Pemex carga contra más de 40 médicos residentes y reaviva el conflicto en la petrolera
Tras dos meses de tensión, los trabajadores piden a la Suprema Corte atraer el caso por las presuntas irregularidades en sus contratos
La tensión entre los médicos residentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la paraestatal por las presuntas irregularidades en sus contratos ha escalado este lunes, con la denuncia de médicos practicantes de que la petrolera ha rechazado renovar sin motivo los contratos de más de 40 compañeros que participaron activamente en el parón de actividades que emprendieron como protesta por sus condiciones laborales y salariales. Desde finales de diciembre, los practicantes se lanzaron a las calles para protestar públicamente y tras una huelga de casi dos meses, los residentes de los hospitales Central Norte y Central Sur de Ciudad de México se reunieron con la empresa y las autoridades estatales —la Secretaría de Trabajo y la de Gobernación—, donde alcanzaron un acuerdo para volver al trabajo sin represalias. Sin embargo, todo quedó en letra muerta.
“Tras la huelga de diciembre, se llevaron a cabo acciones legales desde la Coalición [de Médicos Residentes de Pemex], pero nos hemos enfrentado a muchísimas trabas a nivel judicial. Nuestra demanda laboral lleva más de 20 días ante el Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de Ciudad de México sin que a la fecha se haya emitido ningún acuerdo”, defiende ante este diario la presidenta de la Fundación Trabajo Digno, Abigail Quiroz, que en los últimos meses ha asesorado a la coalición que reúne alrededor de 850 personas.
Ante la falta de avances, los residentes han pedido a la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) —el máximo tribunal constitucional de México— que atraiga el caso, ya que consideran que este tipo de represalias afectan a los derechos humanos, en concreto, “la libertad sindical”. “Si los máximos tribunales de nuestro país no protegen los derechos humanos de los que todos gozamos, ¿entonces, quién lo hará? Hoy son los médicos de Pemex, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, explica la presidenta de la fundación. Quiroz defiende que el cese de los residentes —entre los que se encuentran algunos de los representantes— trata de silenciar a la Coalición. Hasta el cierre de esta nota, Pemex no ha dado su respuesta a la petición del diario.
Miguel Ángel Rodríguez, uno de los tres representante y también uno de los afectados por la decisión de la petrolera, cuenta a este diario que el pasado domingo la empresa envió un correo electrónico para reunirlos. Este lunes, y de uno en uno, han recibido una respuesta. “No nos han dado la opción de renovar por ‘órdenes superiores’. Para nosotros que tenemos que estar tres o cuatro años de residencia supone un atropello. En marzo ya no tendremos relación con la empresa, estamos a la deriva”, lamenta. El representante afirma que el argumento defendido por sus superiores era que habían “incumplido la normativa de Pemex”, y destaca que la decisión solo ha repercutido en los que participaron activamente en las protestas.
Otra de las tres representantes, Wendy Aparicio, comparte también defiende que las personas afectadas fueron las que tuvieron más voz. “Uno de los acuerdos a los que llegamos [en las reuniones] fue el de que se iba a respetar el contrato por el tiempo que durara la especialidad”, cuenta. El rechazo a la renovación del nuevo acuerdo supone para Aparicio una gran complicación. “Encontrar una nueva plaza de residente ahora es muy complejo, casi imposible. Ahora todas las plazas están cerradas”, concluye.
Los residentes de la petrolera iniciaron la huelga en el mes de diciembre ante las presuntas irregularidades en sus contratos. La gota que colmó el vaso llegó con la reducción de sus aguinaldos. La Ley Federal del Trabajo indica que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que “debe pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos”. “Este año fue de 2.500 pesos, dependiendo del grado de la especialización. En años anteriores fue de hasta 14.000 pesos”, asegura Rodríguez. “Iniciamos la Coalición para tratar de mostrar nuestra inconformidad. La empresa nunca amplió los sueldos, se nos pagaba lo mismo y de manera tramposa. Nos cambiaban los montos”, critica en relación con las ampliaciones del sueldo defendidas por la petrolera.
Durante la huelga, los manifestantes mantuvieron que la petrolera había tratado de presionarles y “forzarles” para que volvieran a trabajar sin una solución concreta. EL PAÍS tuvo acceso a uno de los correos expedidos por la empresa. Bajo el concepto “Firma de nuevo contrato-beca 2022-2023″, el escrito sostenía que, de no firmar el contrato, los receptores “serían dados de baja”, ya que de esa manera no tendrían un contrato con la institución.
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