Marchas, peritajes y una alerta de quiebra: así ha escalado el conflicto entre Monte de Piedad y unos 3.000 trabajadores

Nacional Monte de Piedad, una de las instituciones líderes en el préstamo prendario en México, con 300 sucursales y 10.000 millones de pesos en ingresos anuales, se tambalea. El cuerpo directivo advierte de que su coste laboral es una “bomba de tiempo” financiero, que de no modificarse los condenará a la quiebra en cuatro años. Con esta advertencia bajo el brazo, han buscado desde hace meses una negociación con su sindicato para aliviar el coste de pensiones y prestaciones. La petición ha sido rechazada por los 3.000 trabajadores sindicalizados y ahora, ambas partes se encuentran en medio de un desgastante conflicto. De un lado, los sindicalizados acusan que quieren cambiar el contrato colectivo de trabajo para despojarlos de sus pensiones y prestaciones, mientras que en la otra trinchera, los directivos señalan que esta es la única vía financiera para esquivar una inminente quiebra en 2027.

El conflicto en Nacional Monte de Piedad inició a finales de 2021, cuando la compañía se negó a aumentar los salarios de los trabajadores sindicalizados. Meses después, en agosto del siguiente año, la institución solicitó, vía un procedimiento denominado Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la terminación de las condiciones del contrato sindical, un paso ofensivo que hizo estallar al sindicato y que obtuvo en respuesta la legitimación del contrato colectivo de trabajo con un 89% de los participantes en la votación.

Javier de la Calle, director general de Nacional Monte de Piedad, explica que los primeros focos rojos en las finanzas de la institución por la carga del contrato colectivo del trabajo se observaron desde 2011. Aunque tres años antes, en 2009, la dirección logró una reforma para aliviar la carga sobre las pensiones de las nuevas contrataciones, el director advierte de que el problema que enfrentan en este momento recae sobre los empleados que ingresaron antes de ese año y que están a punto de cumplir los 24,5 años de antigüedad en su puesto, el plazo mínimo estipulado por el contrato sindical para que puedan solicitar su jubilación.

“Los trabajadores en el Monte tienen prestaciones francamente muy buenas. Una vez que se retiran con derecho a jubilación, la institución les paga de por vida una pensión privada, aparte de que tienen acceso a la pensión del seguro social que les corresponda y, también, se les da servicio médico vitalicio a ellos y a sus familias. Eso es muy costoso. Nuestro contrato colectivo data de la primera mitad del siglo XX, es muy antiguo, y la esperanza de vida de las familias en México era muy distinta. El tema es que ahora la esperanza de vida está llegando a los 80 años y el tiempo en que una prestación de este tipo se tiene que pagar se vuelve larguísimo”, explica De la Calle.

El director general acota, además, que de 2000 a 2008, se contrató a una cantidad muy importante de trabajadores porque fue el periodo en el que Nacional Montes de Piedad expandió sus puntos de préstamo de 35 a 250 sucursales. “Hay una cantidad enorme de trabajadores que están a unos años de adquirir derechos de jubilación, hay una bomba de tiempo que está a punto de explotar”, zanja.

En la actualidad, la dirección reporta a 3.000 trabajadores activos y amparados por el contrato colectivo en debate, además, de 900 jubilados y 400 deudos de empleados, quienes también reciben una pensión vitalicia. De acuerdo con los pronósticos hechos por la institución, en los próximos seis años la cifra de jubilados con derecho a una pensión vitalicia ascenderá a unas 2.500 personas.

Esta cifra, advierte De la Calle, en otras empresas puede cubrirse sin problema, sin embargo, a juzgar por los diagnósticos proyectivos de la institución, para ellos supondrá un inminente escenario de quiebra. El panorama que vislumbra el cuerpo directivo no es halagador. Ante una mayor oferta de financiamiento, ellos anticipan una caída aún más aguda de clientes y de empeños en los próximos años. Estos pronósticos tienen como base sus cifras: de 2015 a abril pasado, Nacional Monte de Piedad perdió el 48% de sus clientes y en los últimos cuatro años el número de empeños se redujo en un 30%, según los datos de la firma. “Hoy hay muchas formas en donde intermediarios financieros pueden ofrecer crédito y el empeño es un tipo de préstamo que lo usas como último recurso y en la medida que va habiendo más opciones, el empeño va perdiendo brillo”, asegura De la Calle.

El sindicato ha esgrimido contra este escenario de quiebra las cuantiosas ganancias de la institución. Cuestionado al respecto, De la Calle explica que en 2021 las utilidades de Nacional Monte de Piedad ascendieron a 1.972 millones de pesos, sin embargo, explica que este es el remanente mínimo que deben tener para garantizar la continuidad de una institución de su calado. Además, el director afirma que a la par han hecho otros esfuerzos para recortar recursos, por ejemplo, han renegociado a la baja el arrendamiento de sucursales y cortarán totalmente el gasto de publicidad. De hecho, de noviembre del año pasado a la fecha ya han cerrado 18 sucursales, con el subsecuente despido de 94 personas.

Pero aun con estos ajustes, De la Calle insiste en que el reflote de las finanzas de Nacional Monte de Piedad requiere de una serie de cambios en el contrato colectivo de sus trabajadores sindicalizados. De acuerdo con el directivo, solo en 2021 el costo del contrato fue de 3.392 millones de pesos, equivalente al 57% del costo operativo de la institución. “El líder sindical (Arturo Zayún) miente diciendo que el costo del contrato colectivo es el 11%, él sabe que es el 57%, esta cifra la tiene, se la dimos junto con la Secretaría del Trabajo. Él habla de sueldos y salarios y pasa por alto que el contrato colectivo no solo paga sueldos y salarios, que el contrato nos obliga a pagar horas extras, así como 105 días de aguinaldo. Yo creo, que lo que quiere evitar es el sentarnos de manera profesional a decidir cómo podemos hacer para que la institución no quiebre”, menciona.

Los cambios en la mesa de debate contemplan desde un ajuste en el pago de horas extras, así como más requisitos para acceder a la jubilación. “Lo que hemos planteado es ponerle también un factor de edad (a la jubilación), no es factible pagar esa prestación si los trabajadores deciden jubilarse en edades muy bajas, y hemos propuesto que un trabajador se pueda jubilar con 24 años y medio de antigüedad, pero 65 años de edad”, específica. Otra alternativa, que han sugerido a los sindicalizados, es que se les liquide a todos por encima de la ley y luego sean recontratados bajo otro contrato colectivo.

Hasta el momento, ninguna de las opciones de la dirección han prosperado. El sindicato, en contraparte, ha salido a las calles para protestar contra la institución y ha advertido que no permitirá el desmantelamiento de su contrato colectivo de trabajo, incluso, han amagado en más de una ocasión con un emplazamiento a huelga si los directivos insisten en querer cambiar su contrato colectivo de trabajo.

En un intento por encontrar una salida a este callejón sin salida, tanto la Secretaría de Trabajo, Nacional Monte de Piedad y el sindicato realizaron tres peritajes distintos sobre el tema de la solvencia de la firma de préstamo prendario. De acuerdo con De la Calle, el peritaje hecho por ellos arrojó un riesgo de quiebra técnica entre 2027 y 2028, una fecha similar al análisis de la Secretaría del Trabajo, mientras que en el pronóstico de los trabajadores sindicalizados el año fatal se aplazó hasta 2030.

Con estos plazos fatales sobre la mesa, el cuerpo directivo de Nacional Monte de Piedad advierte de que están en tiempos extra para llegar a un acuerdo que dé viabilidad por muchos más años a una institución con más de dos siglos de historia.

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