Pantelhó, un municipio en alerta por la violencia en Chiapas

El 5 de julio, Simón Pedro Pérez fue asesinado de un balazo certero. El activista, un indígena tzotzil de 35 años, había acompañado a los pobladores de Pantelhó a presentar una denuncia ante la Secretaría de Gobierno por el avance de los grupos criminales en la región de Los Altos de Chiapas. Desde marzo hasta ese día, las organizaciones que trabajan en la zona habían registrado un desaparecido, dos heridos con arma de fuego y 11 asesinatos. El homicidio de Pérez, el número 12, precipitó lo que siguió: un grupo de civiles armados tomó la cabecera municipal para exigir la dimisión de la alcaldesa, a quien acusaban de tener vínculos con el crimen organizado. Un mes después, con el inicio de conversaciones entre las comunidades y el Estado, cientos de desplazados empiezan a volver pero siguen “en alerta” tras el asesinato esta semana de un fiscal, que los defensores de derechos humanos ven como “un mensaje claro de que los sicarios van a seguir matando a personas que intervienen”.

La cronología empieza el 5 de julio, pero podría arrancar antes. En los últimos años, grupos del crimen organizado han invadido los territorios de Los Altos, en Chiapas, de acuerdo con las organizaciones que trabajan en la zona. Los habitantes de las comunidades indígenas, que representan un 80% de la población, empezaron a ser víctimas de saqueos, extorsiones, amenazas y muertes. La denuncia que acudió a presentar Simón Pedro Pérez no era el primer aviso que hacían las comunidades.

En los días previos a las elecciones del 6 de junio, habían señalado la presencia de grupos criminales armados, según recuerda un integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que prefiere no identificarse. “A raíz de eso, las agresiones comenzaron a ser más fuertes y muchas de las comunidades tuvieron que desplazarse porque la violencia arreció”, afirma por teléfono. Ya en 2019 los medios locales informaban de que los habitantes de Pantelhó pedían al Gobierno estatal “restablecer el Estado de derecho” para que “retorne la paz y la estabilidad”.

Tras el asesinato de Pérez, la última víctima de la lucha de las comunidades indígenas, varios hombres armados irrumpieron en la cabecera de Pantelhó, un municipio de cerca de 25.000 habitantes donde el 66% vive en pobreza extrema, para tomar las instalaciones y expulsar a las autoridades locales. Los civiles armados atacaron viviendas que supuestamente pertenecían a las autoridades, incendiaron coches, tiraron árboles y hubo un enfrentamiento con la Guardia Nacional y la policía que dejó al menos nueve heridos. Un nuevo grupo de autodefensa se adjudicó la toma del municipio. Se denominaron El machete y aseguraron en un comunicado que su objetivo era “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y al crimen organizado” de la zona.

Gaspar Morquecho, antropólogo y periodista que trabaja desde hace más de 40 años en el Estado, explica: “En los municipios indígenas en los Altos de Chiapas, existen grupos de poder local que tienen vínculos con las autoridades y que están estructurados en todo el sistema económico, político, social y cultural de cómo se gobierna”. Según Morquecho, en Pantelhó actuaba una red criminal que empezó a formarse en 2013 en Pueblo Nuevo, en la zona norte del Estado, y que tiene presencia en al menos seis municipios. “Una banda muy fuerte y violenta que utilizaban los partidos políticos para tener control político en la región”, aclara.

Cuando las autodefensas tomaron el municipio, el Ayuntamiento estaba dirigido por Delia Janeth Velasco Flores, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su esposo, Raquel Trujillo Morales, había sido electo un mes antes presidente municipal. Ni la alcaldesa ni el PRD han respondido a este periódico. En un comunicado, el partido reclamó la intervención del Gobierno para “resolver estos conflictos”. Desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena, expresó que no existía “ningún riesgo a la gobernabilidad” en Pantelhó. “Ya se está actuando. No se trata de los conflictos que vienen de tiempo atrás, son cosas nuevas. Es gente que está optando por la violencia”, aseguró el mandatario.

Para entonces, cientos de personas ya habían abandonado sus comunidades. Las organizaciones que trabajan en la zona calculan que hubo unos 3.200 desplazados que se movilizaron a los municipios Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

“Esto ha ido creciendo y se ve en otros municipios”, advierte Ángeles Mariscal, periodista independiente y fundadora del portal Chiapas Paralelo, que ha cubierto el conflicto. Actualmente, explica, las autodefensas se han replegado, y la presencia de policías y militares –que al menos desde 1994, tras el alzamiento zapatista, ha sido constante en la zona– se hace más evidente. Para entrar a Pantelhó, dice, hay tres retenes: el primero, de la Guardia Nacional; el segundo, de la población, y el tercero, nuevamente, de la Guardia Nacional.

El pasado sábado, los medios locales informaron de que la alcaldesa, su marido y otros funcionarios de Pantelhó habían dimitido. De acuerdo con esa información, sin embargo, Velasco Flores todavía ocupaba el cargo porque el Congreso local no había recibido aún la renuncia. Las 86 comunidades del municipio, por su parte, ya habían elegido nuevas autoridades en asamblea. Y habían decidido, además, que la autodefensa El machete permanecería en esa zona.

Mariscal explica que la población sigue “en alerta” porque “la acción de la justicia no ha sido contundente” ante las amenazas, el hostigamiento y los homicidios. “No ha habido más que dos detenciones”, señala la periodista. Este miércoles, el fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, que investigaba la violencia en el municipio, fue asesinado de seis balazos. La Fiscalía de Chiapas ha informado a este periódico de que una de las líneas de investigación “está vinculada con los hechos acontecidos en el municipio de Pantelhó” en julio.

La mayoría de los desplazados ya ha regresado, pero todavía hay miedo. “Hay mucho temor por la muerte del fiscal porque es un mensaje claro de que los sicarios van a seguir matando a personas que intervienen”, señala el párroco Marcelo López, que ha acompañado a las comunidades en sus reclamos y está amenzado. “Nadie puede levantar la voz ni denunciar porque al día siguiente [el crimen organizado] mata, amenaza o secuestra”, indica y explica que las nuevas autoridades elegidas están “en alto riesgo”. La diócesis de San Cristóbal de las Casas fue la intermediaria para que se iniciaran mesas de diálogo entre las comunidades –representadas por 20 líderes– y el Gobierno estatal y federal. “Avanzamos bastante bien”, valora el párroco, y agrega: “El pueblo que se une puede liberarse de la violencia. Hace falta que las autoridades actúen a tiempo”.

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