La pesadilla de Rocío y Brenda empezó en la calle Cerezos 161: “Tengo un trauma por algo que no cometimos”

Dice que no se veía mucho porque fuera estaba oscuro, pero que cerca había una tiendita amarilla. Que fue en la calle, dentro de la patrulla, con el vehículo estacionado al lado de unos árboles. Que eran dos agentes, uno más güero, que tenía a su sobrina, y otro más gordo, moreno, que la puso a ella en la cabina. Recuerda que su cabeza se golpeaba contra el retrovisor. Que uno le dijo al otro: “Ya déjala, no termines en ella”. María del Rocío Vázquez habla y pide perdón, dice, por las palabras feas. Habla seria, con disgusto, de la noche del 21 al 22 de enero cuando denuncia que ella y Brenda Romero fueron violadas por dos elementos de la policía ministerial de Nezahualcóyotl. No sabe sus nombres, pero está segura de que los reconocería si los viera. Dice que lo hicieron por lo mismo que los golpes de los días anteriores: para que se reconocieran culpables de un delito que, asegura, no cometieron.

El 20 de enero de 2023, P. R. B. recibió de nuevo la llamada. Un hombre le exigía 200.000 pesos (unos 10.000 dólares) a cambio de no hacerle daño a su familia. Tenía 59 años y estaba acostumbrada a la extorsión. Solo en los primeros meses de 2023 se han denunciado 1.542 extorsiones en el Estado de México, cinco veces más que en su vecina Ciudad de México o 500 veces más que en otros Estados como Chihuahua. La mujer decidió pedirle a su hijo, J. E. R. R., que se encargara. Él habló con el extorsionador alrededor de las 17.45 y él le dijo que “unas personas” se iban a acercar una hora más tarde a recoger el dinero a la calle Cerezos 161, en la colonia La Perla, en Nezahualcóyotl.

Ese mismo viernes, María del Rocío Vázquez, de 46 años, y Brenda Romero, de 33, comerciantes de ropa, habían quedado con una proveedora para recoger unos paquetes. Llegaron al parque frente al número 161 de la calle Cerezos alrededor de las 17.15 horas. Mientras esperaban escucharon unos balazos. Se espantaron y corrieron. A Vázquez la alcanzó un joven de bermuda y playera blanca. A Romero la agarró de frente un hombre de camiseta roja, que le dio un puñetazo. “Despuesito”, dicen en su declaración, “llegaron los municipales: una camioneta con tres hombres y dos mujeres”.

Más tarde, J. E. R. R. identificó en la Fiscalía a María del Rocío Vázquez y Brenda Romero como las personas que querían extorsionarlo. Ellas, que dicen no conocerlo ni nunca haberse encontrado, están presas desde entonces en el Centro de Reinserción Femenil Nezahualcóyotl Bordo. En su primera audiencia del 23 de enero, las mujeres denunciaron ante la juez de control que habían sido torturadas y violadas. Se abrieron dos carpetas de investigación con las denuncias. Hasta ahora siguen guardadas en la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer, sin avances.

“Yo tengo un trauma por algo que no cometimos”, dice Rocío Vázquez por teléfono desde prisión. En el Estado de México hay otras 17.000 personas privadas de libertad que alegan lo mismo que Vázquez: estar “injustamente presas”. El centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero cifró en que casi la mitad de los 33.000 encarcelados que hay en la entidad habían sufrido irregularidades en sus procesos, desde pruebas fabricadas hasta confesiones obtenidas bajo tortura. “Me dijeron las de la Comisión de Derechos Humanos que el proceso puede tardar años”, señala la mujer, “estoy bien desesperada”.

EL PAÍS reconstruye con testimonios, denuncias e informes policiales uno de esos miles de casos: los días de enero en que María del Rocío Vázquez y Brenda Romero fueron acusadas, detenidas y encarceladas por extorsión.

La detención, cara A

Es una calle de doble sentido, separada por un camellón de pasto seco y algunos árboles. Hay un sencillo parque de juegos infantiles frente al número 161. Justo ahí esperaba J. E. R. R., de 28 años y de identidad protegida por la Fiscalía, a las personas que debía entregarles el dinero. Según su declaración, alrededor de las 18.45 llegaron dos mujeres: “Yo soy la que viene por el dinero”, apunta que le dijo una de ellas, vestida con chamarra verde; “¿cuál dinero?”, “no te hagas pendejo, ya sabes cuál dinero”, contestó la que llevaba una blusa negra, “presta el dinero o vas a valer verga”.

En ese momento, J. E. R. R. afirma que una de ellas sacó una pistola con la que le apuntó a la altura del estómago. Ante eso, él le dio 10.000 pesos, en billetes de 500, envueltos en una bolsa de plástico color azul. Ellas los guardaron. “Se dan vuelta y en ese momento jalo de los cabellos a las dos personas del sexo femenino y las tiro al piso, por lo que comenzamos a forcejear”, describe él, “en ese momento se acercaron dos policías mujeres quienes nos dijeron qué estaba pasando”.

Su declaración coincide de forma exacta con la versión del Ministerio Público. Las dos policías afirman que a las 18.45 en un patrullaje de seguridad vieron a “una persona de sexo masculino quien tenía en el suelo a una de las femeninas y a la otra la jalaba de los cabellos”. Cada una se bajó “inmediatamente” de su unidad y corrieron hacia el lugar. Allí el hombre aseguró que lo habían extorsionado y en una revisión de seguridad —“a la que las personas acceden de manera voluntaria”— se le encuentró a una de ellas el dinero y a otra una réplica de una pistola. A las 18.47 son aseguradas, incluidas en el registro nacional de detenciones, ahí mismo les leyeron sus derechos, y a las 19.05 llegaron a las oficinas del Ministerio Público, en La Perla, según se recoge en el informe policial.

Para sustentar esta versión, la Fiscalía aporta los testimonios de las agentes y de J. E. R. R. y su madre, también los 10.000 pesos y una réplica de arma de fuego tipo escuadra, de color negro con la leyenda Swisst Arms, que presuntamente fue la utilizada por las mujeres. También incluye 28 fotografías de los indicios y del lugar de los hechos, así como el registro de llamadas y mensajes del teléfono de P. R. B.

En ninguno de esos objetos se encontraron huellas de las acusadas. Tampoco hay declaraciones de testigos. No están incluidas en la carpeta de investigación imágenes de cámaras, informes de mecánica de hechos o peritajes económicos. Tampoco se indican llamadas que relacionen a las víctimas con las acusadas.

La detención, cara B

Empieza en el mismo lugar, pero es otra la versión de Rocío y Brenda de esa tarde del 20 de enero. Relatan que después de ser agarradas por sorpresa por dos policías vestidos de civil, las subieron arriba de una camioneta. “No nos decían por qué estábamos ahí”, cuenta Vázquez, que describe: “Me empezaron a pegar para que les dijera con las personas que iba. Yo les dije que no sabía de qué me estaban hablando. Me echaron agua, me tapaban la nariz y me echaban agua en la boca y me ahogaba. Me ponían una bolsa... Con el médico llegué con la boca abierta”. Dice que no sabe cuánto tiempo duró eso, pero que las llevaron hasta el Ministerio Público La Perla. “Ahí nos siguieron pegando los judiciales”, apunta.

En el informe del médico legista, realizado el 20 de enero a las 22.30 horas, consta que Rocío Vázquez tenía un “edema traumático en el malar derecho”, otro en el “labio inferior con laceración de la mucosa” y una contusión en la pierna izquierda; por su parte, Brenda Romero presentaba un golpe en el labio superior, laceración en la mucosa derecha y varias escoriaciones en las rodillas. “Las lesiones presentadas no coinciden con los hechos narrados por la víctima”, apunta la defensa de las mujeres, que pregunta que si J. E. R. R. afirma haber tenido solo a Rocío jalada por los cabellos y a Brenda, en el suelo, con una rodilla sobre la espalda: “¿De dónde salieron el resto de lesiones”. “Obviamente de la tortura que ejercieron sobre las imputadas”, escribe el defensor.

Rocío Vázquez afirma que ya en el ministerio público vio llegar a una señora y un muchacho y ahí se enteró de que ellos eran las víctimas de una extorsión de la que ahora les acusaban. Asegura que oyó como uno de los agentes comentó: “Ellas no son, ya les pegamos mucho, si los hombres no aguantan, ellas menos”. Pero esta comerciante cree que ya estaba todo armado. “Nos bajaron al baño dos policías mujeres y a mí me dijeron que tocara una bolsa y a Brenda un arma. Les dije que yo no iba a tocar nada porque yo no la traía”, señala, “querían que lo agarráramos, ¿cómo crees?”.

Pasaron la noche sentadas en una banquita de madera. “Al otro día en la mañana, los policías querían que firmáramos una hoja en la que decía que a mí me encontraron 20 billetes de 500 y a ella el arma. Yo les dije que no iba a firmar nada porque ellos no me habían encontrado nada. ‘Esta me la vas a pagar’, me dijo uno de ellos”.

La violación

El día del sábado, las dos mujeres estuvieron en el penal y por la noche las llevaron de nuevo a declarar a La Perla. Se negaron. “Querían que confesara para que me dieran menos años, ¿cómo me van a dar muchos años por algo que no hice?”, dice Vázquez.

El relato de Rocío de lo que ocurre a la vuelta del Ministerio Público es el siguiente: “Nos regresamos al penal con un señor que iba porque había atropellado a una persona. Iban dos judiciales y empiezan a platicar entre ellos, que iban bien crudos y que habían periqueado [consumido cocaína]. Cuando llegamos a la delegación de Los Reyes abren las puertas y bajan al señor. Pero en vez de bajarnos a nosotras uno dice: ‘Si preguntan por ellas todavía están declarando’. Después avanzamos un poquito, dimos una vuelta a la primera cuadra, y se pararon en una tienda. El judicial dijo que iba a comprar una cerveza. Después nos quitaron las esposas. El que era más güero se pasó al lado de mi sobrina. Y el otro judicial, gordo, moreno, me dijo ‘pásate para adelante’. Yo le dije: ‘¿Para qué? ¿Por qué no nos ingresas?’. ‘Bájate el pantalón o voy a por tu hija’. Mi cabeza daba al retrovisor, me subía al frente de sus piernas. Abusó de mí, me violó. A Brenda la tenía uno atrás que dijo: ‘Ya déjenla, no termines en ella’. Después el tipejo se termina masturbando y nos dice ‘no vayan diciendo nada, porque les va a ir peor, tenemos a sus hijos bien ubicados”.

La mujer termina su relato con el pitido periódico que recuerda que la llamada procede de un penal. En la línea está también Juan Hernández, su marido. Este hombre amable y resolutivo, que trabaja como actor y como técnico de mantenimiento en un centro cultural de la colonia Juárez de Ciudad de México, cuenta tras colgar con su esposa que la primera vez que oyó este relato en la audiencia tuvo que salir a vomitar. “Del coraje, de no poder hacer nada”, dice desbordado. Las mujeres pidieron una revisión ginecológica nada más llegar a la prisión, según consta en los informes. No se les practicó porque “el médico no contaba con los instrumentos para hacerlo”.

Tras escuchar estas declaraciones, la jueza ordenó el 23 de enero, en la audiencia inicial, abrir las carpetas de tortura y violación, pero a día de hoy las mujeres ni siquiera han recibido la visita de los investigadores para ofrecer su testimonio. Ni Juan ni los abogados de Rocío y Brenda han tenido acceso a las carpetas de investigación de estos delitos —lo que es su derecho como víctimas—, y hasta donde saben “no tienen todavía nada”. Con todo esto, han interpuesto un amparo por “inactividad a la hora de investigar”.

Además, cuenta Juan Hernández, están pendientes de la resolución de otro amparo sobre la causa principal: la acusación de extorsión. Confía en que la jueza tenga en consideración el maltrato que ellas vivieron, además de un video de cámaras de seguridad, que muestra lo ocurrido en la calle Cerezos 161 a las 17.45. “Se ve a mi esposa corriendo y que va tras ella un hombre, justo como ella dice que sucedió”, relata. Mientras, ha tenido que aprender a manejarse en la burocracia judicial, a que cada vez que quiere hablar con su esposa una voz automática pregunte si está de acuerdo en recibir una llamada de la cárcel. Trata de mantenerse fuerte por Rocío, pero reconoce: “Jamás pensamos que llegaríamos a tanto”.

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