El Gobierno detiene a los tres presuntos sicarios que asesinaron a Lourdes Maldonado y reconstruye sus últimos minutos con vida

Los tres sicarios que asesinaron a balazos a la periodista Lourdes Maldonado a las puertas de su casa en Tijuana han sido detenidos la madrugada de este miércoles. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la captura durante la conferencia mañanera, aunque todavía a más de dos semanas de lo sucedido ninguna autoridad ha informado sobre quién dio la orden de acribillarla ni por qué, tampoco una posible línea de investigación. Pese a las promesas de impunidad cero ante los casos de los ataques a la prensa en lo que va de año y la reconstrucción de los últimos instantes de su homicidio, el caso de Lourdes Maldonado corre el mismo riesgo de quedar impune para los autores intelectuales, como ha sucedido con decenas de compañeros asesinados.

Maldonado fue asesinada de un balazo en el rostro cuando regresaba a su casa el pasado 23 de enero alrededor de las 19.50. La reportera, que hacía tres años había acudido a una mañanera de López Obrador para advertirle de que temía por su vida, estaba todavía en su cochecito rojo y ahí fue asesinada antes de que le diera tiempo a apagarlo y bajarse del vehículo. Su muerte se producía solo seis días después de que el gremio de Tijuana se despidiera conmocionado por el asesinato de otro compañero, Margarito Martínez, también a las puertas de su casa. El escándalo de los dos crímenes contra la prensa en la misma ciudad convirtió a Tijuana en el símbolo de la violencia contra los periodistas y rescató los peores años del terror contra el oficio.

La muerte de Maldonado apuntó directamente hacia un hombre, el exgobernador Jaime Bonilla, del mismo partido de López Obrador. La periodista llevaba nueve años de batalla legal por un pleito laboral cuando trabajó en una de sus empresas, Primer Sistema de Noticias (PSN). Lo había demandado por un despido injustificado y a ella se sumaron quejas por adeudos de sueldo y de otras prestaciones como impagos al seguro. La misma semana en la que fue asesinada, un fallo de la Junta de Conciliación le dio la razón y ordenó embargar los bienes de la firma, además de una indemnización. Maldonado tenía en ese momento la capacidad legal de revisar las cuentas y finanzas del canal de noticias.

Muchos de los compañeros de Maldonado especulaban quién había ordenado su muerte. La mayoría cuestionaban la versión más obvia y que apuntaba al exgobernador. El mismo presidente López Obrador apuntó: “Hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral, verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante lo que planteo, quiénes fueron los autores intelectuales, materiales, no se puede en automático vincular una demanda de tipo laboral al crimen”. Pero las autoridades no han planteado ni aclarado otra posible hipótesis. Hay alguna que sobrevuela en los corrillos de Tijuana: el crimen organizado con el fin de golpear a Bonilla.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y su subsecretario, Ricardo Mejía, han reconstruido este miércoles los últimos momentos con vida de la periodista y cómo los presuntos sicarios la acorralaron en su domicilio en la privada Chalco, del fraccionamiento Villa Los Pinos. La periodista, según la versión oficial, fue asesinada de un solo balazo “que le atravesó el rostro y fue mortal”, ha apuntado Mejía durante la conferencia de prensa mañanera del presidente.

Mejía mostró fotos de las cámaras de seguridad de la calle para señalar a un taxi que estuvo “momentos previos” al homicidio y que “sería clave”. La cámara de fuera de su domicilio estaba desconectada, pero los vecinos aportaron otras donde se observaba el taxi dando vueltas por la cuadra. Las imágenes ayudaron a identificar al conductor, al copiloto y a otro más, que viajaba en la parte de atrás del vehículo. “El carro estuvo dando vueltas de reconocimiento tratando de ubicar el momento preciso en el que ella arribara a su domicilio”, continuó el subsecretario.

A unos metros de la Privada Chalco estuvieron los presuntos asesinos estacionados, esperando desde al menos una hora antes. Incluso se bajaron del taxi y estuvieron caminando y merodeando a unos pasos de su vivienda. Para acceder a la calle de Maldonado había que activar un portón metálico, los criminales esperaron también a que ella lo abriera al llegar con su coche, por ahí entró caminando uno de ellos. Y a las 19.52, el taxi ya estaba estacionado lo más cerca posible de la vivienda para esperar al gatillero y huir rápido por la avenida principal.

“No se ha logrado determinar el móvil. Pero tenemos confianza en que a partir de las entrevistas a los detenidos se pueda determinar. Sigue la investigación. Y seguramente en breve se logrará esclarecer también”, ha señalado Mejía ante las preguntas de la prensa. Por su parte, la secretaria Rodríguez insistió en que “lo importante es que estamos cumpliendo con la instrucción del presidente de dar con los responsables y de no permitir la impunidad. Cero impunidad y cero corrupción”.

El caso de Maldonado, como no sucedió con los de esa misma semana, el de Margarito Martínez y José Luis Gamboa, acribillado en Veracruz —además de otro que fue asesinado después, el 31 de enero en Michoacán, Roberto Toledo— se convirtió desde el inicio en una cuestión federal. Los cuerpos de seguridad del Gobierno de López Obrador, incluidos funcionarios federales de Seguridad, fiscalía, Guardia Nacional y la Marina, se desplazaron a Tijuana por órdenes expresas del presidente. La principal diferencia entre este homicidio contra la prensa y los demás es que Maldonado se había presentado hace tres años frente a López Obrador, levantó el micrófono en una conferencia de prensa, y a pocos metros de él, le rogó que le ayudaran porque sabía que la podían matar.

El caso de Maldonado corre un riesgo similar al de otros compañeros asesinados de quedar impune. Tal es el caso del crimen contra Javier Valdés, acribillado a balazos en Culiacán en 2017. Después de cuatro años de su muerte, uno de los sicarios fue condenado a más de 30 años de prisión en junio pasado. Pero quién ordenó su muerte sigue siendo un misterio. Aunque a pocos se les escapa en Sinaloa, que el narco estuvo implicado. Pero no hay más responsables en la cárcel, ni siquiera señalados.

La impunidad para los crímenes contra la prensa, así como para todo tipo de delitos en general, es más del 90%. Y las organizaciones civiles empujan estos días para que ni el crimen de Maldonado, pero tampoco el de Margarito Martínez, José Luis Gamboa o Roberto Toledo, asesinados este año, engrosen la cifra negra de las decenas de muertes que soporta el gremio.

La prensa: el último blanco de López Obrador

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lleva advirtiendo desde hace más de un año que México es el país más letal del mundo para ejercer el periodismo. Desde que la organización en defensa de sus derechos, Artículo 19, recaba datos, en el año 2000, han sido asesinados hasta ahora 149 reporteros. De estos, 29, durante los últimos tres años de Gobierno de López Obrador. Solo en lo que va de año han sido acribillados cuatro, frente a los siete que asesinaron el año pasado.

La violencia contra la prensa, una de las últimas crisis que han golpeado al Gobierno de López Obrador, ha sido minimizada desde el púlpito presidencial. En medio de la polémica por los recientes asesinatos y tres días después de decenas de protestas por todo el país organizadas por gente del gremio, el presidente llegó a declarar: “Son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar. La mayoría está buscando la manera de ver cómo caemos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llegado a solicitar al presidente esta semana que cancele una de sus más recientes secciones que emplea en las mañaneras: el Quién es quién de las mentiras. Un espacio previsto para los miércoles donde el Gobierno federal expone reportajes, columnas o informaciones que habitualmente incomodan a su Gobierno y que el organismo ha advertido que vulnera a un oficio ya lo suficientemente en riesgo.

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