Un ex alto cargo del Gobierno de Peña Nieto acusa a Rosario Robles de planear los desvíos de la Estafa Maestra

Emilio Zebadúa, que fue oficial mayor de la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha detallado ante la Fiscalía el modus operandi por el que estas instituciones desviaron millones de pesos que fueron destinados a las campañas del PRI de Enrique Peña Nieto (2012-2018). En un documento, adelantado por Aristegui Noticias, Zebadúa describe paso a paso la ruta que seguía el dinero. Acusa, entre otros, a la exsecretaria Rosario Robles de reunirse “semanalmente” con directores generales y subsecretarios para planificar los desvíos y decidir los pagos según las “necesidades de sus actividades político-electorales y proselitistas”. Robles ha aceptado esta semana convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía y ofrecer información sobre el entramado corrupto conocido como la Estafa Maestra.

Uno de los puntos negros de la Administración de Peña Nieto sobre el que la Fiscalía ronda desde hace dos años es el funcionamiento de la Estafa Maestra, una telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a una decena secretarías, ocho universidades públicas y 186 empresas fantasma. La triangulación fraudulenta de dinero consistía, según la investigación, en la firma de convenios entre las secretarías federales y las instituciones educativas para que contrataran a compañías a cambio de servicios que nunca se prestaban.

Ese dinero, supuestamente, se canalizaba para pagar campañas electorales: desde la de Peña Nieto en 2012, que devolvió al PRI al poder, hasta actos en las elecciones intermedias de 2015, en los comicios del Estado de México de 2017 o la elección presidencial de 2018, con José Antonio Meade como candidato priista. El dinero desviado alcanza hasta los 7.760 millones de pesos (unos 380 millones de dólares), según las acusaciones.

El relato que Zebadúa ha desarrollado en su último escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la trama de corrupción comienza con el jefe de la Oficina de Rosario Robles, Ramón Sosamontes. Él era el encargado de acercarse a los rectores y directivos de las universidades y elegía a las empresas fantasma que serían subcontratadas, según el número dos de Sedesol. En reuniones con Robles, decidían los montos y los tiempos de entrega. Todo en función de los intereses de la exsecretaria. Cuando ella daba luz verde se firmaban los contratos. Zebadúa fija en un 40%, el porcentaje del monto total firmado que se llevaban las empresas. El otro 60% se utilizaba, según este alto cargo, primordialmente para dos objetivos: las “campañas de promoción” de Peña Nieto, de Rosario Robles y del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y para “la propaganda en elecciones estatales”, significativamente la del Estado de México en el 2017, en la que incluso se compraron votos. Las entregas de efectivo se llevaron a cabo en la oficina particular de Sedesol de Robles, en la de Sosamontes o en el penthouse del edificio de Sedatu.

¿Pero quién estaba al tanto de estos pagos millonarios irregulares? ¿Quién los ordenaba? Zebadúa apunta, además de a Robles, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray (a quién también acusa de ordenar el desvío de recursos millonarios de los programas sociales contra el hambre para las operaciones electorales), y señala a Peña Nieto y a Osorio Chong como los principales beneficiarios del dinero que se desviaba.

Rosario Robles ha negado la participación del expresidente y del exsecretario de Gobernación. “Zebadúa está acusando a gente incorruptible, callarme sería una gran injusticia”, dijo el martes por teléfono la exsecretaria al periodista Ciro Gómez Leyva. El abogado de Robles ha asegurado que ella señalará a la mano derecha de Peña Nieto como responsable. “Fue Luis Videgaray quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos”, afirmó el lunes el letrado a la salida de la prisión en la que se encuentra su representada. Robles, que lleva un año en prisión preventiva acusada del delito de omisión, se ha acogido esta semana al llamado criterio de oportunidad, por el que el Ministerio Público puede ofrecerle beneficios a cambio de información. Tal y como hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tras ser arrestado en España acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Por su parte, Videgaray, que se sitúa en el centro de las pesquisas de la Fiscalía, emitió un comunicado —firmado en Massachusetts (EE UU), donde es profesor en el prestigioso MIT— en el que tacha las acusaciones de “completamente falsas” y de “carecer de sustento”. “Yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles. Ni ella, ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte”, respondió. Sobre el hombre fuerte de Peña Nieto pesa una orden de detención de la Fiscalía por, entre otros cargos, cohecho y traición a la patria.

En la cúspide de la pirámide, silencio. Mientras el cerco se estrecha, el expresidente Peña Nieto, sobre el que la FGR considera probado que tenía su ”propio aparato de poder criminal”, permanece callado.