El Gobierno de López Obrador presenta una iniciativa para reducir la estructura gubernamental

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere recortar el aparato burocrático. El mandatario federal ha propuesto al Congreso mexicano eliminar 18 órganos de la administración pública federal y transferir sus funciones a las secretarías de Estado que dependen directamente del presidente de México. Este 18 de abril, el político de izquierda mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados donde se plantean estas fusiones y extinciones de oficinas de Gobierno con el objeto de “racionalizar la estructura orgánica” y aprovechar los recursos públicos de mejor manera.

El documento plantea eliminar por completo el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 tras una reforma constitucional, mientras que a los otros 17 organismos busca integrarlos a otras dependencias, como es el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la cual dejaría de ser un órgano desconcentrado para pender directamente de la Secretaría de Gobernación.

Otros órganos que se fusionarían con las secretarías de Estado son el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Fideicomiso de Fomento Minero, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de la Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

En su propuesta, el presidente López Obrador asegura que estos órganos tienen funciones duplicadas de “manera innecesaria” en varias instancias. Asimismo, explica que su iniciativa es contraria al “modelo neoliberal” que se basa en la confianza en el mercado y los negocios privados y en la desconfianza en el ámbito público y los empleados del Gobierno.

Actualmente, el Gobierno mexicano está formado por 19 secretarías de Estado, 73 órganos desconcentrados, 108 organismos descentralizados, 72 empresas de participación estatal mayoritaria, 17 fideicomisos públicos y 15 empresas productivas del Estado y subsidiarias. La mayor parte de estos organismos fueron creados a partir del Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

No es la primera vez que el presidente López Obrador realiza cambios para reducir la estructura del Gobierno federal o los recursos utilizados. Desde que su campaña electoral, abogó por “la austeridad republicana” y por buscar que se gastara menos dinero por parte del Gobierno federal. En noviembre de 2019, a casi un año de haber llegado a la Presidencia de México, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana en donde se establecieron mecanismos para observar el ejercicio del gasto público federal y reducir gastos en viajes, compra de inmuebles o adquisición de vehículos. En 2020, por medio de un decreto presidencial, el presidente eliminó 10 subsecretarías de las secretarías de Estado que consideraba innecesarias. Y hace un año, en julio de 2022, el mandatario anunció que apretaría todavía más el cinturón a la administración pública federal y que pasarían de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”.

Cuestionado sobre su iniciativa este miércoles, el tabasqueño afirmó que los organismos que propone eliminar fueron creados en una “época de derroche y gastos superfluos”. “No ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el Gobierno se siga tragando el presupuesto público. Era un Gobierno mantenido y bueno para nada”, aseveró. Estas críticas por el gasto de recursos públicos también las ha hecho al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y ha intentado reducir el dinero destinado a ambos organismos en distintas ocasiones y de varias maneras.

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