‘Traidores a la patria’, la campaña que le va a costar a Morena 57.732 pesos por calumniar a la oposición

Mario Delgado y Morena, el partido que dirige, difundieron propaganda con contenido calumnioso a través de la campaña Traidores a la patria, que orquestaron contra los legisladores de la oposición que votaron contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de que la resolución de la Sala Regional Especializada fuese impugnada por los afectados. Se ratifica, por tanto, la multa emitida por este organismo el pasado agosto, que sancionó con 19.244 pesos a Mario Delgado y con 57.732 pesos a Morena. No es la primera vez que el partido del presidente de México es sancionado por sus conductas contrarias a las normas democráticas.

Durante la presentación de las conclusiones, la magistrada Janine Otálora insistió sobre la gravedad de acusar a la oposición de delitos como el de “traición a la patria” porque votaron distinto. “El diálogo, la crítica, el intercambio de opiniones, eso es la vida política. Acusar calumniosamente de traición a la patria, a quienes piensan distinto, es tratar de acallar el diálogo, la crítica y al final, a la misma democracia”, sentenció la magistrada. “Perseguir a la pluralidad política y presionar con la amenaza de la imputación de un delito, significa atentar contra los principios esenciales de la democracia”, añadió Otálora.

López Obrador necesitaba 334 votos en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica que pretendía limitar la participación privada en el sector. Era una de las grandes medidas de su mandato, pero le faltaban votos. Necesitaba la ayuda de la oposición. Lejos de intentar negociar, el presidente se negó a cambiar una coma del texto y dedicó su tiempo a ejercer presión sobre la oposición, en especial el PRI. Presentaron la votación del 17 de abril como una batalla para recuperar la soberanía de un país que, según ellos, estaba dominado y amenazado por empresas extranjeras. Pese a los discursos nacionalistas, solo consiguió 275 votos y la reforma no prosperó.

Entonces comenzó la campaña que con el tiempo se ha dado en llamar “Traidores a la patria”, y que comenzó el lunes 18 de abril en la conferencia mañanera del presidente. Entonces dio comienzo una campaña de difamación y calumnias. Primero fueron los letreros, uno para cada legislador que había votado en contra, en los que aparecía su cara sobre un fondo de búsqueda y captura parecido a los del viejo oeste. Luego fueron las acusaciones de “traición a la patria” y la amenaza del presidente de denunciarlos por ese delito, que tiene una pena máxima de 40 años.

“Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, se convirtieron en defensores de empresas extranjeras”, dijo el presidente. También se instalaron tendederos para exhibir a los legisladores con foto, nombre y apellidos, y se crearon páginas web en los que se identificaba a los diputados. Al principio la oposición se lo tomó a broma, pero luego empezaron a recibir mensajes violentos a través de redes sociales, se sucedieron los accidentes viales y las agresiones verbales en su contra.

Por todos estos ataques mediáticos, la TEPJF ya determinó en octubre que el presidente y Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, incurrieron en un delito al difundir “propaganda con contenido calumnioso”. La queja a esta institución fue presentada por el PAN y otros legisladores federales. El Tribunal analizó las publicaciones “a la luz de la libertad de expresión y determinó que no estaban protegidas por esta”. El pasado 22 de junio, Mario Delgado, el dirigente de Morena, también fue multado por este tribunal, por violaciones electorales que cometió tras los “aventones” que se ofreció a hacer para que adultos mayores acudieran a votar. Entonces, los magistrados le impusieron una multa de 28.866 pesos.

La reforma constitucional para limitar la presencia de empresas privadas era una de las grandes apuestas de López Obrador. Pretendía frenar la liberalización de la generación eléctrica, iniciada a principios de los años 90, y rescatar la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal que en los últimos años ha perdido terreno ante los menores costos de producción de las centrales privadas. La intención del presidente era cancelar todos los contratos privados y reservar a la CFE por lo menos el 54% de la generación, frente al 38% que tiene actualmente. La oposición argumentaba que estos cambios redundarían en un aumento del precio de la energía y en un freno al desarrollo de las energías renovables.

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