Un juez dicta prisión preventiva para la presentadora Laura Bozzo por un presunto delito fiscal
La comunicadora debe 13 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, según ‘El Universal’
Un juez mexicano ha dictado prisión preventiva para la presentadora de televisión Laura Bozzo por la venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La comunicadora, nacida en Perú en 1952, supuestamente arrastra una deuda de 13 millones de pesos con el fisco, según han publicado este miércoles varios medios.
El juez, a petición de la Fiscalía General de la República, ha ordenado el ingreso de la conductora en la prisión de Santiaguito, Estado de México, al percibir riesgo de fuga, asegura El Universal. Bozzo, que tiene nacionalidad mexicana, peruana e italiana, no había facilitado a la Justicia una dirección de domicilio permanente. El delito de defraudación fiscal, calificado de grave por la reciente reforma penal, acarrea prisión preventiva oficiosa.
La vida de Laura Bozzo está plagada de escándalos. Su carrera en televisión arrancó en Perú en la década de los noventa, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, con un programa de entrevistas. Más tarde, Telemundo compró los derechos de su exitoso programa Laura en América para la retransmisión en el continente. En 2002, cuando todavía vivía en Perú, fue arrestada en el aeropuerto de Lima por sus vínculos con el polémico expresidente Fujimori y su mano derecha, Vladimiro Montesinos.
Radicada en México desde hace más de una década, Bozzo ha protagonizado programas del corazón en TV Azteca y Televisa, donde cada capítulo de su talk show atraía a 24 millones de televidentes. En septiembre de 2013, como documentó la revista Proceso, la presentadora utilizó un helicóptero del Gobierno del Estado de México para visitar las zonas afectadas por el huracán Manuel y grabar su programa de televisión mientras parecía colaborar en las labores de rescate. En 2015 fue despedida de Televisa después de que el Gobierno mexicano abriera una investigación por una supuesta violación de los derechos de los menores.
El SAT se ha ganado en los últimos años una fama de dureza ante los impagos de empresas y personalidades. Su jefa, Raquel Buenrostro, ha presumido de los incrementos de recaudación entre los grandes contribuyentes, que han permitido compensar la caída en otras áreas debido a la crisis económica del coronavirus.
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