La falta de presupuesto ahoga a los refugios para mujeres víctimas de violencia en México

En México las cuentas no cuadran en los refugios para mujeres víctimas de violencia. Siete meses después del comienzo del año, los fondos públicos federales han comenzado a caer a cuentagotas. Aunque el Gobierno de López Obrador a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) asegura a este diario que se ha liberado el 100% de primera parte de los 420 millones de pesos (20,5 millones de dólares) asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, algunos albergues y centros de atención externa adscritos a la Red Nacional de Refugios denuncian que no han recibido el dinero, un recurso fundamental para su funcionamiento y la protección de las mujeres.

De acuerdo a estimaciones y testimonios recogidos por la Red Nacional de Refugios (RNR), una de las instituciones más sólidas en México que acoge a víctimas de maltrato desde hace décadas, aproximadamente el 15% de los refugios, mayoritariamente de Gobierno, no cuentan con la transferencia de la primera ministración a fecha 7 de julio, como es el caso del que depende del Instituto de las Mujeres en Mérida (Yucatán), el del Sistema Municipal DIF Xalapa (Veracruz), y el Refugio del DIF en Durango (Durango). También hay por lo menos, dos de sociedad civil que no han recibido el primer pago, uno de ellos localizado en Coahuila. “Mientras falte un refugio, ya sea de sociedad civil o de Gobierno sin recibir el presupuesto, no se puede hablar de un 100% en las transferencias”, responde Wendy Figueroa, directora de RNR.

De ese presupuesto esperado con ansias salen los sueldos de las psicólogas, las cocineras, los chóferes, las abogadas, las enfermeras y las trabajadoras sociales que atienden a las mujeres víctimas de violencia y a sus familias. También sale el recibo de la luz, el agua, el gas y la comida. La asfixia por motivos económicos no solo se nota en las paredes, los techos o la falta de mantenimiento en las fosas sépticas, también en las deudas que los refugios acumulan con proveedores. El personal que trabaja en estos centros lleva sin recibir su salario desde el mes de marzo o principios de año. Meses de incertidumbre que han obligado a quienes gestionan los refugios a hacer malabares para estirar el presupuesto lo más que se puede. Solo en los primeros cinco meses del año la RNR atendió a 15.987 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencia.

Las cifras gubernamentales señalan un aumento del presupuesto para los refugios este año, un 0,04% más que en 2021. Una cifra que no alcanza para mucho si se tiene en cuenta la inflación de casi el 8% ― del 12% en el caso de los alimentos―. “Con lo que comprábamos tres kilos de huevo en 2021, este año solo alcanza para comprar la mitad”, dice Mayela Chávez, directora de un refugio en Coahuila. “Hay que encontrar la manera de conseguir el recurso porque no vamos a dejar de atender a las mujeres que requieren ayuda profesional”, agrega Marilú Rasso, titular de un albergue en Ciudad de México, quien pidió ayuda al banco de alimentos para evitar quedarse sin comida los meses más difíciles. “De lo que hemos analizado, el 85% de los refugios y centros externos recibieron menos que el año pasado en la primera ministración”, agrega Figueroa.

Del otro lado, los centros que van recibiendo los fondos cuentan cómo hacen uso del primer pago: “Este mes han liberado el presupuesto, pero no nos dejan pagarlo de golpe, lo tenemos que ir abonando poco a poco, por cuestiones de normativa. Por lo menos ya tenemos la certeza de que el dinero está ahí”, decía a este diario Jonathan Villalba, director de un centro en Morelos.

Desde los albergues denuncian que este año el presupuesto alcanza para menos si se toma en cuenta que el padrón de refugios aumentó en 2022 con nuevos centros que han tenido que repartirse casi el mismo dinero. De 70 refugios y 30 centros, en 2021; a 75 refugios y 35 centros de atención externa, en 2022. “Me parece una medida engañosa porque se busca generar la percepción pública de que hay más dinero para más refugios, pero habría que subir el presupuesto para no descobijar a los que ya estaban recibiendo el apoyo”, declara Rasso.

Sumado a lo anterior, desde Conavim explican que la ralentización en la transferencia de recursos se debe a la migración tanto del programa de refugios como el de Apoyo a Instancia de Mujeres de las Entidades Federativas (Paimef) operados antes por el Instituto de Desarrollo Social, de la Secretaría de Bienestar y ahora por ellos, que dependen de la Secretaría de Gobernación (Segob). “En menos de tres semanas se dictaminó el 95% de los proyectos presentados para ingresar al programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, señalaba Conavim en un comunicado del 19 de junio.

Desde la Red de Refugios y algunas voces del movimiento feminista consideran que el momento no era “óptimo” para realizar el traspaso de poderes. De forma paralela, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados dió un toque de atención a la Segob sobre este tema a través de un exhorto para que “continúe con la vigilancia y ministración en tiempo y forma de los recursos etiquetados en el programa de refugios del Ejercicio fiscal de 2022″. Desde Conavim aseguran que la segunda parte de los recursos (el 40% del total) será liberado en torno al mes de septiembre.

Con 10 asesinadas cada día, las consecuencias de la falta de presupuesto pone en juego las vidas de mujeres y niñas. Algunos de estos albergues se encuentran rebasados y por encima del 100% su capacidad, como en Coahuila. Durante los primeros cinco meses del año y de acuerdo a datos oficiales, el número de emergencias 911, recibió 141.160 llamadas de auxilio por delitos de violencia machista. Muchas de esas mujeres que denuncian, acaban en un refugio. 30% dijo vivir violencia sexual; 24% denunció haber sido víctima de violencia física y 38% violencia psicológica. La Red de Refugios señala que entre 2020 y 2021 la atención a mujeres sobrevivientes de violencia aumentaron un 50% en México. “La burocracia no puede estar por encima de los derechos humanos; los recursos no pueden darse a cuentagotas porque a las mujeres las siguen maltratando”, condena Wendy Figueroa.

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