Rosario Robles seguirá en prisión preventiva por riesgo de fuga

Esta vez tampoco lo ha conseguido. Y van cinco. El juez ha decidido, tras una audiencia de más de tres horas, que la exsecretaria Rosario Robles debe seguir en la prisión de Santa Martha Acatitla porque salir entraña riesgo de fuga. Robles, quien desempeñó dos cargos en el Gobierno de Peña Nieto, está acusada de desvíos millonarios de fondos públicos en lo que se llamó La Estafa Maestra, una trama que involucraba a numerosas dependencias públicas, universidades y empresas que fue desvelada en 2017 después de una investigación periodística.

La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, de 65 años, lleva presa desde agosto de 2019 y en entrevistas recientes ha declarado que va perdiendo la salud poco a poco, pero que no está dispuesta a mentir para salir. El argumento de la salud tampoco ha sido tenido en cuenta para excarcelarla. El juez ha considerado que recibe atención médica y que su padecimiento no impide llevar una vida normal. Lleva dos años y cuatro meses encarcelada, más tiempo del que contempla la ley para la prisión preventiva. Está acusada de omisión respecto a las corrupciones que implican al personal de la Secretaría de Desarrollo Social cuando ella la encabezaba, entre 2012 y 2015.

El pasado octubre un juez le negó la libertad y la exfuncionaria decidió hablar con los medios de comunicación. Señaló entonces que no acusaría al presidente Peña Nieto ni a la mano derecha de este, Luis Videgaray, solo para salir de la cárcel, como, ha explicado, le pedía la Fiscalía a cambio de algunos beneficios en su proceso. “Yo no tengo pruebas contra nadie, además voy a salir de aquí como soy, inocente”, dijo a este periódico a mediados de noviembre. Robles se presentó voluntariamente a los requerimientos judiciales (“nadie tuvo que ir a cazarme al extranjero”, declaró, pero el juez lo denegó al interpretar que hay riesgo de fuga en este caso. El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, que le negó la libertad, no justificó las razones y tras un recurso de amparo un tribunal colegiado dictaminó que había incumplido la orden de “amparar y proteger” a la acusada. Y se ordenó esta nueva audiencia.

Es la única ex alta funcionaria que está en la cárcel por una trama en la que otros involucrados declaran en libertad. Siempre ha negado la supuesta trama y asegura que sus colaboradores tenían competencias para firmar convenios sin pasar por su control. La defensa de Robles ha señalado lo “desproporcionado” de la cárcel ante una acusación de omisión. Las acusaciones empezaron con cohecho, pero después se desinflaron. Derivado de este caso, sin embargo, un juez dictó nueva orden de aprehensión en noviembre de 2020 por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La política se ofreció también a declararse parcialmente culpable a cambio de una reducción de pena de 21 a seis años. Eso fue en marzo, pero después revocó su decisión y se dispuso a afrontar el juicio. La detención de Robles fue emblemática, era la primera en la lucha contra la corrupción que había emprendido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras su llegada al cargo. Después vendrían otras muy simbólicas también, como la de Emilio Lozoya, antiguo dirigente de la petrolera estatal Pemex por la trama Odebrecht. Lozoya colaboró con la justicia acusando a varias personas y lo hizo en libertad tras su extradición desde España, pero finalmente ha sido encarcelado.

En su estancia en prisión casi puede decirse que ha mantenido actividad política, o cierto activismo, puesto que ha peleado la mejora de las condiciones de las presas, para quienes logró el restablecimiento de la atención ginecológica. Desde el penal ha seguido la actualidad del país. Celebró la despenalización del aborto, por ejemplo, que le recordó sus intervenciones en favor de este derecho cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y se ha dado a la lectura.

Su presencia entre rejas le ha dejado reflexiones sobre el sistema penitenciario: “Es un fracaso, no sirve, no le sirve a las chicas que están aquí para una reinserción social. No se juzga con perspectiva de género, no se toma en cuenta que son madres que tienen que abandonar a sus hijos cuando están aquí por delitos que pudieran seguir los procesos en libertad o a través de otras medidas que impliquen que ellas cumplan con la sociedad sin tener que estar en la cárcel. No funciona porque es muy caro estar aquí y sobre todo para quienes menos tienen, que es la mayoría de la gente que está aquí, porque la prisión preventiva tiene cara de pobreza”, dijo en una entrevista con EL PAÍS.

“Yo no estoy acusada de haber robado nada. A mí no me han encontrado nada más. Vivo en la misma casa, no tengo propiedades, no tengo recursos. Ni aquí ni en el extranjero. No he aparecido, ni aparecí, ni apareceré en los Pandora Papers. Me regresé del extranjero para presentarme voluntariamente sin que conociera a fondo la carpeta, porque no me dieron oportunidad”, declaró.

Opina que el juez que la encarceló actuó en venganza personal por ser sobrino de Dolores Padierna, candidata a la alcaldía central de Ciudad de México en las pasadas elecciones intermedias por Morena, un puesto que no consiguió. Lo cree porque, según explica, Padierna se declaró adversaria suya.

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