El “impuesto criminal” en México amenaza el ‘nearshoring’

En septiembre del año pasado, después de una reunión con funcionarios de la Casa Blanca, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard se mostró entusiasmado por las oportunidades de trabajo que pudiera traer el programa de semiconductores del país vecino. “Se le hizo la invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en seminconductores, electromovilidad”, dijo el funcionario a reporteros. EE UU espera se gasten hasta 280.000 millones de dólares en esfuerzos para traer la producción de chips semiconductores de China a sus países aliados.

Un par de días después, un grupo de investigadores publicaron un estudio titulado “Extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana: ¿quién protege a quién?”. Especialistas del centro de investigación independiente México Evalúa, junto con el Center for International Private Enterprise (CIPE), la Universidad de California San Diego y el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) encontraron, entre otros hallazgos, que el cobro por “pagos de protección” que el crimen organizado exige a negocios va desde $400 pesos semanales hasta 3.000 dólares por mes, luego de un pago inicial de 5.000 dólares. Lo llaman el “impuesto criminal” y aquellas empresas que estén pensando en aprovechar el programa estadounidense para mover sus operaciones de producción de semiconductores deben tener en cuenta las implicaciones que tiene el llamado nearshoring.

El caso de Tijuana tiene sus particularidades, explica Cecila Farfán, jefa de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego, pero no es exclusivo. Un comportamiento similar se ha visto en diferentes versiones a lo largo de la frontera. “No me sorprendería ni me parecería raro que ciertas empresas hagan el cálculo y digan ‘no me conviene instalarme ahí justo por este tema’”, dice la académica. “Entiendo que los empresarios lo que quieren es hablar bien de su ciudad, y obviamente, en el caso de Tijuana, la ciudad no es solamente la violencia de la que hablamos, pero sí hago un llamado a la comunidad empresarial de quitarse las anteojeras” para ver la situación por completo.

Es probable que las empresas que se muden a México en la perspectiva de cinco años sigan enfrentando riesgos relacionados con la seguridad como el robo de carga y extorsión, escribieron en un texto en julio los analistas de la firma S&P Global Emily Crowley, Jose Sevilla-Macip y Rafael Amielen. “Los casos de extorsión denunciados aumentaron un 28% de un año para otro en todo el país durante la primera mitad de 2022, y los centros de fabricación de Guanajuato y Nuevo León informaron el mayor aumento en la incidencia”.

Los componentes automotrices representan más de un tercio de toda la carga ferroviaria robada, apuntaron los analistas, refiriéndose a una de las exportaciones más importantes del país. “Si bien es probable que los puntos conflictivos delictivos varíen durante la próxima década en respuesta a los despliegues de las fuerzas de seguridad y la dinámica delictiva regional, es probable que los niveles nacionales de actividad delictiva se mantengan elevados”, dijeron los expertos de S&P Global.

El cobro de piso funciona como un ciclo vicioso, explica Farfán Méndez. Para poder determinar su autoridad, los criminales tienen la necesidad de que sus amenazas sean creíbles, por lo que ejercen violencia y así logran que los negocios paguen el derecho de piso. En este sentido, se paga por que no haya violencia pero inevitablemente la hay. Los tijuanenses lo vivieron con terror el 12 de agosto, cuando el crimen organizado bloqueó vías, quemó vehículos y llevó a cabo balaceras en diferentes partes de la ciudad de manera simultánea. Como resultado, según datos de la oficina local de la cámara de comercio Coparmex, extranjeros cancelaron el 90% de sus citas médicas, parte del turismo especializado que atrae grandes ingresos a la ciudad.

Uno de los problemas es la narrativa que se utiliza para contar al mundo cómo es la violencia, opina Farfán Méndez. “En Tijuana, por ejemplo, tienes dos ciudades. Por un lado, está una Tijuana muy integrada con la economía de California y por otro está la Tijuana olvidada, donde además el discurso es que es una zona violenta, en donde los criminales se matan entre ellos por temas de drogas. Es un discurso y una narrativa que se queda muy atorada en el tema del narcotráfico, que la verdad no lo reflejan necesariamente todo lo que está ocurriendo”, dice la especialista.

Una manera en que las empresas se han adaptado a esta realidad se refleja en el incremento de servicios de consultoras de seguridad, firmas de análisis e inteligencia que ofrecen a los empresarios mapas de riesgo para aprender a sobrellevar la amenaza del crimen de manera que no afecte sus operaciones. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística arrojan que, en 2022, empresas y negocios gastaron 70.000 millones de pesos en medidas preventivas contra el crimen. El costo total de la inseguridad y el delito a empresas fue de 120.000 millones de pesos, equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). La extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia.

“Esta promesa de traer estas actividades a México, sobre todo en un contexto donde Estados Unidos y China están confrontados, pareciera ser una oportunidad con grandes incentivos económicos”, dice Farfán Méndez, “pero, mientras nieguen que también hay estas realidades en las ciudades, no sé qué tan viable puede ser”.

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