El rescate de una trabajadora del hogar de 80 años encerrada por sus patrones en el Estado de México

Algo no cuadraba. Cada vez que Angelina Hernández llamaba a su tía, Catalina Acosta, una trabajadora del hogar de 80 años interna en una casa en Naucalpan, en el Estado de México, la dueña de la vivienda se negaba a ponerla al teléfono. Hernández había acudido incluso varias veces al lugar para tratar de ver a su tía, pero siempre se encontraba con las puertas cerradas. Como mucho, le permitían hablar con ella desde fuera de la residencia, por la ventana. Un día, Acosta consiguió comunicarse con su sobrina: “Quiero que vengas por mí”. Ella pidió ayuda, a través de redes sociales, al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), una organización que lucha por los derechos de las empleadas del hogar. El martes 9 de noviembre se presentaron en Naucalpan y rescataron a la mujer, a la que sus empleadores mantenían encerrada desde el inicio de la pandemia, sin apenas contacto con el exterior.

“Decidimos ir a rescatarla porque estaba privada de su libertad y no tenía comunicación con sus familiares, le dijimos a la empleadora que no podía tenerla en contra de su voluntad”, resume Marcelina Bautista, fundadora de CACEH, a través del teléfono. Al llegar a Naucalpan, Hernández llamó a la puerta sin avisar de que iba acompañada por Bautista. La dueña de la vivienda le contó que la anciana no podía salir porque estaba enferma. “Entonces ya nos vio a las dos y dijo ‘déjeme buscarla’, y le fue a gritar”. Acosta apareció nerviosa y asustada. “Dijo que no se podía ir, que la patrona no la dejaba, pero que la habían tratado muy mal y se quería marchar. Nosotras le respondimos que tenía que salir de esa casa y que no nos íbamos sin ella. Yo hablé con la patrona para decirle que lo de tener encerrada a la trabajadora en contra de su voluntad era prácticamente un secuestro”.

Como respuesta, la dueña de la casa les respondió que ella solo estaba cuidando a Acosta. Que la trabajadora sufría de demencia senil, que la protegía de la pandemia de coronavirus, o que la resguardaban porque sus parientes querían quitarle el dinero. La realidad era otra. Acosta llevaba empleada para esa familia sin contrato 60 años, desde que tenía 19, en jornadas de siete de la mañana a seis de la tarde, según la organización CACEH. “Desde la pandemia no salió, no tuvo ningún día de descanso, pero durante los años que ella trabajó, solo podía salir los domingos por ratitos, nunca ha tenido un descanso decente”, añade Bautista. En seis décadas, apenas había abandonado la vivienda ni ese trabajo que se volvió una cárcel clandestina.

Además, Acosta no había recibido su salario desde agosto. “La explotaba, la patrona nos decía que sí le pagaba, pero esta compañera [Acosta] no tiene dinero”, señala Bautista. Cuando le preguntaron a la dueña de la casa que, si era cierto que su empleada seguía cobrando, dónde se encontraban sus ahorros, ella respondió que la trabajadora los habría perdido, que era muy despistada y dejaba sus cosas desperdigadas en cualquier lado. Acosta aseguraba que le debía tres meses de sueldo. Los cálculos de CACEH son algo más elevados: unos 350.000 pesos [14.900 euros], que exigen como indemnización, el resultado de sumarle a los tres meses otros 20 días por año trabajado más 12 de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. Es decir, lo que por ley debería corresponderle.

Anemia y desnutrición

“Y de verdad que respondieron muy mal”, continúa relatando Bautista, ”no querían pagar indemnización, decían que iban a abonar su salario mes a mes hasta que muriera. Entonces dijimos ‘tendrá usted que firmar un documento donde quede acordado eso’, pero ella [la dueña de la casa] respondió que no tenía que firmar nada”. Finalmente, lograron sacar a Acosta de la vivienda. La acompañaron a una revisión médica, que acreditó que sufría anemia y desnutrición. La mujer también ha acudido a un neurólogo, para ver certificar si padece una enfermedad mental. “Ellos defendían que la llevaban al médico, pero solo se encontró una receta de 2019, la medicina que ella tomaba era naturista. En el caso de que tenga demencia, no es una atención adecuada”.

Sin embargo, no fue necesario internar a Acosta. Ahora reposa y se recupera en casa de unos familiares. “Ella se encuentra bien, no está enferma ni en cama, pero sí es una persona que después de tantos años de alguna manera sí extraña el espacio. Nos ha dicho que ya descansó, se quiere ir a su pueblo, pero no tiene dinero”, explica Bautista. Hace unos días una de las hijas de la familia donde trabajaba, que ahora vive en Estados Unidos, contactó a CECAH preguntando por Acosta. Decía que solo quería saber cómo estaba, que había sido su cuidadora cuando era niña. Le respondieron que pagara la indemnización, y ella les aseguró que se pondría en contacto, pero de momento no ha vuelto a llamar. Los abogados de la organización preparan una demanda para conseguir el finiquito que corresponde a la trabajadora. “Esperemos que alguna de las autoridades puedan apoyar, porque Catalina [Acosta]necesita también atención psicológica”, remata la activista.

En México hay más de dos millones de trabajadoras del hogar —un 95% son mujeres—, de acuerdo con un informe de 2019 de la Oficina Internacional del Trabajo, que plantea que esta modalidad de empleo “no reúne las condiciones mínimas para considerarse como trabajo decente, ya que no cuenta con un marco jurídico ni con políticas públicas que propicien el acceso a los derechos fundamentales”. En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2018 se recogió que el 98% de estas mujeres no tienen acceso a la salud, el 99% carece de contrato y el 71% no recibe ninguna prestación laboral. “No sorprende entonces que el 51% de los hogares al que pertenecen las trabajadoras del hogar sean pobres”, concluye el documento.

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