El ‘caso Ayotzinapa’ quedará resuelto este año: ¿especulación de López Obrador o posibilidad real?

Inaugurados la refinería de Dos Bocas y un nuevo aeropuerto para Ciudad de México, el Gobierno pone ahora sus ojos en solventar el caso Ayotzinapa, uno de las promesas de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada, el mandatario sorprendió a más de uno al declarar que el caso quedaría resuelto este año. “Es de los compromisos que hice que no he podido cumplir”, dijo. “Ya tenemos muchos elementos, pero no queremos apresurarnos (...) Ya sabemos lo que sucedió. Faltan algunas cosas, pero ya tenemos mucho avance”, añadió.

López Obrador imponía así un calendario a los investigadores, que batallan con un enorme y creciente rompecabezas de múltiples dimensiones: el mismo ataque contra los estudiantes normalistas en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, la desaparición de 43, la actuación de la autoridad durante el ataque y, luego, en los primeros momentos de la investigación, la entrada en escena de las fuerzas federales, la presunta construcción posterior de una narrativa que más tarde se denunció como falsa, etcétera.

Hasta ahora, la unidad especial de la Fiscalía encargada de las pesquisas ha vivido ajena a la grilla política, volcada en la presencia creciente del Ejército en la vida pública y las obras mastodónticas del Gobierno. Las declaraciones del presidente pone a los investigadores, sin embargo, en el ojo del huracán. Sus errores y aciertos son ahora los del Ejecutivo, situación arriesgada por la tentación de fundir tiempos procesales y políticos.

Fuentes cercanas a la investigación informan a EL PAÍS de los avances, tanto en la parte de las pesquisas que apuntan al ataque y desaparición de los estudiantes, como a la del relato de los hechos de la Administración pasada, que califican de montaje. En las últimas semanas, los investigadores han recibido nueva documentación del Ejército, alrededor de 1.600 folios de “análisis de inteligencia, documentos de búsqueda y notas informativas”, y de la oficina de la DEA en Chicago, donde figura toda la información acumulada en el proceso contra la célula local del grupo criminal Guerreros Unidos. “Los nuevos documentos de Chicago son buena evidencia de cómo funcionaba el grupo, las luchas internas por el control de sus actividades, sus apoyos institucionales y de su propia destrucción posterior”, señalan dichas fuentes.

La nueva investigación del caso Ayotzinapa cumple ahora tres años. Su mayor éxito ha sido el hallazgo de restos de dos de los 43 estudiantes desaparecidos, Christian Rodríguez y Jhosivanni Guerrero, en 2020 y 2021. Ya son tres identificados en total, con el controvertido caso de Alexander Mora, en 2014. También, la detención o mantenimiento en prisión de alrededor de 70 personas -llegaron a haber 142 presos por este caso, según explicó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hace tres años-, entre ellas los hermanos Casarrubias, dirigentes de Guerreros Unidos, varios de sus principales operadores en el terreno, decenas de policías de Iguala y Cocula y antiguos funcionarios de la vieja Fiscalía federal.

La principal tarea pendiente apunta al relato, una explicación lo más completa posible de lo que pasó, los motivos del ataque, el posible destino de los muchachos. La extradición a México de Tomás Zerón, arquitecto de la supuesta falsa narrativa de lo ocurrido entonces, y el papel de su superior directo, Jesús Murillo, figuran también en la carpeta de exigencias de las familias de los normalistas.

Las mismas fuentes mencionadas arriba señalan además que los contactos del Gobierno federal con Zerón se han mantenido, después del viaje a Israel a principios de año del subsecretario Encinas. Hay dos posibilidades. Una, que el mismo Zerón asuma la extradición por los cargos pendientes de tortura y desaparición forzada en el marco del caso Ayotzinapa, etapa previa a su previsible conversión en testigo colaborador de la Fiscalía. La otra es que el exfuncionario pelee su extradición en Israel, país al que huyó en 2019.

El ataque y la desaparición

Es la pregunta del millón. Si los estudiantes no murieron asesinados y sus cuerpos no fueron quemados en el basurero de Cocula, cerca de Iguala, lugar del ataque, entonces, ¿qué pasó? El derrumbe de la célebre verdad histórica, la narrativa con que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) trató de cerrar el caso Ayotzinapa, inquieta a las familias de los 43. Huérfanos de explicaciones, insisten en que les cuenten qué pasó con los suyos. El hallazgo de restos de Guerrero y Rodríguez en un paraje alejado de los focos, la barranca de la Carnicería, ha puesto las bases de un nuevo relato que, de momento, no acaba de concretarse. La búsqueda de la Fiscalía continúa en la barranca.

La Comisión presidencial que investiga el caso, la unidad especial de la Fiscalía y el grupo de expertos que la CIDH comisionó a México para ayudar en las pesquisas manejan, sin embargo, algunas certezas. Fuentes cercanas a la investigación asumen que la red criminal que atacó a los muchachos armó tres grandes grupos. Al primero, de entre 15 y 20 estudiantes, se lo llevaron de uno de los escenarios de la cacería, el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico, cerca del centro de Iguala. Al segundo, integrado más o menos por la misma cantidad de normalistas, se lo llevaron del segundo escenario principal, el Palacio de Justicia. El tercero, de entre 10 y 15, es el grupo de los “levantados”, muchachos que la red criminal detuvo en diferentes puntos del municipio y luego desapareció.

Respecto al primero, los investigadores tienen claro que César Nava, jefe de policía de Cocula, uno de los perpetradores del ataque, estuvo con el grupo en Barandilla, una instalación de la Policía de Iguala, que funcionaba, entre otras cosas, de depósito de automóviles y motos. En ese grupo estaban supuestamente Rodríguez y Guerrero. Los investigadores tienen claro que a los 15 se los llevaron rumbo a Cocula, por Loma de Coyotes, una colonia a las afueras de Iguala. Por testimonios recogidos estos años y el total de huesos rescatados de la Carnicería, asumen que al menos a cuatro de los 15 los habrían asesinado y luego quemado. Luego, integrantes de Guerreros Unidos habrían esparcido sus restos por la barranca y otros lugares.

La duda es si solo fueron cuatro o si en realidad fueron más. En los años de Peña Nieto, la barranca nunca se investigó a profundidad. La vieja Fiscalía, con Murillo Karam y Zerón al mando, privilegió la narrativa del basurero, versión que construyeron a base de torturar a decenas de detenidos, principalmente, señalan los investigadores, a la célula de Cocula de Guerreros Unidos, integrada por Felipe Rodríguez, El Cepillo, Agustín García Reyes, El Chereje, Jonathan Osorio, El Jona, o Miguel Ángel Landa, El Duva, entre otros. Todos ellos dependían de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los testigos protegidos de la actual administración de la Fiscalía.

Declaraciones de sobrevivientes, de integrantes de Guerreros Unidos y de otros testigos, señalan que las órdenes de atacar a los muchachos salieron de la familia Casarrubias, con Sidronio al frente, actualmente en prisión. El motivo, una presunta invasión de un grupo rival, en teoría Los Rojos, con mucha presencia en aquella época en el sur de Morelos y el norte de Guerrero. Sidronio habría ordenado el ataque a su lugarteniente en Iguala, Juan Salgado, alias El Indio, muerto a balazos el año pasado, durante un operativo que la Fiscalía federal armó para detenerle. De cualquier manera, las órdenes habrían bajado de El Indio a otra célula de Guerreros Unidos, Los Tilos, que habrían perpetrado el ataque junto a policías de Cocula e Iguala, al menos en las primeras horas.

Del segundo y tercer grupos de estudiantes hay más dudas. Las mismas fuentes mencionadas arriba señalan que los estudiantes desaparecidos en el Palacio de Justicia podrían haber sido conducidos a Barandilla, aunque también al sur, a pueblos como “Huitzuco, Tepecoacuilco, Mezcala, Sabana Grande o Coacoyula”. En las búsquedas realizadas estos años en varios de esos puntos, ni la Fiscalia ni la comisión presidencial han encontrado nada. Ahora, los ojos están puestos en Coacoyula, unos kilómetros al norte de Mezcala. Del grupo de “levantados” tampoco hay pistas, aunque los investigadores manejan un par de ideas, los diferentes señalamientos a Taxco, al norte de Iguala, de varios testigos y presuntos atacantes, y la certeza de que los perpetradores usaron alguna de las incineradoras de las funerarias de Iguala para desaparecer cadáveres. La pregunta, claro, es cuantos y de quiénes.

La verdad histórica

A diferencia de la parte de la investigación sobre la desaparición y el destino de los 43, la que apunta a la construcción de la narrativa del basurero parece cada vez más sólida. Pendiente de Zerón y de Murillo Karam, la Fiscalía ha trabajado estos años en los procesos contra los eslabones de la cadena de mando que apuntalaron formalmente el relato de la vieja Fiscalía, caso de peritos, ministerios públicos y policías ministeriales. La semana pasada, un juez pidió la detención también del jefe de la unidad antisecuestros de la Fiscalía entonces, Gualberto Ramírez, por un caso de tortura. Ramírez, primer encargado de las pesquisas de la vieja Fiscalía, ha acumulado dos órdenes de detención más estos días por otros dos casos de tortura en el marco de la investigación por el ataque contra los normalistas.

A día de hoy, hay dos situaciones que emergen como posibilidades reales, de acuerdo con las fuentes consultadas. La primera, que desde los primeros momentos hubo comunicación entre la Procuraduría de Guerrero y otras autoridades federales y Guerreros Unidos para tratar de encontrar estudiantes vivos. Los investigadores estatales asumieron el caso durante los primeros días después del ataque. La sospecha además es que agentes de la dependencia intervinieron también en una de las patas vitales de la vieja narrativa, el hallazgo de huesos de Alexander Mora en el río San Juan, situación que la actual administración de la Fiscalía considera un montaje. Uno de los personajes en la mira por ese asunto es el procurador de Guerrero entonces, Iñaki Blanco, que hasta el momento ha negado implicación alguna.

La segunda posibilidad atañe a la forma de operar de las fuerzas federales antes incluso de que asumieran oficialmente el caso, en los primeros días de octubre de 2014. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, cada agencia de seguridad, la vieja Fiscalía, la Policía Federal, la Marina, el Ejercito y el CISEN -los servicios de inteligencia- investigaron en paralelo el caso. De ahí, por ejemplo, que la Marina llegara al basurero de Cocula antes incluso que la vieja Fiscalía, como develó el grupo de expertos de la CIDH; que el CISEN grabara en vídeo los interrogatorios en que fiscales, caso de Ramírez, torturaron a detenidos; o que el Ejército, en su propio archivo, hablara de “la verdad de la PGR”, en referencia a las pesquisas de la vieja Fiscalía, según las mismas fuentes.

Los investigadores han recibido en las últimas semanas además nueva información del Ejército, “más de 1.600 folios con análisis de inteligencia, documentos de búsqueda y notas informativas”, según una fuente cercana a las pesquisas, elaborados por una veintena de integrantes de la Secretaría de la Defensa, que recogen el actuar de la dependencia desde la noche de los hechos hasta finales de octubre de 2014. Falta por ver si la dependencia manda nuevos documentos, con intercepciones de comunicaciones a integrantes de la red criminal de Iguala, como las divulgadas en octubre pasado.

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