El Instituto de Transparencia rechaza la solicitud de López Obrador para investigar los ingresos de Loret de Mola

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha desestimado este miércoles la petición de Andrés Manuel López Obrador para investigar los ingresos y los bienes del periodista Carlos Loret de Mola. El presidente remitió el lunes una carta al órgano autónomo en la que solicita formalmente determinar “el origen de la riqueza” del comunicador, sus socios y familiares y hacerla pública. La institución señala en su resolución que “no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada” y recomienda al mandatario requerir información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a los registros públicos de la propiedad a través de los formularios de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El INAI es el organismo garante del acceso a la información pública y su comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, ha argumentado que para emitir un pronunciamiento sobre el contenido de la solicitud de López Obrador “es necesario que los sujetos obligados que cuenten con la información ahí referida resuelvan sobre su existencia en los archivos a su cargo”. El jefe de Estado se dirigió al instituto “como ciudadano y presidente de la República” y le consultó también sobre la legitimidad de difundir facturas y comprobantes de ingresos de Loret de Mora que, afirmó, le hicieron llegar “unas personas anónimas”.

La motivación de la solicitud no es un misterio y el propio mandatario sostiene que el comunicador, muy crítico con la llamada Cuarta Transformación, busca socavar su autoridad moral. En las últimas semanas el periodista ha publicado en su portal, Latinus, unas investigaciones que relacionan a un hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, con Baker Hughes, una compañía contratista de Pemex. Ya el pasado viernes el presidente exhibió durante la conferencia de prensa mañanera una lámina improvisada por sus colaboradores comparando su salario con el del informador. La cadena W Radio, una de las emisoras de PRISA, empresa editora de EL PAÍS, y de la que Loret es colaborador, manifestó en un comunicado que “se trata de un precedente alarmante, por venir del funcionario de mayor jerarquía del Gobierno mexicano”.

El Instituto de Transparencia ha advertido a este respecto de que “cualquier autoridad del Estado mexicano tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de datos personales que tenga en su posesión”, un derecho consagrado en los artículos 6 y 16 de la Constitución. Es decir, si López Obrador desea difundir datos de Loret debe primero contar con su consentimiento. El periodista rechazó de forma tajante la difusión de sus datos y ha tachado algunos de “falsos”.

La respuesta del INAI es un hecho insólito así como lo es la misma solicitud del presidente, que en el pasado ha manifestado dudas sobre esa institución al igual que ha cuestionado la utilidad de otros órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE). En sus últimas comparecencias, ha intensificado las presiones en su contra. “Por ética ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, [Joaquín] López-Dóriga, Ciro [Gómez Leyva], Carmen Aristegui. Cuánto ganan; a lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber... Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados”, ha afirmado este miércoles.

Al mandatario no le vale el argumento de que no son funcionarios. “¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos?”, se ha preguntado. “Dicen ‘es que ellos son privados’. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos, y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo”, ha continuado López Obrador. La batalla del Gobierno con los organismos autónomos ha pasado por momentos de máxima tensión con el INE y de fricción con el Banco de México. Este caso abre la puerta a un desencuentro con el INAI. Recientemente el instituto protagonizó un pulso con el Ejecutivo al impugnar el decreto que blinda proyectos estratégicos de infraestructuras como el Tren Maya como asunto de seguridad nacional. El propósito del procedimiento legal era que la transparencia de esas obras no se viera afectada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón, echando por tierra una parte del acuerdo.

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