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Reforma eléctrica: la derrota de Morena y la artillería de López Obrador

La iniciativa se estrella en el Parlamento tras un año definiendo la agenda política de México

Francesco Manetto
AMLO en unas instalaciones de la CFE
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una visita a unas instalaciones de la CFE en Baja California.GOBIERNO DE MÉXICO

La discusión de la reforma eléctrica que este domingo ha llenado de insultos y sobreactuaciones la Cámara de Diputados ha dejado al menos dos mensajes claros, tanto al presidente como a su partido. Antes de nada, ha expuesto, por primera vez con unas consecuencias irreversibles para una iniciativa legislativa, los límites de Morena. Eso ya se sabía, sobre el papel, desde la configuración del Congreso que dejaron las elecciones de medio término de junio de 2021. Esta noche se ha consumado su confirmación. Para que la revisión del sistema vigente saliera adelante se necesitaba cambiar la Constitución y las fuerzas que apoyan al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cuentan con esos números. Esto es, tienen mayoría absoluta, pero carecen de una calificada, dos terceras partes de los 500 escaños.

El movimiento de la llamada Cuarta Transformación necesitaba 57 diputados de las bancadas opositoras para aprobar una de las iniciativas clave del sexenio. La correlación de equilibrios convertía la votación en una fracaso anunciado: una “derrota monumental”, en palabras del dirigente del PRI, Alejandro Moreno. El mandatario hizo de la reforma eléctrica una apuesta casi personal, con repercusiones profundas en el sector energético -en esencia, la devolución de la gestión mayoritaria del mercado a una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad-, pero también con un enorme alcance simbólico. La iniciativa de López Obrador supone, según su cosmovisión, una recuperación de las esencias priistas de antaño, las del presidente Lázaro Cárdenas, que expropió la industria petrolera, o de Adolfo López Mateos, que nacionalizó la electricidad.

El jefe del Ejecutivo lo ha repetido en múltiples ocasiones y por ello era tan importante este debate, que fue postergado hasta el domingo de Semana Santa y estirado hasta bien entrada la noche por la mayoría parlamentaria de Morena. Tanto la formación oficialista como su líder presionaron al PRI hasta el final, llegando a acusarle de dar la espalda a su propio pasado y a los mexicanos. Al filo de las nueve de la noche, el mandatario escribió en sus redes sociales: “Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”.

Estas palabras encierran el segundo mensaje. La negativa a la reforma energética da a López Obrador una nueva carga de artillería en plena campaña electoral, el enésimo argumento para redoblar sus críticas contra el PRI, el PAN y el PRD, que concurren en coalición. En junio se renuevan las gubernaturas de seis Estados (Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Hidalgo y Aguascalientes) y acaba de empezar una nueva carrera electoral. Y a eso se suma que el presidente se acaba de apuntar dos tantos. La consulta sobre la revocación de mandato del pasado domingo dejó claro el respaldo nítido de sus seguidores -más del 91%- pese a la baja participación, que no alcanzó el 18% del censo.

La otra victoria se la concedieron los tribunales. Concretamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo órgano constitucional del país, que dio un aval a la ley eléctrica. Esa norma, también impulsada por el jefe de Estado, lleva un año atascada, sin poder entrar en vigor, por la avalancha de recursos presentados por empresas particulares. El fondo político de la iniciativa es muy parecido al de la reforma rechazada por el Congreso, que es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y ese es el camino legal con el que López Obrador busca impulsar un nuevo modelo energético que desmonta el actual, una herencia de la anterior Administración -también priista- de Enrique Peña Nieto.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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