Un juez frena la multa de 9.000 millones de pesos a Iberdrola en México

Iberdrola no tendrá que pagar, por ahora, la histórica multa de 9.145 millones de pesos, unos 466 millones de dólares, impuesta por el regulador energético de México. Un juez otorgó el miércoles una suspensión definitiva sobre el pago mientras dura el juicio de amparo, según recoge el expediente público y relatan a este periódico fuentes conocedoras del caso. La multinacional española reclamaba la suspensión como medida cautelar frente a la sanción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El enfrentamiento legal tiene como fondo el pulso entre el Gobierno mexicano y las empresas del sector.

La suspensión definitiva supone una primera victoria para Iberdrola, el principal productor privado de energía en México. Sin embargo, la CRE aún puede impugnar la decisión ante un tribunal superior, por lo que la batalla legal se prevé larga. La cuantiosa multa que busca recolectar el regulador mexicano representa casi la mitad de los beneficios netos que la multinacional reportó a escala global para el primer trimestre del año. En septiembre, se celebrará una audiencia para abordar el fondo del asunto: la legalidad de la operación de una de las numerosas plantas que Iberdrola tiene en el país.

El litigio parte de una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal, contra una planta de ciclo combinado de la multinacional en Monterrey. Esta central opera bajo una sociedad de autoabastecimiento, un esquema por el que una empresa privada puede suministrar energía a comercios y fábricas que figuran como socios. El autoabastecimiento se creó en los años 90, durante la apertura económica de México, para facilitar el acceso del sector privado a energía más barata que la ofrecida por la compañía paraestatal.

Tras recibir la denuncia, la CRE solicitó facturas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que prueban, asegura, que Iberdrola recibía pagos por suministrar electricidad a sus socios. En la interpretación del regulador, la ley del sector no permite a las generadoras privadas recibir una contraprestación. En su opinión, la norma solo contempla la posibilidad de vender electricidad a la CFE y eso cuando existan excedentes o haya una situación de emergencia.

Frente a estos argumentos, Iberdrola defendió ante el regulador la legalidad de su operación en Monterrey porque la ley, dice, no impide expresamente la compraventa de energía entre la planta privada y los socios de una sociedad de autoabastecimiento. La norma prohíbe, según la multinacional, que se venda energía a empresas que no son socias en el esquema de autoabastecimiento. Pese a esta postura, la CRE dio la razón a la CFE e impuso la multa a finales de mayo. Tres semanas después, Iberdrola respondió con la presentación de un amparo ante los tribunales.

Detrás de esta batalla judicial está el intento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por limitar la participación privada en el sector energético y fortalecer a la CFE. Aunque la reforma constitucional eléctrica propuesta por el Ejecutivo fue rechazada por la Cámara de Diputados en abril, las autoridades buscan ahora revertir mediante procesos administrativos ciertos permisos que consideran ilegales. Los esquemas de autoabastecimiento, el primer objetivo de estos esfuerzos, han privado a la CFE de potenciales clientes empresariales que ahora esta busca recuperar. Según la paraestatal, estas sociedades abastecen a unos 77.000 clientes, entre comercios y fábricas.

Iberdrola ha sido denostada repetidamente por el mandatario, quien la ha acusado de corrupción. Le ha afeado, además, el nombramiento del expresidente Felipe Calderón, uno de los críticos más vocales de la actual Administración, como consejero de una filial hace varios años. Sin embargo, la denuncia contra la multinacional española no fue la única presentada por la CFE ante la CRE. De hecho, su director general, Manuel Bartlett, advirtió recientemente que demandarían por daños y perjuicios al resto de las 110 sociedades de autoabastecimiento que considera “ilegales”. El regulador, un ente supuestamente autónomo, es visto como un aliado clave en la agenda energética de López Obrador.

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