La compra de la aerolínea Mexicana por el Gobierno depende de los jueces

La suerte de 6.500 extrabajadores de la extinta aerolínea Mexicana está en manos del Poder Judicial. Un tribunal colegiado definirá este jueves si reafirma o desecha el amparo que 229 sobrecargos jubilados presentaron sobre el pago de sus pensiones. Este recurso legal ha frenado en seco la intención del Gobierno de López Obrador de comprar por 815 millones de pesos la marca para usarla en su nueva aerolínea. Con el tiempo encima y con miras a que el proyecto aeronáutico estatal eche a volar en diciembre próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el pleito legal haya truncado su intención de comprar la marca tras la abrupta quiebra de la aerolínea, en 2014. El mandatario adelantó que este sábado definirá el nombre de dicha aerolínea. El plan B, si no se libra el pleito legal, será Aerolínea Maya.

El mismo presidente López Obrador reconoció este martes en su habitual conferencia matutina la dificultad para concretar la transacción. “Ya lo veo muy difícil. No queremos comprar un pleito. Hicimos un llamado a los trabajadores, pero estamos esperando, tengo una reunión el sábado para definir esto y comunicarles (a los extrabajadores de Mexicana) que no vamos a poder comprarles la marca”, declaró. Aunque el mandatario reconoció que el poder judicial tiene en sus manos el caso, también externó su desconfianza en que resuelva a favor del proyecto del Gobierno.

López Obrador lamentó que el pleito legal que existe entre los propios extrabajadores por el pago de pensiones y laudos haya frenado en seco la propuesta del Ejecutivo para adquirir por 815 millones de pesos el paquete de activos que, a 13 años de la bancarrota de la empresa, aún están en juego: la marca, simuladores de vuelo, un centro de mantenimiento y dos edificios. Si el tribunal colegiado decide reafirmar el amparo de los 229 exempleados disidentes, se repondrá todo el proceso legal, por el contrario, si dicta el sobreseimiento, entonces, los activos en juego pueden venderse al Gobierno, incluido el anhelado nombre: Mexicana.

A horas de que se celebre esta audiencia crucial sobre el caso Mexicana. Iván Enríquez, uno de los trabajadores integrados en este amparo, externó su preocupación de que ante la presión desde Palacio Nacional, el tribunal colegiado resuelva en su contra y dicte el sobreseimiento del proceso. “Al parecer, la acción política que hicieron los demás sindicatos está surtiendo efecto porque los magistrados ya van a resolver. Nosotros tenemos la razón jurídica, la realidad es que estamos expectantes de lo que pueda pasar”, comenta.

El extrabajador hizo hincapié en que no están en contra de que el Gobierno compre el nombre de la aerolínea, sino en la distribución de los 815 millones de pesos que han propuesto y que establecen un reparto de acuerdo al puesto y a la antigüedad de los afectados, un criterio que, según ellos, los podrá en desventaja respecto a los pilotos aunque ellos sean jubilados y tengan ganado el laudo que ampara el pago de sus pensiones.

Después de más de 13 años de carrera, el sobrecargo advierte de que si el Ejecutivo retira su oferta de compra, el grupo de 229 jubilados disidentes continuarán con su lucha jurídica y en espera de que un particular adquiere los edificios y equipos de la extinta aerolínea. “No desistiremos jamás de nuestra lucha, eso jamás va a suceder”, concluye.

El secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), José Alonso, lamentó que este grupo de extrabajadores haya puesto en riesgo la compra de la marca y ahora estén llevando al límite esta transacción. “Ellos dicen que tienen más derecho y que merecen más dinero y si vemos a nosotros también nos correspondería más porque éramos trabajadores en activo, pero aquí la situación es que estamos cediendo 6.500 trabajadores, menos ellos que son 229. A nosotros, los pilotos, nos va a tocar el 10% de lo que nos correspondería, pero estamos entrándole porque es la primera propuesta formal que recibimos por estos activos en 13 años y no va a haber otra”, zanja.

En medio de que venza el plazo dado por el presidente López Obrador para que los exempleados inconformes del acuerdo desistieran de su amparo, el Gobierno ha dado un paso hacia adelante en su plan B: el Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica ya ha registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) la marca Aerolínea Maya. El Ejército desembolsó poco más de 28.000 pesos para registrar el nombre y un puñado de logos con detalles prehispánicos. El nuevo proyecto del Estado busca alzar el vuelo en menos de seis meses con una flota de 10 aviones y teniendo como hub el aeródromo Felipe Ángeles, en el Estado de México.

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