Coahuila, un hoyo negro en el gasto público de 2021

La última entrega del análisis de las cuentas públicas de 2021 hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene un enorme foco rojo: el Estado de Coahuila. La entidad norteña, en la frontera con Estados Unidos, se ha vuelto un hoyo negro en el gasto público revisado del año pasado. De acuerdo a las 17 auditorías que se le ejecutaron, el Estado no fue capaz de aclarar el destino de 1.900 millones de pesos, alrededor del 20% del total de dinero gastado con irregularidades en todo México. El grueso de ese monto no justificado corresponde al servicio de Salud y a la Universidad Autónoma de Coahuila, que provocaron “un daño a la hacienda pública” multimillonario, según la ASF.

Las irregularidades presentadas la semana pasada por el auditor general ante el Congreso llamaron la atención por lo altas que eran. El informe anterior, que fue la primera entrega de la revisión de las cuentas de 2021, fue presentado el pasado julio. En esa ocasión se apuntaban anomalías por 1.038 millones de pesos en todo el país, una cifra muy menor a la registrada en la segunda entrega. Dentro de los 10.000 millones del presupuesto gastados irregularmente, destaca que más de la mitad del dinero no justificado corresponde al gasto hecho por los 32 Estados mexicanos, con Coahuila a la cabeza.

El sector Salud es el gran causante del hoyo negro en Coahuila. El dinero provenía del Gobierno federal y el uso tenía que apuntar a mejorar el servicio en el Estado. En ese área, el Ejecutivo de Coahuila fracasó al explicar a dónde fueron a parar unos 1.291 millones de pesos. Uno de los puntos claves es que el Estado ejecutó un aumento en el presupuesto de 824 millones de pesos, pero no pudo justificar “el origen ni el destino” de ese incremento presupuestario, según la auditoría. A eso se le suma que la Administración estatal, encabezada por el priista Miguel Riquelme, tendrá que responder ante la Auditoría sobre una subida del 37% del dinero gastado en pago de personal que no había sido aprobado. ”Se identificaron recursos pagados en exceso respecto del límite permitido en la asignación global de servicios personales por 442,990.1 miles de pesos”, dice el documento.

La Auditoría apunta además que el servicio sanitario de esa entidad tuvo “ingreso de libre disposición”, que podría haber sido utilizado para pagar deuda pública o algún otro saldo pendiente, pero no sucedió. ”No se presentó evidencia de que dichos recursos se destinaron para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones”, reporta. Este periódico intentó sin éxito obtener un comentario del Gobierno del Estado sobre este tema.

El Ejecutivo de Coahuila, uno de los últimos bastiones del PRI, tuvo varias instancias para justificar el destino del dinero gastado irregularmente, y presentó documentación en un intento de explicar lo sucedido, pero no fue suficiente. “Derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”, señala la ASF.

El otro foco rojo del Estado corresponde a la Universidad Autónoma de Coahuila. La institución no ha podido acreditar el uso correcto de unos 693 millones de pesos. Este gasto despierta el fantasma de la Estafa Maestra, una red de corrupción que durante el sexenio anterior generó el desfalco de más de 5.000 millones de pesos a través de un esquema que utilizaba contratos con universidades públicas de fachada. “La Universidad Autónoma de Coahuila infringió la normativa”, señala la auditoría, “lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 693,282.0 miles de pesos”.

La ASF señala que la Universidad “careció de un sistema de control interno adecuado”, y de una cuenta bancaria para administrar específicamente los recursos que recibió del Gobierno federal. La institución educativa falló en presentar comprobantes fiscales, pólizas y documentación que probara el reintegro de hasta 133 millones de pesos que no fueron usados. El órgano regulador detalla además que se pagaron sueldos por fuera de los autorizados, provocando un desfalco de 107 millones, y omitió presentar la información de los gastos ante Hacienda, como obliga la ley. “La Universidad Autónoma de Coahuila incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa”, señala la Auditoría.

A esos dos agujeros en las arcas públicas se le suman otras áreas auditadas que registraron otras irregularidades, que incluyen contratos adjudicados indebidamente a través de dedazos. “Se determinaron faltas administrativas consistentes en adjudicación de un contrato mediante invitación a cuando menos tres personas cuando se tenía que haber realizado una adjudicación mediante Licitación Pública”, apunta una auditoría. Como un mapa del dinero perdido entre los vericuetos de la Administración pública, el documento señala que el Ejecutivo estatal admitió obras públicas que fueron realizadas con baja calidad. “El Gobierno del Estado de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa, ya que se observó mala calidad en una obra, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,242.1 miles de pesos”.

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