”, dice la togada. “Yo nunca había manejado un arma (...) uno de los policías puso su dedo en el mío y me obligó a jalar del gatillo”.

En esa primera denuncia, la Fiscalía la acusó de disparar contra los agentes de Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de un delito contra la salud pública por el sobre con polvo blanco que se supone encontraron en el bolso. “Es una historia tan absurda y tan inverosímil que ya no han seguido con esa carpeta, pero tampoco me dan acceso a ella”, denuncia la jueza. “Soy una mujer de 57 años, de talla pequeña y, la verdad, no me considero con aptitudes físicas ni en condiciones como para salir de mi vehículo y hacer lo que dicen que hice”. Sánchez también ha denunciado tortura psicológica durante esas horas que estuvo detenida e incomunicada.

Dos semanas después, el 16 de junio, la Fiscalía volvió a cargar contra la jueza. Esta vez en un hotel de Ciudad de México en una operación conjunta con la Fiscalía de la capital y la Guardia Nacional. Varios agentes de la Fiscalía de Veracruz, vestidos de civil, cayeron sobre ella, la esposaron y la metieron en una camioneta sin identificar con placas del Estado de México. “Sí pensé que podrían desaparecerme. Me invadió el terror”, recuerda. La hija de Angélica trató de evitar la detención. “¡Se llevan a mi mamá!”, decía entre gritos, mientras Sánchez era sacada a empujones del hotel.

Las imágenes difundidas en redes sociales sorprendieron a la sociedad mexicana, sobre todo después de saber que la jueza tenía un amparo que la protegía ante cualquier posible detención. Un día antes acudió a un evento de la Barra Mexicana de Abogados en el Senado, tanto ella como su defensa reiteran que su intención nunca fue huir de la justicia, solicitó el amparo para poder viajar a la capital. “Les mostré la suspensión que tenía, la cargaba en la mochila pero ni así. Con todo y suspensión me llevaron”, apunta. “Solamente me dijeron: ‘Tenemos una orden de aprehensión contra usted’ y no me la mostraron hasta que estaba dentro de la camioneta”.

Sánchez fue trasladada primero a la Fiscalía antisecuestros en la capital y después al penal de Pacho Viejo, en Veracruz. Una vez allí, un juez le dictó prisión preventiva justificada, pese a la suspensión con la que contaba. Durante casi un mes estuvo encerrada. Primero en prisión y después en arraigo domiciliario con dos policías vigilando su puerta. “Fue muy decepcionante ver cómo un juez puede ser fácilmente influenciable con mentiras, pero dentro de prisión toda la gente me trató bien, contrario a lo que muchos podrían pensar”, asegura durante la entrevista.

Dice que la cárcel le sirvió para ver la impartición de justicia en México desde otro ángulo. “Muchas presas se acercaron a mí y me contaron sus problemas. Me di cuenta de que hay mucha gente encerrada injustamente. Me decían: ‘Si a usted trataron de armarle algo siendo jueza, imagínese a nosotras que somos personas humildes’”, recuerda. “Estar privada de la libertad me sirvió para sensibilizarme sobre las personas que están ahí adentro”.

Denuncia también que la Fiscalía entró en su casa sin ser notificada y se llevaron su caja fuerte, mientras estaba en prisión. Tampoco le han devuelto aún su coche, un Toyota Corolla modelo 2018 que le incautaron en junio. “Tienen las llaves de mi casa y de mi auto, no sé para qué”, asegura. Existe una tercera carpeta de investigación de la Fiscalía en contra de la jueza, aunque denuncia que ni ella ni sus asesores legales han podido verla. “Tengo entendido que es por cohecho, pero como no tengo acceso a las carpetas pues solamente son suposiciones mías y de mis abogados”.

El 10 de agosto un juez federal dio la razón a Angélica Sánchez y ordenó su liberación. La decisión dejó sin validez las actuaciones llevadas a cabo desde la detención en Ciudad de México, la vinculación a proceso y las medidas cautelares de prisión preventiva hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovió la defensa de Sánchez. Pese a ello, la jueza podría ser citada en cualquier momento a una nueva audiencia donde existe riesgo de que vuelva a ser vinculada a proceso. Las causas por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias siguen abiertas. La fiscal del Estado, Verónica Hernández Giadans, ha señalado que combatirá la resolución del juez federal que ordenó la liberación “hasta que se esclarezcan los hechos probablemente constitutivos de delitos” ya que la resolución no afecta al proceso penal.

El poder político de Veracruz acusa a la jueza de tener nexos con la delincuencia, de proteger a un supuesto criminal llamado Itiel Palacios, alias El Compa Playa, y de haber cobrado tres millones de pesos para librar a Palacios del asesinato de dos personas en 2018. La jueza desmiente esta versión. “Yo dicté la vinculación a proceso de Itiel Palacios. Fue una audiencia muy pesada que duró más de 15 horas”, dice Sánchez. Sin embargo, la defensa de Palacios se amparó por varias inconsistencias en la investigación y logró retrasar el juicio. “Se aportaron las necropsias de los cadáveres, que no fueron tales porque jamás abrieron los cuerpos para examinarlos en profundidad. Por otra parte, esta persona solo había sido señalada por un testigo que falleció antes de que fuera la vista. Tomando en consideración que los hechos fueron supuestamente en un palenque de gallos, pudieron haber recopilado más testimonios. Esas eran las dos únicas pruebas”, explica la jueza. Un año después del amparo, Sánchez determinó el no ejercicio de la acción penal porque sin más pruebas no era posible demostrar la culpabilidad de Palacios. “Yo dicté la resolución en cumplimiento de un amparo”, repite una y otra vez.

Los hechos despertaron el enojo del propio gobernador que acusó a la jueza de tener nexos con el acusado. “He solicitado que se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un juez en este caso. Tengo indicios de que sí sucedió”, dijo García en una conferencia de prensa en agosto del año pasado. “Tanto al señor gobernador Cuitláhuac García como al Presidente de la República les llevaron información muy parcial alegando todo en mi contra”, responde la jueza que cuenta que presentó una queja por la mala calidad de la investigación. “Yo denuncié todas las omisiones en las que habían incurrido los elementos de la Fiscalía que integraron la carpeta porque había omisiones insubsanables y avisé a la Fiscalía Anticorrupción en contra de estos elementos de Fiscalía, pero de eso nadie ha dicho nada”.

Angélica Sánchez denuncia que ha sido defenestrada, apartada de su cargo de manera sutil. Cuando acabó su contrato que renovaba cada tres meses le dijeron que ya no se presentara a trabajar, algo que choca con el procedimiento sancionador que continúa abierto y que hasta que no termine obliga al Poder Judicial a pagar su sueldo. “Violaron la suspensión y dejaron de pagarme”, señala. Pero no solo eso, la jueza agrega el daño moral y el desprestigio que le han ocasionado. “Han dañado mi reputación, después de 25 años de carrera judicial intachable”, se lamenta, arrinconada y sin posibilidad de volver a su puesto en los juzgados de Cosamaloapan.

La jueza señala que muchos de sus compañeros viven una situación similar a la suya, pero que prefieren guardar silencio por miedo, tal y como ha publicado la prensa local. “Después de lo sucedido conmigo fueron llamados para ser amedrentados. Están siendo coaccionados para que no dicten la puesta en libertad de nadie. Muchos permanecen callados por miedo y por conservar su trabajo”, asegura Sánchez.

De la mano de sus abogadas, ha decidido escalar su denuncia a instancias federales e internacionales y ha tocado las puertas de la ONU y la CIDH. “En el Estado de Veracruz no es factible que se imparta justicia porque no hay respeto a la división de poderes. El Poder Judicial está bajo las órdenes del poder Ejecutivo”, asegura y agrega: “El Estado de derecho no les interesa”. Por el camino queda una larga lista de acusaciones y enfrentamientos entre la Fiscalía de Veracruz, la defensa de la jueza y el propio gobernador en otro caso que ha hecho saltar las alarmas sobre el uso de la justicia estatal con fines políticos como sucedió con el caso del exalcalde José Manuel del Río Virgen. El último capítulo de esta historia todavía no está escrito.

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