El juez decide que Rosario Robles siga en prisión preventiva por existir riesgo de fuga

Rosario Robles seguirá en prisión preventiva. La justicia mexicana ha determinado este miércoles que la que fuera secretaria de Estado de dos carteras durante la Administración de Enrique Peña Nieto no tiene derecho a defenderse en libertad por la trama de desvíos millonarios de fondos públicos conocida como La Estafa Maestra. El juez ante el que ha comparecido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Ganther Alejandro Villar Ceballos, ha establecido que, pese a haber pasado más de dos años en el penal de Santa Martha Acatitla, aún existe un elevado riesgo de fuga. La acusada había logrado a principios de mes un amparo para que un tribunal revisara la medida cautelar, que su abogado, Epigmenio Mendieta, considera “excesiva y desproporcionada”. La defensa había tratado de demostrar el arraigo de la investigada en México y alegó falta de recursos para huir, pero el tribunal ha optado por aceptar la tesis de la Fiscalía y descartar incluso la opción del resguardo domiciliario.

La investigación en la que está involucrada Robles, que estuvo estancada durante meses, ha pasado por varios giros de guion: de las negociaciones entre la exfuncionaria y la Fiscalía General de la República (FGR) -que en caso de concretarse su liberación hubiera podido ejecutar otra orden de aprehensión por lavado de dinero- a una oferta que estuvo a punto de resolver el expediente. La política ofreció el pasado mes de marzo declararse parcialmente culpable por un fraude que, en su conjunto, supuso el desfalco de más de 400 millones de dólares a cambio de una reducción de pena, de 21 a seis años. Pero días después modificó su versión, se declaró inocente y decidió afrontar el juicio.

Adriana Greaves, cofundadora de la plataforma de abogadas TOJIL, recuerda que el artículo 20 de la Constitución establece que la prisión preventiva no puede exceder en ningún caso un período de dos años. Robles acaba de cumplir 26 meses bajo arresto, por lo que la decisión choca con un principio constitucional. Sin embargo, la defensa ha podido aportar argumentos adicionales, puesto que en esta audiencia solo contemplaba tomar en consideración los elementos técnicos ya conocidos y queda por ver cuáles serán sus próximos pasos.

El caso es especialmente relevante por su simbolismo y también por eso, recalca Greaves, es aún más sorprendente que la vista se haya realizado a puerta cerrada, que contraviene “el principio de publicidad constitucional que debería garantizar el derecho de todos los ciudadanos a observar en tiempo real, aun de forma remota, las audiencias penales”. La detención de Robles, el 13 de agosto de 2019, fue la primera gran decisión que se dio en el marco del plan de lucha contra la corrupción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsado por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, a la de la exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario siguió la captura de Emilio Lozoya, antiguo director de la petrolera estatal mexicana Pemex entre 2012 y 2016, quien afronta una investigación por el su participación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La llamada Estafa Maestra fue una red destapada por una investigación periodística en la última etapa del mandato de Peña Nieto. El trabajo, que ganó en 2018 los Premios Ortega y Gasset, que concede EL PAÍS, detalla la arquitectura de desvíos de fondos públicos principalmente a través de Pemex y el Banco Nacional de Obras. El fraude involucra a decenas de dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, que estuvo dirigida por Robles entre 2012 y 2015. En esta pieza del juicio, las acusaciones en su contra partieron del delito de cohecho y se rebajaron finalmente al de omisión en el ejercicio de su cargo. La defensa de la exfuncionaria ha tratado de presentarla como un chivo expiatorio frente a una figura como Lozoya. Y la hija de Robles, Mariana Moguel, ha pedido que haya “piso parejo” para los acusados en casos de corrupción. Sin rebajar la gravedad de la trama y del papel de Robles, en opinión de Greaves “este caso está siendo simplificado por la Fiscalía al reducirlo a una persona y no investigando la red”.

El exdirector de Pemex fue detenido en febrero de 2020 en una urbanización de lujo a las afueras de Málaga, en España. Fue extraditado a México meses después, pero al aterrizar ingresó en una clínica privada alegando una dolencia de esófago. Lozoya no ha estado en la cárcel y ha llegado a un acuerdo de colaboración con la justicia. Hace diez días, unas fotos del exdirectivo durante una comida en un restaurante de lujo de la Ciudad de México alimentaron la polémica y volvieron a poner los focos sobre el caso, que después de casi dos años no ha registrado avances significativos y se encuentra estancado.

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