Morena recrudece los ataques contra la Suprema Corte: los diputados solicitan un juicio político contra cuatro ministros

El grupo parlamentario de Morena presentó una solicitud de juicio político contra cuatro ministros de la Suprema Corte: Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Se trata de un nuevo capítulo del choque entre el bloque gobernante y el Poder Judicial. La bancada parlamentaria del partido de Andrés Manuel López Obrador argumentó que los magistrados incurrieron en violaciones graves a la Constitución al no apegarse a los principios de austeridad republicana y ganar un salario superior al del presidente. La solicitud, presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados esta semana, tiene pocas posibilidades de concretarse porque Morena no tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobarla.

El principio de “austeridad republicana” impulsado por López Obrador está en el centro de la demanda, según explicaron en una rueda de prensa los diputados de Morena. “Aquí también en el Legislativo nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto”, señaló el legislador Alejandro Robles. Pero en el contexto figura una estrategia de desgaste del Ejecutivo y la mayoría morenista en el Congreso contra los ministros de la Suprema Corte, que han frenado varios temas prioritarios para la coalición gobernante, como la reforma electoral del presidente, el llamado “Plan B”.

El mandatario no ha perdido ninguna oportunidad para señalar a los ministros por su “conservadurismo”, porque “defienden a delincuentes de cuello blanco” o por sus salarios “onerosos”. Los integrantes de la Corte también han sido blanco de protestas de parte de simpatizantes del Gobierno, incluida la quema de un muñeco de la presidenta del alto tribunal, Norma Piña, durante una manifestación. “Vamos a estar insistiendo”, advirtió Robles. “Presentamos esta demanda de juicio político porque no es un capricho presidencial, sino una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”, expresó el diputado de Morena.

La violación, en este caso, sería del artículo 127, que regula las cuestiones laborales y las percepciones salariales que pueden tener los servidores públicos por su trabajo. Los legisladores también acusaron que los integrantes del tribunal se excedieron e invadieron las atribuciones legislativas del Congreso. Los diputados no presentaron la versión completa del documento, pero otros medios de comunicación aseguraron que la solicitud es contra los 11 ministros del pleno, lo que no ha quedado claro en la rueda de prensa que dieron los morenistas.

El juicio político solo puede promoverse “por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”, de acuerdo con el artículo 110 de la carta magna. Los castigos previstos son la destitución e inhabilitación de los servidores públicos, es decir, que sean separados de sus cargos e impedidos para ocupar otros puestos. El procedimiento prevé que la Cámara de Diputados se erija como una especie de “parte acusadora” que inicie el proceso ante la Cámara de Senadores.

El artículo 110, sin embargo, establece que para que el juicio político proceda se necesita “la declaración de la mayoría absoluta de los miembros presentes” y después, suponiendo que se pudiera superar ese escollo y desahogar todo el proceso previsto, necesitaría que dos tercios de los senadores se pronuncien a favor de la destitución. Morena no tiene una mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara alta, que desempeña el papel de “jurado” en caso de que el juicio sea aprobado. Tampoco tiene los votos que necesita entre el grupo que va a revisar la solicitud. Los analistas consultados lo ven como un golpe de efecto.

No se trata solo de una cuestión de procedimiento. El exministro José Ramón Cossío señaló que la solicitud es improcedente también por cuestiones de fondo. La Ley Federal de Responsabilidades establece que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas” y que “el ataque a las instituciones democráticas” va en contra del interés público. Ante amagos previos de juicio político, los diputados de la oposición han adelantado que no votarían a favor. Los anuncios previos de solicitudes de juicios políticos, algunas emanadas de los legisladores opositores, tampoco han prosperado. “No vamos a dar trámite a burdas venganzas políticas”, dijo el diputado del Partido Acción Nacional Felipe Fernando Macías. “No tiene ni caso discutirles”, comentó, por su parte, Margarita Zavala, su compañera de bancada y excandidata a la presidencia.

A finales de junio, la Corte publicó una carta en la que explicaba por qué no iba a sujetarse a que los ministros ganaran menos que el presidente. “Las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciados ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes”, se lee en la misiva. López Obrador dijo en respuesta que va a presentar una iniciativa para reformar al Poder Judicial antes de dejar el Gobierno a finales del próximo año. El presidente de la Cámara baja, el morenista Alejandro Armenta, también exhortó esta semana a los ministros a que se reduzcan el sueldo y donen la mitad de su salario. Los cuatro ministros denunciados han votado en contra de varios asuntos que son prioritarios para el presidente. La última polémica se da en plena efervescencia política, en medio de los procesos internos de la coalición gobernante y la alianza opositora Va por México para definir a sus candidatos presidenciales en las elecciones de 2024.

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