El conflicto entre Gertz y su familia política plantea una revisión de la Fiscalía: “Es un Leviatán constitucional”

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el pasado lunes tumbó el caso del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, contra su familia política ha sumido al organismo en la incertidumbre. Pero más allá del revés que supone para el procurador, lo sucedido muestra las carencias estructurales de un sistema que fue reformado recientemente y que acabó concentrando un enorme poder en el ministerio público, una suerte de cuarto poder sin apenas contrapesos. Para el abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha “la Fiscalía General de la República salió lastimada, profundamente lastimada”, aunque resalta en conversación con EL PAÍS que el origen del problema en este conflicto estuvo en la Fiscalía de Ciudad de México y en el poder judicial local.

La transición de la Procuraduría General de la República, que era un despacho del Ejecutivo federal, a la Fiscalía, un organismo constitucional autónomo, no ha tenido un desarrollo legal pleno, según varias organizaciones de juristas que hace un año, cuando se debatió en el Congreso la nueva Ley Orgánica de la FGR, llegaron a presentar quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En opinión de Pérez de Acha la institución es “un Leviatán constitucional”. En la práctica, según esa norma el fiscal sólo puede ser removido por la persona titular del Gobierno “por causas graves” o “por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva”. El artículo 110 de la Constitución prevé también la celebración de juicios políticos en el legislativo que quedarían en agua borrajas, por ejemplo, con la actual composición del Congreso. Además, la interpretación de la autonomía ha llevado, de facto, a “reducir los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, según denuncia el último balance de la organización México Evalúa.

Pérez de Acha recuerda que “desde la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 ya tenemos ocho años con este modelo, aunque se implementó en diciembre de 2018″. Hubo quienes dijimos que el diseño era perverso. Después entramos en un impasse porque una disposición constitucional establecía que quien entonces fuese procurador general de la República de forma automática sería el fiscal general de la República. Se entró en un impasse farragoso, polarizado, de si correspondía o no correspondía. A eso se sumaron el caso Odebrecht y otros, y el entonces procurador general renunció a la posición”, señala el abogado. “Pero lo que sí quedó en ese momento fue el hecho de que el modelo tendría que perfeccionarse. Quienes lo diseñaron tenían un propósito, desde mi punto de vista avieso, malintencionado, porque así se designaban fiscales generales de la República como un monstruo constitucional”.

El jefe de la Fiscalía es Gertz Manero desde enero de 2019. Propuesto por el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y designado por el Senado, hoy se encuentra en el ojo del huracán también por las acusaciones -formuladas públicamente por Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia- de haber tratado de maniobrar desde su posición en el caso contra su sobrina política, Alejandra Cuevas, y la madre de esta, Laura Morán, por la muerte de su hermano Federico Guertz. Pero el problema, según Pérez de Acha, va más allá. “No es de personas. Por eso mi reflexión es que quitemos de la variable a Gertz Manero y vayámonos a la institución. Va a llegar otro fiscal general y va a tener las mismas atribuciones, pasiones, intereses o como se los quiera llamar. ¿Y qué vamos a hacer con los otros 32 operarios a nivel local?”, se pregunta en referencia a las fiscalías de las entidades.

Los tiempos son otro factor que genera dudas. “El mandato es de nueve años, es decir, un 50% de tiempo más que el sexenio de un presidente de la República, cuando en México históricamente se ha confirmado que el periodo razonable, recomendable, constitucional son seis años”. En definitiva, enfatiza el jurista, la autonomía constitucional del organismo “ha puesto en términos jurídicos y de facto a una sola persona con un poder inconmensurable de afectar la libertad y el patrimonio, la tranquilidad, el sueño de las personas acusadas y de sus familias”. La premisa de la reforma, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (PRI), fue la “quitarle ese poder al presidente y santificar a la institución dándole una autonomía constitucional y nombrando a una persona. Y la parte más peligrosa es que este modelo no tiene pesos y contrapesos, y se está viviendo ahora. Nadie le pone el dedo en la llaga y le exige cuentas por cómo están los índices de criminalidad. Nadie le reclama que no haya completado la normatividad a la que está obligado desde el punto de vista legal y constitucional. Eso no está completo, normativamente está desajustado. No hay un plan adecuado de persecución fiscal, no hay un estatuto orgánico publicado adecuadamente. Es decir, hay serias carencias”, concluye.

Pérez de Acha cree que es “el momento de abrir la reflexión y dejar de lado si es tiempo o no de remover al fiscal”. “Vayamos a lo estructural. Hay una situación de crisis que se irradió a la Suprema Corte de Justicia, hay una crisis constitucional autogenerada en la Ciudad de México. Hay una deficiencia institucional porque no se ha terminado de armar la cuadratura orgánica, funcional, normativa de la Fiscalía General de la República. Hay que levantar la mirada. ¿Qué Fiscalía queremos en 10, 20, 30 años en un país como México, en donde los niveles de impunidad son elevadísimos a nivel nacional y estatal?”. Es, en su opinión, el debate central.

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