Los implicados en México en la trama de corrupción de Odebrecht esquivan las multas

Una investigación de EL PAÍS constata que la mayoría de las sanciones se encuentran envueltas en litigios en tribunales y el SAT no ha concretado el cobro de aquellas que ya agotaron el proceso legal

Emilio Lozoya y Alonso Ancira, presidente de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), en un acto en 2013.
Emilio Lozoya y Alonso Ancira, presidente de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), en un acto en 2013.Juan Pablo Zamora (Cuartoscuro)

Los implicados en México en la trama de corrupción de Odebrecht no solo han logrado esquivar las acusaciones por la vía penal, sino que también han conseguido evadir el pago de las sanciones administrativas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto multas por 9.814 millones de pesos a los contratistas y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a la red de sobornos de la constructora brasileña, así como a los señalados en la compra fraudulenta de las empresas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal, pero ninguna ha sido saldada. La mayor parte de los castigos, que también incluyen inhabilitaciones, se impusieron en este Gobierno bajo el mando de la depuesta secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval. La mayoría de las sanciones se encuentran envueltas en litigios en tribunales, pero hay algunas que ya agotaron el proceso legal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha concretado el cobro de los adeudos, según documentos obtenidos por EL PAÍS a través de diversas solicitudes de información.

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Entre los sancionados con multas pendientes de pago están Marco Antonio Sierra Martínez, un extrabajador de la petrolera mexicana quien, como residente de obra en Pemex Transformación Industrial para la Refinería Miguel Hidalgo, autorizó un pago extra de 119,7 millones de pesos (5,6 millones de euros) a la empresa Odebrecht. También aparecen Luis Alberto de Meneses Weill y Gleiber José de Faría, director general y titular de Finanzas del consorcio Odebrecht, respectivamente, quienes fueron sancionados con 1,2 millones de pesos durante el Gobierno de Peña Nieto. En esta Administración la dependencia multó a Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes con dos sanciones económicas que suman 3.800 millones de pesos. “Se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos”. La sanción más alta que se ha dictado es la emitida contra José Manuel Carrera Panizzo, quien fue director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, por un monto de 4.206 millones de pesos al haber causado un daño al erario público tras la compra de la planta Agronitrogenados en 2013 por tres veces más de su valor de mercado.

El escándalo de corrupción de Odebrecht estalló en México en diciembre de 2016 cuando representantes de la constructora confesaron haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano. El pago, según las confesiones hechas entonces al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre. Meses después, diversas investigaciones periodísticas dieron a conocer que los sobornos habían sido entregados a Emilio Lozoya, quien fue director de la petrolera estatal mexicana entre 2012 y 2016. En mayo de 2017, la Procuraduría General de la República —en la Administración de Enrique Peña Nieto— presionada por el silencio guardado en torno al caso dio a conocer que había citado a declarar a diversos funcionarios que intervinieron en la asignación de contratos al consorcio brasileño. El 12 de diciembre de 2017, la Función Pública anunció que había inhabilitado a la constructora de Norberto Odebrecht por cuatro años. A esa primera sanción le siguieron otras ocho que incluyeron multas por un total de 1.220 millones de pesos que no han sido liquidadas.

Tras el cambio de Gobierno y el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a llevar el caso Odebrecht a los tribunales. En mayo de 2019, en una de sus primeras conferencias como fiscal, Alejandro Gertz Manero dijo que habían tenido que reponer buena parte del procedimiento penal. “En un plazo que no ha de sobrepasar los 60 días se habrá de empezar a judicializar este asunto bajo la premisa de una maquinación delictiva a la que puede aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, afirmó entonces. Al escándalo de Odebreht también se sumó el de la adquisición fraudulenta de Agronitrogenados y Fertinal, también en tiempos de Emilio Lozoya al frente de Pemex. En febrero de 2020, el exdirectivo de la petrolera finalmente fue detenido en España y posteriormente extraditado a México. Sin embargo, desde entonces no ha pisado la cárcel. El exfuncionario se acogió a una figura legal conocida como criterio de oportunidad que, en la práctica, le ha permitido convertirse en una especie de testigo protegido, con lo que obtiene beneficios a cambio de colaborar con la autoridad.

Sanciones por faltas administrativas

Las investigaciones por el caso Odebrecht y las adquisiciones de las plantas de fertilizantes no solo se han centrado en la parte penal. Por la vía administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la instancia a la que el presidente López Obrador le ha instruido el combate a la corrupción en su Gobierno, es la que ha anunciado una serie de castigos a los involucrados que han quedado en el papel. Durante la gestión de Sandoval Ballesteros, la SFP impuso multas por 8.593 millones de pesos a contratistas y exfuncionarios de Pemex relacionados con estos escándalos de corrupción, pero ninguna ha sido saldada, según se desprende de oficios otorgados por la SFP y el Servicio de Administración Tributaria. Todas han sido impugnadas por los sancionados y se encuentran pendiente de resolución judicial. La SFP se ha negado a precisar en cada caso el estatus de los expedientes y se ha limitado a decir que hay multas por 1.639 millones de pesos que ya han agotado el proceso legal de los juicios de nulidad y deben ser saldadas. Al consultar a la SFP el motivo por el cual no han sido pagadas la Secretaría informó que es el SAT quien debe de hacer el cobro. “Corresponde al Servicio de Administración Tributaria el control y cobro de las multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales, razón por la que esta autoridad se encuentra imposibilitada jurídicamente para pronunciarse al respecto”, detalló en un oficio.

Al cuestionar al SAT sobre el cobro de las multas relacionados a los casos de corrupción en Pemex, esta dependencia informó vía Transparencia que algunas fueron controvertidas y otras están en proceso de cobro por parte de la Administración General de Recaudación. Esta instancia es la encargada de llevar a cabo un procedimiento administrativo para hacer efectivos los créditos fiscales (adeudos) a cargo de los contribuyentes. Esto incluye el embargo de bienes, cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los deudores. En octubre de 2018, dos meses antes de que concluyera el Gobierno de Enrique Peña Nieto, un funcionario de la Función Pública dijo en entrevista con la agencia Reuters que el Ejecutivo mexicano buscaría cobrar las dos primeras multas impuestas entonces por la SFP a la constructora Odebrecht mediante el embargo por parte del SAT. A la fecha, no hay registro de que eso haya ocurrido. Aunque se cuestionó a la autoridad fiscal sobre esta situación, esta no quiso brindar detalles con la finalidad de “salvaguardar los estados procesales y el cobro de las sanciones referidas”.

Pablo Montes Mendoza, coordinador del área anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que una de las principales razones por las cuales la Función Pública tiene problemas para mantener firmes sus sanciones es por la falta de capacidad para investigar y probar, donde requiere presentar pruebas a un nivel similar a como ocurre en el caso penal. “El hecho de que no se mantengan firmes las resoluciones de la Función Pública es porque no están teniendo una investigación adecuada y, por lo tanto, un expediente sólido para probar algo”, reitera. La falta de capacidad para integrar una buena investigación ocasiona su caída cuando el caso llegue ante un juez o tribunal. “Si se tiene una investigación sólida, podrán venir las impugnaciones, pero aún así se podrá probar que se rompió la ley. Si por alguna razón un juez o tribunal determina que la función pública no pudo probar o que para probar se violó algún derecho, es un mal trabajo que se hizo al investigar”, explica el experto en temas de rendición de cuentas.

Multas mediáticas

El 26 de abril de 2019, la entonces secretaria Sandoval Ballesteros anunció sus primeros “golpes” con los que buscaba castigar a la constructora brasileña. En un comunicado se informaba que la SFP había resuelto los dos primeros procedimientos administrativos. Uno había concluido con una inhabilitación por tres años al haber encontrado que Constructora Norberto Odebrecht había realizado cobros en exceso en detrimento del patrimonio de Pemex Refinación. El otro concluyó también con una inhabilitación y una multa de 543,4 millones de pesos. “La inhabilitación a la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A de C. V. se debió a que presentó información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción”, se detallaba en el boletín. Esa sanción no ha sido liquidada y actualmente se encuentra “en vías de cobro”, según el SAT.

Casi un mes después, la SFP anunció la inhabilitación de Emilio Lozoya por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. “Se detectó que se proporcionó información falsa”, señaló la dependencia en un comunicado. Sin embargo, la sanción no estaba directamente relacionada al caso Odebrech. “El asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones”, dijo Javier Coello, entonces abogado de Lozoya en una entrevista con medios de comunicación. En febrero de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el fallo de la SFP. “La confirmación de esta sanción es histórica, al ser la primera ocasión que la Función Pública inhabilita a un extitular de la empresa productiva del Estado, lo que es una muestra de la imparcialidad, rigor y apego a la ley con el que esta dependencia realiza su trabajo para garantizar un Gobierno honesto y efectivo”, dijo la entonces secretaria Sandoval. Pese al victorioso anuncio, a la fecha la sanción se encuentra sin efectos debido a que la defensa del exdirector de Pemex interpuso un medio de impugnación tras la resolución del TFJA, informó la SFP en respuesta a una petición de información.

Las revelaciones que Lozoya ha hecho a la Fiscalía para evitar la cárcel han llevado a la mira de las autoridades a personajes del círculo más cercano de Enrique Peña Nieto, como Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda. Mientras que la FGR no ha logrado conseguir una orden de aprehensión en contra del exministro, la Función Pública presumió a principios de junio pasado que había logrado una inhabilitación contra él por 10 años para ocupar cargos en el servicio público. Sin embargo la sanción obedecía a la falta de veracidad en que había incurrido Videgaray en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos. La SFP ni siquiera pudo sancionarlo por su participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados que ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. Además, el fallo de la secretaría fue impugnado por Videgaray y la sanción aún no es firme.

Es común que la SFP anuncie sanciones en casos de corrupción donde habla de tráfico de influencias, soborno o conflicto de interés, pero tras la investigación, la sanción se reduce a que el implicado presentó documentación falsa o fue omiso en algún trámite, explica Montes. “Si nos mantenemos en este discurso triunfalista o en el comunicado de la sanción que al final vemos que no tiene un efecto real, entonces no estamos viendo ningún cambio”, afirma. Para lograr un verdadero combate a la corrupción se deben mejorar las capacidades de sanción y facilitar estos procesos. “Se deben mover las tuercas necesarias para tener sanciones más efectivas”, concluye el experto en temas anticorrupción.

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