El Gobierno mexicano inhabilita por 10 años a Luis Videgaray, hombre fuerte de la administración de Peña Nieto

Quien fuera el hombre fuerte en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha quedado inhabilitado para ocupar un cargo público por una década. El Gobierno mexicano ha sancionado a Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, prohibiéndole desempeñarse en el servicio público, tras acreditar “la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”. Se trata de la máxima sanción que el Estado mexicano impone a los servidores públicos por omisiones en sus declaraciones patrimoniales.

En el 2019, la Secretaría de la Función Pública inició la investigación sobre el patrimonio de Videgaray entre diciembre de 2012 y septiembre de 2016, luego de que se diera a conocer su posible participación en la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que ocasionó “un millonario daño patrimonial al Estado”, según esa dependencia.

El anuncio se ha hecho público después de las elecciones del domingo, aunque la sanción fue aplicada en mayo. De acuerdo con la Secretaría, este retraso debe a las medidas de la veda electoral. Hace apenas un par de meses, un juez federal validó la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de una presunta asociación delictiva encabezada por el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray, cuya finalidad fue, según la investigación, sobornar con casi 100 millones de pesos a un grupo de legisladores para aprobar la reforma energética.

El año pasado, el exfuncionario abandonó su cargo como profesor la universidad de Massachussets para radicarse en Israel, después de que la Fiscalía solicitara por segunda ocasión una orden de aprehensión por financiamiento ilegal de la constructora Odebrecht a la campaña de Peña Nieto.

Tras la difusión de este comunicado, el exfuncionario publicó una defensa en su cuenta de Twitter y ha mencionado que impugnará la resolución del Gobierno. “Las ‘cuentas bancarias’ a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración”, menciona Videgaray.

Horas más tarde, la dependencia reviró la defensa de Videgaray en un nuevo comunicado, aclarando que sí se trata de cuentas bancarias. “La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados”, ha dicho la SFP.

También acusado de cohecho y traición a la patria, según un informe filtrado por la FGR, Videgaray es de momento el funcionario con el cargo más alto contra quien la Fiscalía ha solicitado orden de aprehensión por el caso Odebrecht y la financiación ilegal de la campaña presidencial del exmandatario. Un caso que cada vez más acecha también al propio expresidente, contra el que la Fiscalía también planea una acusación formal de acuerdo con las filtraciones de estas semanas.

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