Morena y Va por México llevan la campaña presidencial a los tribunales

La carrera por la sucesión presidencial se ha llenado de demandas y denuncias. De Xóchitl Gálvez contra Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. De militantes de Morena contra la aspirante opositora por enriquecimiento ilícito. Del Partido Acción Nacional (PAN) contra el presidente por persecución política contra sus presidenciables. La competencia, paradójicamente fuera de los tiempos que marca la ley, ha estado, además, atravesada por medidas cautelares, fallos del Tribunal Electoral y amagos entre las propias corcholatas, como se llama a quienes han levantado la mano para ser candidatos en las elecciones de 2024. Todo, en los últimos días. Los recursos judiciales han entrado de lleno en las campañas y, más allá de su destino en los tribunales, se han convertido en herramientas para avanzar en la batalla y abollar la carrocería de los rivales. Es así como Morena y la coalición opositora Va por México han entendido el momento político, como un toma y daca que oscila entre los reclamos legítimos y las estrategias proselitistas.

El pleito entre Xóchitl Gálvez y López Obrador ha dominado la conversación desde antes que la senadora hiciera públicas sus intenciones de competir por la candidatura presidencial de la oposición a mediados de junio pasado. La legisladora pedaleó hasta Palacio Nacional con un amparo en la mano para exigir su derecho de réplica, pero el presidente le negó la entrada a su conferencia mañanera. Lo que comenzó como un intercambio de reclamos y descalificaciones subió de tono hasta tomar tintes más serios. Gálvez presentó ya dos denuncias contra el presidente por violencia política de género, uso indebido de recursos públicos para atacarla y por hacer pública información financiera de sus empresas. En medio del rifirrafe, el Ejecutivo también agitó las amenazas judiciales, al deslizar los datos sobre los contratos públicos que ganó la compañía de la aspirante opositora e insinuar que hubo irregularidades.

No es la primera vez que las acusaciones lanzadas desde la tribuna presidencial se interpretan como señales políticas contra los denunciados. A veces, como un arma de disuasión. Otras, como un intento para desprestigiar o plantar la idea en la población de que los rivales “son los mismos de siempre”, “la mafia en el poder”. Pero no son sólo golpes de efecto. Cuando Morena anunció el banderazo de salida de la contienda por la sucesión, el PAN y otros partidos opositores denunciaron actos anticipados de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que dictó medidas cautelares y dio a conocer un primer esbozo de lo que estaba permitido y prohibido en los llamados “procesos internos”. Cuando Va por México, la alianza encabezada por el PAN, decidió hacer una calca del proceso de sus rivales, el partido del presidente les pagó con la misma moneda y se les impusieron las mismas restricciones.

Cada semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se llena de recursos promovidos por los propios partidos para hacer trastabillar a sus adversarios y de argumentos de defensa para evitar ser atrapados. López Obrador aceptó esta semana las medidas de las autoridades electorales a regañadientes, pero supo encontrar la forma de dar la vuelta a las restricciones: presentó “No lo dije yo”, una nueva sección para exhibir a sus críticos, y continuó con sus cuestionamientos contra Gálvez y Santiago Creel, otro panista que aspira a estar en la boleta.

La zaga de López Obrador contra Gálvez hizo entender a los aspirantes que el foco mediático y político estaba ahí. Desde entonces, los opositores no han escatimado en sus críticas contra el presidente. Los simpatizantes del Gobierno, por su lado, no han dudado en cerrar filas con el mandatario. La judicialización del pleito también se ha replicado. El morenista Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, presentó el jueves una denuncia contra Gálvez por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflictos de interés y corrupción cuando ella estuvo al frente de esa Alcaldía (2015-2018). Romo aseguró que tiene pruebas de manejos irregulares relacionados con el sector inmobiliario y gestiones para que sus empresas fueran contratadas. Gálvez dijo que no tenía nada que ocultar y reviró el ataque. “Romo ratota”, le llamó.

Morena también ha puesto en la mira a Creel por negarse a dejar su escaño en la Cámara de Diputados, a pesar de que se registró como aspirante a la candidatura de Va por México desde la primera semana de julio. Los reclamos de las corcholatas se convirtieron en un punto de acuerdo aprobado en el pleno legislativo por la mayoría oficialista, que dio un ultimátum al presidente de la Cámara baja para separarse de su cargo: si no lo hace antes del viernes, presentarán una demanda formal.

“Es delictivo lo que él está haciendo, ejercer presupuesto mientras está de candidato es un acto delincuencia y no lo vamos a dejar pasar”, advirtió el diputado Alejandro Robles, el mismo que anunció esta semana la solicitud de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte por negarse a reducir su sueldo y que presentó otra denuncia contra Gálvez por enriquecimiento ilícito ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. En este último episodio, Creel dijo que no iba a recular. “He cumplido estrictamente con lo que marca nuestro reglamento y el orden parlamentario, en esas funciones, y eso no me impide absolutamente ser militante opositor ni ciudadano, ni tampoco me impide expresar libremente mis opiniones”, señaló.

El PAN respondió horas después con otro recurso legal contra López Obrador, esta vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “por trasgredir los derechos humanos y políticos, así como la constante persecución de los aspirantes del Frente Amplio por México”, se lee en un comunicado. La denuncia menciona explícitamente los ataques contra Gálvez, Creel y Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. Cabeza de Vaca, acusado formalmente de corrupción y delincuencia organizada, no acudió de forma presencial a registrarse como aspirante presidencial y permanece fuera del país. Él dice que los cargos fueron “fabricados”. Creel aseveró que presentará denuncias penales contra el presidente. “Se ha metido conmigo y con mi familia, y le digo al presidente que el que se lleva, se aguanta”, dijo.

En medio de la lluvia de demandas y denuncias, otros actores políticos han salido salpicados. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue sancionada el miércoles por el Tribunal Electoral por violencia política de género contra legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Un día después, se dio a conocer que hubo un cateo en una propiedad ligada a Alejandro Alito Moreno, el líder nacional del PRI y exgobernador de ese Estado. “Es una farsa”, dijo el priista para negar los señalamientos.

Los amagos de presentar quejas formales también han emergido entre las corcholatas de Morena por publicidad irregular y supuestos gastos de campaña fuera de la ley. A finales de junio, Marcelo Ebrard barajó la idea de presentar una denuncia contra Claudia Sheinbaum para evita evitar ventajas desleales en la contienda, aunque después no ahondó en detalles. Su equipo también ha denunciado en redes sociales que hay “servidores de la nación” haciendo proselitismo a favor de la exjefa de Gobierno. Ricardo Monreal también ha hecho reclamos similares, aunque ha descartado presentar una denuncia formal para preservar la unidad entre compañeros de partido. El propio Ebrard salió a desmentir un reportaje que desenterró una acusación en su contra durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que se publicó un día antes de empezaran los recorridos de los aspirantes, en junio pasado.

En una contienda presidencial relegada por el conflicto entre Gálvez y López Obrador, el pronóstico anticipa una lluvia de denuncias y demandas para ganar visibilidad, probar su resistencia ante los reflectores mediáticos y alternar entre la defensa y el ataque para responder al fuego cruzado y al fuego amigo. Todo eso, sin contar los conflictos por la fiscalización de recursos, los golpes bajos a través de terceros y los roces que se avecinan conforme se acerque la definición de las candidaturas en septiembre próximo.

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