La lucha contra las granjas porcícolas de Yucatán toca a las puertas de la Suprema Corte

El rechazo de los pueblos mayas de la península de Yucatán a las granjas porcícolas vuelve a tocar a las puertas de la Suprema Corte de Justicia. Esta semana, la comunidad de Sitilpech, de apenas 1.400 habitantes, pidió al máximo tribunal que atraiga el caso que inició el año pasado contra la granja de 48.000 cerdos que se instaló a un kilómetro de su territorio y que, según la propia Comisión Nacional del Agua, está contaminando las aguas subterráneas de las que dependen para regar sus cultivos y bañarse. “Queremos que se quite definitivamente la granja. Nos van a quitar el agua y es lo único que tenemos allá en Yucatán”, dijo Alejandro Pech, uno de los indígenas mayas que se ha levantado contra la explotación.

El caso se suma a una creciente lista de batallas legales emprendidas por comunidades de la península de Yucatán que están sufriendo los estragos de tener una granja industrial de cerdos como vecina. El más paradigmático de esos casos fue el de Homún, abanderado por un grupo de niños que reclamaba su derecho a un medio ambiente sano. Pero también han llegado a los reflectores públicos casos como los de Kinchil o Chapab. A todos ellos les une la misma preocupación: la contaminación del manto acuífero por las descargas de excrementos y orines de miles de cerdos sobre el suelo kárstico, sumamente poroso, de la península de Yucatán, que además alberga la mayor reserva de agua dulce del país.

La lucha de Sitilpech comenzó en julio del año pasado. La granja se había instalado hacía más de cuatro años, pero las alarmas se dispararon cuando las autoridades le otorgaron un permiso para más que duplicar el número de cerdos, desde 22.000 hasta 48.000. Entonces fue cuando los fuertes olores empezaron a invadir el patio de la escuela, a colarse en las casas. Cuando las aguas de los cenotes de la zona se empezaron a tornar oscuras y les empezó a dar miedo regar sus cultivos con ellas. Presentaron una demanda con la ayuda de la organización en defensa de los derechos humanos Kanan y obtuvieron una victoria tras otra: el juez de distrito no solo admitió la demanda, sino que les otorgó una suspensión provisional y después una definitiva.

Pero la empresa no tardó en responder. Productos Pecuarios para Consumo, vinculada a la todopoderosa Kekén - la mayor productora de carne de puerco de México-, interpuso una queja para echar por tierra el juicio de amparo, que ahora ha caído en manos del tribunal colegiado penal y administrativo de Yucatán. Esto es lo que más preocupa ahora a los demandantes, debido a que esa misma corte, en concreto el magistrado Jorge Eden Wynter, ya resolvió sobre un caso parecido en el pasado, el de la comunidad de Chapab, y le dio la razón a la granja. Allí se acabó un juicio de amparo que, al igual que el de Sitilpech, había conseguido suspensiones provisionales y definitivas.

“Pensamos que el juez va a resolver en el mismo sentido, porque en los tribunales colegiados de Yucatán se usan argumentos obsoletos y se desconocen los estándares nuevos en materia de derecho al medio ambiente. Ese es el temor que tiene la comunidad y la razón por la que le estamos pidiendo a la Suprema Corte que atraiga el caso”, aseguró Janet Medina, abogada de Kanan. Pero la petición al máximo tribunal va más allá del caso específico de Sitilpech. Lo que están buscando es que se establezca un precedente que impida que se puedan revertir juicios de amparo “que le impidan a las comunidades hacer efectivos sus derechos a un medio ambiente sano y a la consulta”.

El proceso legal de Sitilpech consiguió que inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tomasen pruebas de las descargas realizadas por la granja y confirmasen que éstas superaban los límites permitidos por la legislación mexicana. “Había elevación de coliformes fecales, que son bacterias que causan infecciones gastrointestinales, había elevación de fósforo, grasas, aceite… varias sustancias que son tóxicas en altas cantidades para las personas”, explicó Medina. A raíz de esas muestras, la Conagua le revocó los permisos de carga y descarga de aguas a la granja.

Pese a la falta de esos permisos y a las suspensiones del juez de distrito, acusan los abogados, la explotación continúa operando. Según Roberto Sánchez, también de Kakan, lo hace bajo el amparo de las autoridades locales y estatales, que han estado apoyando a esta industria en la región. “Hay una total agenda por parte del gobernador Mauricio Vila para favorecer a estas empresas porcícolas. En muchos casos, estas granjas ya están contaminando el agua que la comunidad consume y, cuando la gente pregunta si tienen estudios ambientales, las autoridades dicen que no saben o sencillamente les niegan esa información”.

Según un estudio de 2020 elaborado por la organización ambientalista Greenpeace, en la península de Yucatán hay 257 granjas, pero solamente 22 de ellas cuentan con estudios de impacto ambiental. El Estado de Yucatán es el tercero del país con mayor producción de carne de puerco, solo por detrás de Jalisco y Sonora, y las tasas de crecimiento de esa industria se han disparado en los últimos tiempos: entre 2006 y 2018 el aumento fue casi del 40%. Junto con investigadores de la Universidad Autónoma de Campeche, la organización también analizó la calidad del agua en cinco pozos y un cenote cercanos a granjas porcícolas en el Estado de Yucatán. Y los resultados no fueron alentadores: todos ellos excedían los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas.

Ahora, la comunidad de Sitilpech tiene todas sus esperanzas puestas en que la Suprema Corte analice su caso para tratar de evitar que esa granja de casi 50.000 cerdos siga contaminando sus pozos y cenotes.

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