México: otra democracia en peligro

Por la añeja historia de votaciones amañadas durante el siglo XX, fue necesario construir una autoridad electoral independiente del Gobierno, el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya autonomía se establece desde la Constitución. El INE tiene la tarea de conformar el padrón electoral y de emitir la credencial para votar con fotografía, que en los hechos es la cédula de identidad ciudadana de más de 95 millones de personas. En cada elección, el INE sortea y capacita a la ciudadanía para que los vecinos de los electores sean quienes instalen y operen las mesas de votación, garantizando así la imparcialidad en el conteo de sufragios. El sistema electoral mexicano también incluye condiciones de equidad en la contienda, con financiamiento público preponderante sobre el privado, así como acceso gratuito a radio y televisión para partidos y candidatos.

Con este modelo, México logró su primera alternancia en la presidencia en el año 2000, después de 70 años de hegemonía de un solo partido. En lo que va de este siglo se han celebrado cuatro elecciones presidenciales y en tres han ganado candidatos de oposición. Desde los noventa, ningún partido ha obtenido el 40% de los votos en la renovación trianual de la Cámara de Diputados. Tan solo en los últimos nueve años, de 56 elecciones a gubernaturas, en 39 (70%) han obtenido el triunfo partidos distintos a los que gobernaban. Todos esos comicios han concluido sin conflictos. Por primera vez en su historia, México vive una era política de alternancia, pluralismo y respeto al voto.

Las elecciones son de las pocas cosas que funcionan bien en México. Sin embargo, el Gobierno quiso aprobar el año pasado una reforma constitucional (plan A) que desaparecía al INE, pero no logró los dos tercios del Parlamento que se requieren para cambiar la Carta Magna. Impulsó entonces el plan B que desde leyes secundarias destruye la estructura profesional permanente del INE en el territorio, afecta su autonomía y lesiona las condiciones de equidad. Lo hace a unos meses de que inicien los trabajos de preparación de las elecciones de 2024, donde se renovarán la presidencia del país y todos los integrantes de la Cámara de Diputados (500) y del Senado (128), se elegirán 9 gubernaturas, 31 Congresos locales estarán en disputa y se votará por la integración de más de 1,800 ayuntamientos.

El peligro que entraña la reforma no pasa desapercibido para una sociedad atenta y participativa. Apenas el domingo 26 de febrero, una multitud colmó la emblemática plaza del Zócalo de la Ciudad de México, en una imagen que dio la vuelta al mundo, con la consigna de “mi voto no se toca”. Hubo también manifestaciones en otras 100 ciudades para respaldar el INE y solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decrete inconstitucional el plan B y garantice así la realización de elecciones auténticas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los cientos de miles de ciudadanos que se expresaron pacíficamente como “corruptos”, “farsantes”, “delincuentes de cuello blanco”. La violencia, hasta ahora verbal, desde el poder contra los ciudadanos que disienten y ejercen libertades políticas básicas, evidencia el talante autoritario que gobierna al país latinoamericano.

México podrá sortear el riesgo de una crisis política mayor con la actuación serena y firme de un Poder Judicial independiente. La Suprema Corte tiene la palabra.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país