México busca duplicar la generación renovable después de entorpecer su crecimiento

México ha dado la sorpresa en la COP 27. Después de construir una enorme refinería y paralizar la inversión privada en energías renovables, el Gobierno mexicano ha querido mostrar al mundo que se toma en serio el medio ambiente. Durante la cumbre climática en Egipto, se ha comprometido a recortar en un 35% las emisiones de gases contaminantes y a duplicar la generación renovable de aquí a 2030. La presión de EE UU es clave para explicar el giro. Expertos y organizaciones ambientalistas aplauden el anuncio, pero afirman que esto requerirá un cambio radical y rápido en la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy enfocada en los combustibles fósiles.

El país latinoamericano, el decimoquinto que más contamina en el mundo según el centro de análisis Global Carbon Project, no había actualizado sus objetivos de reducción de emisiones desde 2015, cuando se comprometió a un recorte del 22%. En 2020, el Gobierno presentó una meta que, en lugar de reducir, le permitía contaminar 14 millones de toneladas de CO₂ más de lo previsto, según Greenpeace. La ONG ahora se declara gratamente sorprendida por el anuncio en Egipto. “Pensábamos que iban a mantener los objetivos de 2015. La noticia del 35% supera nuestras expectativas”, señala Pablo Ramírez, coordinador de cambio climático.

No es la única sorpresa. Para lograr el ambicioso recorte de emisiones, el Gobierno mexicano plantea un volantazo en el sector energético, el que más contamina junto al de los transportes. El Ejecutivo se compromete a eliminar la quema de gas en las instalaciones de Pemex, y a añadir 30 gigavatios de capacidad renovable en ocho años. Al cierre de 2021, la capacidad eólica, solar, geotérmica, e hidroeléctrica sumaba 26,8 gigavatios, un 31% de la capacidad instalada total. Es decir, el nuevo compromiso significa más que duplicar la cifra actual. Si se cumple, en 2030 México podría cubrir más de la mitad de su consumo a partir de renovables.

El objetivo, aunque impresionante, choca con la política energética de los últimos cuatro años. Al inicio del sexenio, López Obrador se propuso aumentar la producción petrolera y “rescatar” a Pemex —las emisiones de la paraestatal se han duplicado desde entonces—. Luego, el presidente canceló las subastas eléctricas de largo plazo, un mecanismo que catapultó la expansión de las centrales renovables privadas en el país, e introdujo cambios regulatorios para favorecer las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas, aunque las primeras fueran más contaminantes. Además, ha puesto trabas o retrasado la concesión de permisos para centrales ya construidas.

El resultado de esta política ha sido un parón en la inversión privada en el sector energético. De 5.000 millones de dólares en 2018 esta se ha desplomado a 452 en 2021. La caída se ha traducido en un freno al crecimiento de las renovables. En 2021, se añadieron 1.372 GWh en generación eólica, frente a los 2.976 de 2020 y los 4.291 en 2019. En cuanto a la solar, en 2021 se generaron 4.359 GWh más, frente a los 5.871 de 2020 y los 6.753 de 2019. Para rematar, el último Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), un documento que se publica de forma anual, señaló que la meta de generación limpia para 2024 -un 35% del total- se iba a lograr en 2031, siete años después.

El retroceso ha preocupado al Gobierno de EE UU, quien ha respondido con una de cal y otra de arena. Por un lado, ha abierto consultas comerciales bajo el TMEC contra los cambios legales en el sector energético mexicano. Por el otro, John Kerry, el enviado especial para el Clima del presidente Joe Biden, se ha convertido en uno de los funcionarios estadounidenses que más veces se ha reunido con López Obrador en los últimos dos años. El buen talante de Kerry parece haber logrado algunos retoques en la agenda energética del mandatario. En un encuentro conjunto a finales de octubre, el canciller Marcelo Ebrard prometió un crecimiento “acelerado” de las energías limpias.

Como prueba del giro ambientalista, las autoridades mexicanas han presentado el Plan Sonora. El programa incluye la exploración del litio, la producción de semiconductores y, sobre todo, la construcción de la mayor planta solar de América Latina. Sin embargo, alcanzar los 30 gigavatios en ocho años implicaría construir 30 plantas de ese tamaño. La CFE, que reportó pérdidas de más de 50.000 millones de pesos en el tercer trimestre, no ha desvelado otros proyectos renovables. De hecho, su plan de negocios de 2022 a 2026 solo planteaba la modernización de plantas hidroeléctricas ya existentes, y la construcción de 14 centrales de ciclo combinado a base de gas.

Añadir 30 gigavatios requiere, advierten los expertos, un giro inmediato en la estrategia seguida por el Gobierno hasta ahora. El analista Víctor Ramírez dice que el aumento anunciado es viable, pero solo si se desbloquea la inversión privada. “Es posible si hay un cambio radical de política a partir de 2023. Entre que inicias la planeación de un proyecto eólico hasta que lo pones en operación, no se tarda menos de cinco o seis años. Los solares, cuatro años por lo menos”, dice. “El Gobierno tiene que empezar a hacer subastas. No le veo otra forma”. Por ahora, el Ejecutivo no ha mencionado la posibilidad de volver al sistema de subastas, parte de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que el actual mandatario se ha propuesto desmantelar.

Por otra parte, construir plantas no lo es todo. Se necesitan también nuevas líneas de transmisión para transportar la energía de los lugares de producción hasta los centros de consumo. Este es un reclamo del sector renovable desde hace años, pero al inicio del sexenio el Gobierno canceló la construcción de dos importantes líneas de transmisión. Si se quiere llegar a los 30 gigavatios adicionales en 2030, estos proyectos se van a tener que rescatar. “Necesitas una inversión en transmisión para el desahogo de los puntos de generación eléctrica, pero la CFE no tiene la capacidad ni los recursos para hacer todo”, señala Jorge Villarreal, de la ONG Iniciativa Climática.

En el anuncio de los nuevos compromisos, México dice que ha presentado un “plan de inversión preliminar” de hasta 48.000 millones de dólares. Es un presupuesto considerable, pero no se conocen los detalles y no se ha aclarado si será dinero público o privado, mexicano o estadounidense, o una mezcla de todo. “Acabamos de recibir una bomba muy prometedora. Ahora, lo importante es saber cómo se articula en la parte técnica”, dice Ramírez, de Greenpeace.

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