Una oleada de amenazas y ataques enciende todas las alarmas entre los periodistas de Guerrero

A Manuel lo describen como un “muchacho humilde” que se acercaba al Diario de la Tarde de Iguala con una “motito que acababa de comprar” para llevarse algunos ejemplares del periódico.

—Dame 300.

Vendía durante la tarde en Iguala de la Independencia y por las mañanas en las poblaciones aledañas. Con eso iba tirando, hasta que sus restos aparecieron esparcidos junto a una carretera. Había sido asesinado y descuartizado por un grupo armado que se disputa la ciudad, punto estratégico de comunicación entre varios Estados. Manuel fue el último repartidor que corrió esa suerte, pero antes de él, un chico apodado El Canelo, Elías, y así, hasta sumar cinco repartidores, fueron asesinados por el simple hecho de vender un periódico local que había informado sobre la lucha entre las distintas facciones enfrentadas.

La ola de violencia que se vive en el Estado de Guerrero por parte del crimen organizado ha pillado a los periodistas y a los trabajadores ligados a la información en medio de un fuego cruzado. Este miércoles la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) se manifestó frente al Palacio de Gobierno y la Fiscalía del Estado, al tiempo que lanzaba un comunicado en el que piden a las autoridades municipales, estatales y federales que tomen cartas en el asunto frente a una nueva ristra de amenazas que han sufrido los reporteros de Guerrero a través de redes sociales.

El 2 de agosto, fue asesinado en Iguala Pablo Morrugares, del diario de noticias digital PM, quien también había recibido amenazas vía redes. En el ataque, llevado a cabo con armamento de alto calibre, también mataron a su escolta. Los periodistas denuncian su indefensión frente al recrudecimiento de la violencia. Julio César Zubillaga es el director del Diario de la Tarde de Iguala, lugar del que se ha visto obligado a desplazarse a raíz de las amenazas recibidas. “Nos hicimos eco del ataque en el que murió Morrugares, y como respuesta, dos días después, atacaron a balazos nuestro taller de rotativas”, cuenta Zubillaga, cuyo periódico se ha visto obligado a suprimir su versión impresa a raíz de la balacera.

Zubillaga explica que, al tratarse de violencia ocasionada por el crimen organizado, las autoridades estatales se “lavan las manos” y apuntan a los niveles federales como responsables de la salvaguarda de la labor periodística. Aunque se han tomado algunas medidas por parte del Estado, como acompañamiento policial en el desempeño del trabajo y los llamados botones del pánico, estas medidas son “insuficientes” para el director de la Tarde de Iguala. “Un homicidio se comete en segundos, y mediante el botón del pánico, se avisa a las autoridades, pero pueden tardar varios minutos en llegar”, argumenta.

El Estado de Guerrero acumula una batería de ataques contra la prensa. En los últimos 5 años, han sido asesinados siete periodistas y un documentalista extranjero. La situación ha ido a peor, asegura un portavoz de la APEG por teléfono. En lo que va de 2020, las agresiones contra la prensa suman 21, entre ellas 3 asesinatos, según el recuento que hace la asociación. “Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se registraron seis muertes por ejecuciones, algunas de ellas con desmembramientos”, dice Zubillaga. Tanto él como desde la APEG indican que debido a esta situación, hay noticias que han dejado de cubrirse como antes: “No existe la misma libertad para ejercer nuestra labor”.

Natividad Ambrosio es otra reportera de Guerrero amenazada desde hace más de 5 años. Con el aumento de la violencia en Iguala, también se vio desplazada del lugar y afirma que ya no cubre apenas las notas sobre ejecuciones y violencia relacionadas con el crimen. También afirma que las autoridades no lo ponen fácil. “Sobre todo pedimos que se respete nuestra profesión, a veces los gobiernos no toleran las críticas o las evidencias de corrupción”, cuenta. Muchas veces los ataques llegan desde esa orilla. “Nos atacan verbalmente o nos desacreditan, nosotros pedimos respeto a nuestra labor”, dice. Y concluye: “No pueden hacer de Iguala una zona de silencio”.

Del relato que Zubillaga da, se deduce que la situación en Iguala es, cuanto menos, delicada.

—¿Cómo vive alguien en estas circunstancias?

—Sin dormir, angustiado y con el temor permanente de que en cualquier momento puedo sufrir un ataque. Muchos disparan desde motos, imagínate cada vez que voy en mi vehículo y una se acerca, o que llego a un restaurante y hay una camioneta con aspecto dudoso. En todas partes acabas viendo sicarios y asesinos.

Zubillaga tiene familia. Se ha llevado con él a sus hijos aprovechando que la escuela ahora es telemática y así “alejarlos de la tragedia” que vive. Aún en medio de todo este infierno, hay cosas que merecen la pena: “Mi pensamiento hoy es disfrutar de mis hijos y mi familia porque no sé hasta cuando voy a poder hacerlo, es lo único positivo que puedo sacar de esta situación”.