Jesús Ramírez: “El Poder Judicial se ha decantado por los poderes fácticos. Esto tiene que cambiar”

Jesús Ramírez Cuevas (Ciudad de México, 55 años) es el responsable de comunicar a diario las decisiones de un presidente que ya gobierna comunicando. Como coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, el periodista acompaña la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, quien a diario utiliza la tribuna de la conferencia de prensa matutina para marcar la agenda y lanzar batallas políticas. A menudo, su trabajo consiste en explicar o aclarar lo dicho por el mandatario, que en las últimas semanas ha sido cuestionado por su pulso con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial, además de sus constantes ataques a la prensa. En esta entrevista con EL PAÍS, Ramírez analiza las pautas de comunicación del Gobierno, defiende la actitud y los señalamientos del presidente, pero se deslinda de los ataques coordinados que sufren en las redes sociales reporteros y columnistas críticos. Admite, además, que ejercer el periodismo en México, donde el año pasado fueron asesinados al menos 19 informadores y se registraron más de 220 agresiones, “sigue siendo un riesgo y eso debe terminar”.

Pregunta. ¿Por qué, si uno escucha una mañanera, pareciera que el presidente sigue en la oposición? ¿Eso está calculado, es parte del diseño?

Respuesta. Primero, señalar que este Gobierno deriva de un voto ciudadano por un cambio. ¿Pero a qué cambio se refirió la ciudadanía? Y yo creo que aquí, y eso explicará mucho la postura del presidente en su comunicación, estamos en un proceso en el que esta expectativa de cambio tiene que ver con el régimen político, pero también con la situación socioeconómica, en la que uno de los componentes muy importantes es la esfera mediática. Es decir, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y hoy en día con la irrupción de las redes sociales se agrega este elemento. En este cambio político que está demandando la gente está también un cuestionamiento sobre los roles que ha jugado cada sector en función de un modelo socioeconómico y político llamado neoliberalismo, en el lenguaje de la 4T. El presidente, cuando hace referencia no solo a la historia sino también al pasado reciente, está tomando un punto de referencia para explicar qué tipo de cambio se está construyendo. Es un cambio que no tiene que ver con un dogma ideológico o una escuela de pensamiento, sino con una convicción democrática.

P. ¿Este comportamiento no ha traído como consecuencia el debilitamiento de la libertad de prensa? ¿No ha traído este ejercicio una consecuencia, no sé si deseada pero en todo caso evidente, de que se ha debilitado la libertad de prensa? ¿Cuál es la visión de ustedes?

R. No, yo creo que nunca hemos gozado de tanta libertad los periodistas. Al menos desde el poder central del Gobierno federal no hay una instancia, un funcionario o una Secretaría que esté buscando los contenidos, las posturas editoriales, llamando a las redacciones para reconvenir el enfoque editorial o de ciertas informaciones o porque se incomoda a cierto funcionario. Esto no ocurre en esta Administración, es algo inédito en un país donde la simbiosis entre poder político y los medios ha sido tan grande. Hay una deliberación, un debate, un diálogo pudiera decirse muy intenso, pero desde el Gobierno no se ataca en el sentido físico. Se puede discutir, se puede alegar, contrapuntear, incluso disentir de los enfoques editoriales, pero no hay más que deliberación pública . No hay ninguna petición de que despidan ni siquiera a un reportero que asiste a las mañaneras que hace preguntas incómodas, como suele suceder. Por eso los medios digitales, que algún comentarista dice que son pagados por el Gobierno, son parte de la pluralidad mediática hoy en día.

P. ¿Pero no se ha sustituido por un modelo que por la mañana pide una agenda, que mediante las redes trata de que esa agenda se instale, e incluso se acosa a aquellos periodistas que no quieren seguirla o la critican, y de la que luego se benefician algunas plataformas mediáticas de reciente surgimiento que aprovechan la innovación de YouTube? Se les critica eso. Sí, usted no llama a un medio para decir corran a este columnista, pero el mecanismo se habría sustituido por una mañanera muy potente, con uso de medios oficiales, Canal 22, Canal 11, sistemas públicos de comunicación, unas redes activadas deliberadamente y favorecer a unas plataformas que antes no existían…

R. En los medios hay una pluralidad que nunca habíamos visto. La presidenta de Mexicanos contra la Corrupción participa en un programa, para nada se la ha cuestionado, se le ha reducido su horario ni se la ha buscado destituir en el Canal 11, que es un medio público. Y hay otras voces que tienen programas propios que son abiertamente, digamos, disidentes de la política oficial. Eso no habría ocurrido en Gobiernos del PRI o del PAN. Por otro lado, estos linchamientos digitales, por usar un término en boga, es algo que está sucediendo como parte de las nuevas realidades, y no es construido por el Gobierno. No compartimos los linchamientos de ningún tipo, ni digitales, ni físicos por supuesto, ni políticos ni culturales. Creo que los nuevos medios digitales están aprendiendo también a ejercer periodismo, nos hace falta todavía como ecosistema digital aprender a deliberar, no tanto a estigmatizar, a atacar o incluso a lanzar campañas de odio. En todos los –ismos, en todas las corrientes o formas de pensamiento se incurre en estas prácticas, pero para nada tiene que ver con una política oficial. Nosotros no lanzamos consignas en las redes, compartimos información.

P. ¿Se deslinda de eso?

R. Cualquier red, cualquier granja de bots, de usar presupuesto público para orientar la opinión pública, eso para nada, incluso el presupuesto publicitario no está orientado a poder incidir en la línea editorial.

P. Sin embargo, el discurso general que desde las comparecencias del presidente parece haberse instalado es el de un clima de descalificación del ejercicio del periodismo. Siendo legítimo que el presidente conteste a lo que considere oportuno ante líneas editoriales que también son legítimas. Eso forma parte del debate, ¿pero el tono, la insistencia y las formas no llevan a cierta descalificación del periodismo en un país donde el oficio del periodista es tan arriesgado? ¿No están pintando del mismo color, metiendo en el mismo saco el ejercicio del periodismo o la crítica legítima y actividades que no son legítimas como la corrupción?

R. El ejercicio de la conferencia de prensa matutina ha tenido tal impacto que también hay un reconocimiento al periodismo regional y al periodismo de investigación de la corrupción, de la depredación industrial, la destrucción del medioambiente, de las violaciones a los derechos humanos... Creo que en nuestro país el ejercicio periodístico sigue siendo un riesgo y eso debe terminar. Esto sucede sobre todo en los Estados, donde están expuestos a la delincuencia organizada y a los sectores públicos. Nosotros estamos convencidos de que se requiere más periodismo, es decir, más deliberación, más investigación. También hay intereses privados vinculados al periodismo o intentando usar el periodismo como herramienta de cuestionamiento al poder o incluso a favor de la oposición. Todo esto es legítimo, estamos describiendo el proceso, no estamos estigmatizando. Nada más, qué sucede, que por primera vez hay un presidente que no está sometido al poder mediático y está haciendo derecho de réplica, por primera vez en un país tan vertical el presidente está respondiendo en tiempo real, explicando sus actos y sus dichos. Esto puede que no sea lo más óptimo, pero abre un camino favorable a la democracia, no al revés. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados a esta especie de tenis entre la prensa y el presidente.

P. Pero las políticas públicas no se traducen, no se han reforzado los mecanismos de protección, que incluso se han debilitado. Menciona Artículo 19 que se ha seguido la degradación que había de la vulnerabilidad de los periodistas. Entonces, acusan un doble estándar: sí la revitalización del debate, pero al mismo tiempo mucha mañanera y poca institución detrás de la protección del periodismo. ¿No están en deuda con eso?

R. Bueno, como país estamos en deuda si no podemos proteger a los defensores de los derechos humanos, a los defensores del territorio y de la naturaleza y los periodistas. Estamos en falta. Este es un asunto de la sociedad y del Estado. El Estado debe garantizar la protección, la seguridad, la vida de quienes ejercen el periodismo, pero este Gobierno ha ampliado el mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas. Hay de 1.300 personas en el mecanismo de protección y casi la mitad son periodistas. Eso es muy grave, pero no han disminuido los recursos. Puede ser que las formas en las que se protege no sean del todo eficaces. Hay periodistas que incluso están viviendo en la Ciudad de México financiados, pagados por el Gobierno federal y nosotros no estigmatizamos a quien lo haga y hay de todos los medios. Para nosotros es importante el fortalecimiento del mecanismo, hay un diálogo permanente tanto con la UNESCO, con Naciones Unidas, incluso con Artículo 19, de quien debo reconocer que ha hecho un buen trabajo en México de reconocimiento, recopilación, de seguimiento de los casos de agresiones a periodistas y que por un asunto de un informe que fue retomado por el Departamento de Estado, en una conferencia de la mañana se planteó de dónde es el financiamiento para conocimiento de la sociedad.

P. En las mañaneras el presidente plantea batallas políticas y marca la agenda y entre esas batallas se ha dado en las últimas semanas, con frecuencia, un enfrentamiento abierto con el INE. El lunes [el INE] solicitó que se retirara la mañanera del viernes, ustedes lo hicieron. La campaña electoral aún es larga. ¿Será más cuidadoso?

R. Estamos obligados por ley a respetar la Constitución y por tanto también las leyes electorales y no intervenir. Sí hay que ser cuidadosos. Ayer se requirió bajar el contenido refierido, se hizo, se volvió a subir la conferencia [sin ese contenido]. Hay un respeto a la autoridad electoral, eso no quiere decir que no haya debate, que no haya opiniones respecto a la acción de la autoridad electoral. Hay quienes califican que ante el debilitamiento de la oposición de repente aparece el INE en un intento de sustituir a la oposición para enfrentar al Gobierno Federal y al presidente. Sí es importante el respeto mutuo. Necesitamos autoridades que cumplan a cabalidad lo que dice la Constitución, hagan valer la ley y también metan en cintura a la autoridad. Pero ante sus opiniones, cuando son opiniones y no solamente a carta cabal la ley, tenemos derecho como Gobierno a expresar nuestra opinión respecto a sus decisiones. Si la ley marca una cosa y la aplican por primera vez a rajatabla y no se había aplicado en ningún proceso electoral, parece que ahora por alguna razón que no ha sido explicada del todo el INE aplica a rajatabla la ley por la falta de los informes de los candidatos a diputados y gobernadores y les quita el registro. Curiosamente casi todos son del mismo partido.

P. Pero debería ser una crisis del partido, no una crisis del Gobierno.

R. Estoy de acuerdo, esto le corresponde al partido que tiene que cumplir con la ley, y los candidatos tienen que rendir cuentas. Pero eso es una cosa y la otro es cómo se aplica. Estoy de acuerdo con que eso les toca a los legisladores, a los dirigentes partidistas y sobre todo a los candidatos, que están siendo afectados en sus derechos.

P. ¿Y algunas manifestaciones del presidente, por ejemplo sobre Félix Salgado Macedonio o la sobrerrepresentación parlamentaria, no son presión o intromisión en otro poder?

R. Bueno, dos cosas. Primero, las reglas electorales no las decidió el Gobierno, son reglas pactadas entre los partidos y que vienen de mucho tiempo atrás. En ese sentido, también se establece la presunción de inocencia. Cualquier persona acusada de algo tiene derecho a defenderse y las personas que lo acusan deben demostrar que es responsable. Y eso es parte del Estado de derecho. Pero cuando se juzga sin haber sido, digamos, sancionado por una autoridad judicial, ahí ya se presta al debate. No me espanta que estos temas se discutan. Cuando la autoridad electoral incide indirectamente en la posible composición del Congreso tomando decisiones que afectan el proceso político general, ahí es cuando el presidente opina. Pero esto le corresponde más al partido y a los candidatos que al Ejecutivo.

P. Si el tema de Salgado Macedonio le corresponde al partido y si el tema de la sobrerrepresentación es una discusión entre partidos, el presidente desde 2018 es el presidente de todos los mexicanos y tiene en sus manos la gobernabilidad del país, no necesariamente el proceso electoral. ¿No es inequitativo que el presidente de la República esté hablando de los procesos electorales cuando es un actor con mucha visibilidad? ¿No están ustedes incurriendo en factores que dieran lugar a la inequidad electoral?

R. Nosotros no incidimos a favor de uno u otro candidato de ningún partido. Lo que sí se señala, y el presidente lo ha hecho, que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido, que es lo que quiere hacer el INE. Puede ser que sea justo lo que se propone de evitar la sobrerrepresentación. Pero tenemos unas reglas y a la mitad del partido las quieren cambiar porque ven que el partido no les puede beneficiar. Si está mal la Constitución y está mal el coeficiente y la regla de cómo se otorgan las diputaciones pluirinominales hay que cambiarlo, pero debía haber sido el año pasado, antes del proceso electoral o pasado el proceso electoral. A mitad del proceso electoral considero, por más justo que sea, que no es lo correcto.

P. El presidente también ha recibido críticas por declaraciones y manifestaciones que han sido consideradas una intromisión en la separación de poderes. Ahora me refiero, por ejemplo, a la prolongación del mandato de Zaldívar al frente de la Suprema Corte o a las críticas que dirigió al primer juez que suspendió la reforma eléctrica. Estas también han sido interpretadas como señales preocupantes. ¿Qué opina usted?

R. Ya tenemos antecedentes de esta relación entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial. A finales de los noventa hubo una reforma para cambiar la Suprema Corte, incluso un cambio de ministros, y fue un cambio muy radical operado desde el poder presidencial. Y ahí se aludió a la modernización del Poder Judicial y se veía bien. Aquí, en la nueva realidad mexicana, creo que el Poder Judicial le queda a deber al país, al pueblo de México: la justicia expedita, el debido proceso, la justicia a las víctimas. Y hay también un diseño institucional de leyes que benefician a ciertos sectores en perjuicio del interés público, y es lo que ahora se pone en cuestión con la reforma eléctrica y con la Ley de Hidrocarburos, pero sobre todo con esta idea de que el presupuesto público, los contratos públicos y lo que se hace desde el Gobierno debe beneficiar a todos y debe ser transparente. En este debate sobre estas leyes sí es importante que tengamos un Poder Judicial que garantice el Estado de derecho democrático donde el interés individual como el interés colectivo se concilien. Y aquí lo que tenemos es que el Poder Judicial se ha decantado más por los poderes fácticos. Esto tiene que cambiar.

P. La primera parte de su respuesta alude a la época del presidente Zedillo en la que hubo un cambio total de la Corte por iniciativa del Ejecutivo. Y se le acusó de eso, una interferencia entre poderes. ¿Reconoce que hay un paralelo y una intervención del Ejecutivo?

R. No, no porque ni puede el poder ejecutivo intervenir en el poder judicial como no puede internvenir en el poder legislativo. Aquí lo que hay es una decisión del poder legislativo de abrir un proceso de cambio en el poder judicial. Esto no es parecido ni mucho menos a lo que hizo Zedillo. Es un asunto del poder legislativo y creo que en esos términos debe entenderse.

P. Hay dos iniciativas importantes, la reforma eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, sobre la mesa. Usted acaba de hablar de falta de transparencia en los contratos, pero estas leyes van más allá. Si el problema es la falta de transparencia basta con que actúe la justicia o mejorar esos mecanismos. La práctica totalidad de los expertos y analistas consideran que estas medidas ponen en riesgo la inversión, no solo la extranjera como menciona el presidente, sino la iniciativa privada nacional también. Esto en un momento de emergencia económica. ¿No le parece cuando menos arriesgado?

R. Cualquier decisión económica en un momento de crisis es arriesgada, pero también es contrario al sentido común pensar que si heredamos una reforma energética que otorgó contratos injustos para la nación y los mexicanos no hagamos nada […]. Estas inequidades, o estas irregularidades, o estos problemas técnicos y económicos de la industria tienen que arreglarse para que haya, ahora sí, reglas claras y condiciones equitativas. Por eso es el cambio de la ley. Se quiso hacer por la vía reglamentaria, pero se anuló la ley por la vía judicial. Por eso si esa reforma legal por la vía judicial un juez o la Suprema Corte determinan que es ilegal e inconstitucional nos va a obligar a que para pueda cumplirse tendríamos que ir a una reforma constitucional. Pero es por el interés público, no es por ningún dogma ideológico ni por ninguna condición preestablecida de rechazo a la inversión extranjera o rechazo a cierta forma de generación o a ciertas empresas. Es una situación que tiene que ver con el interés nacional.

P. Antes ha mencionado a los medios y ha hablado de plantear debates, pero en la práctica en las conferencias de prensa matutinas esos debates se traducen en ataques constantes a algunos medios de comunicación, a la prensa, a veces incluyendo a este periódico, metiendo a la prensa en el saco de los adversarios. La crítica también forma parte del ejercicio de la libertad de prensa. ¿Esa estrategia está calculada?

R. Primero, señalar lo que para nosotros es una convicción: la necesidad de una prensa crítica, de medios de comunicación, de periodistas que ejerzan la profesión para investigar, para contrapuntear, para ahondar en los temas y también poner en perspectiva las opiniones y las políticas públicas del Gobierno. Esto es lo más normal y es imprescindible, sin eso no hay democracia. Esta relación con los medios y con la prensa es fundamental para el enriquecimiento de la democracia. La deliberación y el debate público son esenciales. No obstante, los medios como tales no son entidades neutras en la vida política y económica. Los medios, para decirlo en términos muy llanos, también son actores del debate, en el sentido de que como empresas representan intereses, que también juegan a favor o en contra de leyes según afecten o no a sus intereses.

P. ¿Ustedes hacen encuestas a diario, cada siete días? ¿Cómo ayuda al presidente a entender si algo se está convirtiendo en un problema de opinión pública? ¿Cómo es esa mecánica? ¿El caso Zaldívar ya es una crisis y cómo miden eso?

R. Cualquier elemento que trasciende el ámbito individual y se convierte en un cuestionamiento es una precrisis. Y si ya se convierte en un cuestionamiento abierto es una crisis de comunicación. No hacemos encuestas, porque son muy caras, solo hemos hecho dos. Sí recurrimos a las encuestadoras, a los trabajos de investigación de opinión pública los tomamos en cuenta. Hacemos investigación de redes en diferentes plataformas, buscamos cuáles son los temas de preocupación. Todo eso junto con los medios de comunicación, y ahí es donde los editorialistas y los conductores también juegan un papel importante. Con todo esto construimos un esquema, un análisis y también hacemos sugerencias de cuáles son las líneas de comunicación, los problemas y las solución que se proponen.

P. Y sobre la estrategia de comunicación de la emergencia sanitaria, el presidente ha recibido críticas por no llevar cubrebocas y no constituir un buen ejemplo para los ciudadanos. Hoy se ha vacunado en directo pero hace unas semanas dijo que la vacunación podía esperar… ¿Cuál es su balance y su valoración de su figura como principal comunicador en relación con la pandemia?

R. Es una situación mundial que está poniendo en cuestión un modo de vida. En materia de comunicación, fue correcta la decisión del Gobierno federal de nombrar a un grupo de médicos como los especialistas respecto al entendimiento de la misma enfermedad, el proceso de su evolución y las consecuencias hacia la sociedad. Creo que el doctor Hugo López-Gatell ha sido un gran acierto. Su manera de comunicar ha sido muy efectiva. No es lo mismo comunicar una crisis que termina pronto que una crisis prolongada. Ha sido acertada esta decisión de entregarles a los técnicos y a los médicos la comunicación. Evidentemente hay un debate sobre el alcance de estas medidas, si debe ser obligatorio el cubrebocas o no, si hay que obligar a la gente a que se confine en su casa o no, si hay que cancelar el sistema de transporte público o no, si hay que cerrar la economía. Estamos en proceso de aprendizaje.