Las fosas clandestinas más grandes de América Latina llegan a La Haya

Era estudiante de enfermería y tenía 21 años. El 30 de noviembre de 2012 estaba a escasos metros de su casa en la colonia Morelos, en la ciudad Cardel, en Veracruz, en México. Eran alrededor de las 11.30 de la noche y hablaba con un amigo cuando llegaron elementos de la policía estatal. Se los llevaron junto a otras seis personas. El Ministerio Público no aceptó la denuncia de desaparición de sus familias hasta 72 horas más tarde. En las oficinas de la Marina, un funcionario les aconsejó que dejaran de buscar porque “entre los que se llevaron había gente mala”. Los dos jóvenes aparecieron cuatro años más tarde en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, también en Veracruz, junto a otros 303 cuerpos. Sus casos, desde esta semana, están en la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el colectivo Solecito han entregado este martes el informe, en el que se documentan 22 desapariciones forzadas a manos de las autoridades de Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte (2010-2016), para solicitar que estos crímenes se consideren de lesa humanidad. 22 es un número pequeño, concreto, que no abarca la magnitud de la tragedia. En México hay 106.000 personas desaparecidas, 7.400 en Veracruz, 615 cráneos se encontraron en las fosas de El Arbolillo y Colinas de Santa Fe, las más grandes de América Latina, solo unas decenas fueron identificados, apenas unos cuantos han llegado esta semana al alto tribunal internacional.

Un grupo de mujeres del colectivo Solecito han cruzado el océano para llevar los casos de sus hijos, sus hermanos, sus maridos hasta La Haya. Lucía Díaz, madre de Luis Lagunes, desaparecido desde el 2013, y fundadora de colectivo afirmó frente a la escultura las Alas de México de la ciudad europea: “Nosotras acusamos lesa humanidad porque ha sido sistemático, contra un grupo particular de la población, y ha sucedido con la participación de elementos del Estado”.

Los datos del informe de la FIDH apuntalan esa idea: los 22 casos documentados ocurren entre febrero de 2011 y de julio de 2016; todos son detenidos en Puerto de Veracruz o localidades cercanas; el 70% son hombres menores de 40 años; la mayoría estudiantes o taxistas, electricistas, mecánicos; todos fueron desaparecidos por las propias autoridades del Estado. En resumen, jóvenes que fueron detenidos de forma arbitraria por la policía y ya jamás regresaron.

Leticia Maldonado ha tomado este miércoles la palabra en la presentación del informe por videoconferencia. Ha sido breve, no quería llorar, ha dicho. Se llevaron a su hijo Lucio Seguro en septiembre de 2015. Los agentes comían, veían tele, se contaban chistes cuando ella quiso poner la denuncia. Buscó sola en todos los talleres —su hijo era mecánico— y todavía hoy no ha logrado tener un expediente de su caso. “Me dijeron que se lo llevó un comandante de la policía estatal, nunca supe nada”, dice con el micrófono en la mano y todavía entera, “cuando Duarte se iba, yo le gritaba que no se fuera, que no se fuera porque antes tenía que regresarme a mi hijo”.

Es la quinta ocasión que la FIDH recopila testimonios y pruebas para pedir al alto tribunal internacional que abra un examen preliminar sobre los delitos cometidos en México. Lo hizo antes por los asesinatos y violaciones en Baja California entre 2006 y 2012, por los homicidios y torturas de Coahuila en 2017 y por las desapariciones masivas de Nayarit también en 2017. “La situación más grave en término de derechos humanos de toda la región de América Latina es la mexicana”, ha dicho este miércoles Jimena Reyes, directora de la FIDH en las Américas, “y es un fenómeno todavía actual y en esta crisis Veracruz ejemplifica el gran problema de las desapariciones forzadas”.

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