El juicio por la Estafa Maestra amenaza también a Luis Videgaray

Un testigo de la mega trama de corrupción acusa al exsecretario de Hacienda de desviar millones de los programas sociales contra el hambre para comprar votos y financiar actos de campaña del PRI

Luis Videgaray juto a Enrique Peña Nieto durante la toma de posesión de su cargo como secretario de Asuntos Exteriores
Luis Videgaray juto a Enrique Peña Nieto durante la toma de posesión de su cargo como secretario de Asuntos ExterioresMarco Ugarte / AP

Cada vez más dedos apuntan directamente al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Primero fue Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex imputado por corrupción en el caso Odebrecht, que le acusó en verano de ser el responsable, junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, de recibir y gestionar los sobornos de la constructora brasileña. Esta semana se conocía la declaración de un exfuncionario del Senado, que ha señalado a Videgaray como el hombre que le ordenó en 2013 repartir maletas llenas de fajos de billetes entre la oposición para sacar adelante la reforma energética. Y ahora es Emilio Zebadúa, antiguo alto cargo en dos secretarías, Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien le acusa de ordenar el desvío de recursos millonarios de los programas sociales contra el hambre para comprar votos y financiar actos de campaña del PRI.

La nueva acusación se enmarca en el proceso de la mega trama de corrupción perpetrada durante los años del Gobierno anterior conocida como Estafa Maestra y que rondaría 7.760 millones de pesos (unos 380 millones de dólares). Hasta en dos ocasiones ha presentado ya la Fiscalía General de la República (FGR) una orden de detención contra Videgaray por el caso Odebrecht, según un informe filtrado estas semanas. Los jueces las han desestimado de momento por cuestiones de forma, pero el cerco de la Justicia se estrecha cada vez más. Ahora, no es uno sino dos frente judiciales abiertos contra el que fuera el hombre fuerte de Enrique Peña Nieto y su jefe de campaña en 2012.

La declaración de Zebadúa, a la que ha tenido acceso el medio Animal Político, apunta a “una estrategia general tanto social como político-electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de Gobierno”. Un plan para desviar fraudulentamente recursos millonarios que, según su versión, comenzó desde la llegada al poder de Peña Nieto en 2012 y que tuvo como actor principal al entonces secretario de Hacienda. “Una de las ramas de dicha estrategia se denominó Cruzada Nacional contra el Hambre, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadas, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, añade el testigo en su declaración.

La Cruzada Nacional contra el Hambre fue el programa social estrella de la Administración anterior. Anunciado en enero de 2013 mediante un acto con tintes electorales en Chiapas, suponía la fusión 70 programas gubernamentales que ya existían y una financiación total de más 500 millones de pesos. En aquel evento participó el presidente y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, que en 2015 pasaría a dirigir Sedatu. Robles, la jefa de Zebadúa durante los dos cargos, es de momento la única funcionaria de alto nivel imputada por el caso de la Estafa Maestra.

Desde agosto del año pasado, Robles se encuentra encarcelada en calidad de prisión preventiva mientras se investiga su responsabilidad en el desfalco de unos 5.000 millones de pesos (unos 240 millones de dólares) en las dos secretarías. Durante su audiencia ante el juez, la defensa ya puso sobre la mesa el nombre tanto del expresidente Peña Nieto, como de José Antonio Meade, último candidato priista a Los Pinos tras dirigir Hacienda y suceder a la propia Robles al frente de la cartera de Desarrollo Social.

Ambas dependencias están en el corazón de una enrevesada telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a ocho secretarías más, otras ocho universidades públicas y 186 empresas fantasma. La triangulación fraudulenta de dinero consistía, según la investigación, en la firma de convenios que por parte de las secretarías federales con las instituciones educativas para que contrataran a compañías a cambio de servicios que nunca se prestaban.

Zebadúa, brazo derecho de Robles, sostiene que Videgaray pidió a su jefa canalizar recursos de Sedesol para el pago de deudas adquiridas durante la campaña electoral presidencial del Enrique Peña Nieto. Tras una supuesta reunión entre los dos secretarios, Zebadúa recibió la orden de “contratar una o varias empresas para poder cubrir un compromiso de campaña de cerca de mil millones de pesos que se les adeudaba a los dueños”. El 1 de marzo de 2013 y el 6 de mayo de 2013, el propio Zebadúa, como oficial mayor de la Sedesol, firmó dos convenios generales con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos. De acuerdo con la declaración de Zebadúa, era la Secretaría de Hacienda quien aprobaba los “recursos extraordinarios” que se inyectaban en las dependencias públicas y que luego eran derivados a empresas y universidades.

Cuando comenzaron a salir a la luz las acusaciones en su contra, Videgaray abandonó su cargo como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnólógico de Massachusetts. El exsecretario de Haciendo ha trasladado su residencia a Israel, uno de los países con un tratado de extradición con México más restringido, y donde presuntamente se encuentra prófugo desde hace meses el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, sobre quien pesa ya una solicitud de extradición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Acusado de cohecho y traición a la patria, según el informe filtrado de la PGR, Videgaray es de momento el cargo más alto contra quien la Fiscalía ha solicitado orden de aprehensión por el caso Odebrecht y la financiación ilegal de la campaña presidencial de Peña Nieto. Un caso que cada vez más acecha también al propio expresidente, sobre el que la Fiscalía también planea una acusación formal de acuerdo con las filtraciones de estas semanas.

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