No hay tregua para Guanajuato: 48 asesinatos en tres días

El sábado, peritos de la fiscalía de Guanajuato rescataron 20 bolsas negras con restos humanos de ocho fosas clandestinas. Fue en el municipio de Irapuato, en el centro del Estado. El colectivo de familiares de personas desaparecidas A Tu Encuentro elaboró un resumen de lo que encontraron los peritos en cada fosa. Cada epígrafe del resumen ilustra el horror que vive Guanajuato: “Fosa 1: Un cuerpo completo de mujer con blusa o top rojo, pantalón nereo (sic), suéter negro, zapatillas de tacón; Fosa 2: cuatro bolsas. Una bolsa con cabezas, otra bolsa con brazos y las otras dos bolsas con torsos y piernas. Una, la de las cabezas, con nudo. Las demás sin nudos y sin cinta”.

No hay tregua para Guanajuato, que cuenta muertos a una velocidad creciente, sin que los gobiernos estatal y federal den con una solución. Del viernes al domingo, la entidad registró 48 asesinatos, 11 en un mismo lugar, un bar nocturno en Jaral de Progreso, en el sur del estado. El sábado, además, peritos de la fiscalía sacaron las 20 bolsas con restos humanos de las fosas de Irapuato. Ambos casos ilustran la incapacidad de las autoridades para enfrentar la ola violenta. La masacre del bar es la enésima que cuenta el estado este año, después del asesinato de 30 personas en un centro de rehabilitación de Irapuato en junio, o la muerte a balazos de una familia en una taquería en Celaya en enero. El hallazgo de nuevas fosas pone frente al espejo al Gobierno estatal, criticado por los colectivos de familiares de desaparecidos por su falta de empatía.

Las estrategias para contener la violencia en la joya industrial de El Bajío se cuentan por fracasos. El Ejecutivo federal pensó primero que el problema era el robo de combustible. Las mafias de huachicoleros -ladrones de gasolina- actuaban a su antojo y contaban con la colaboración, voluntaria o no, de las autoridades. En enero de 2019, el Gobierno ubicó incluso una manguera de tres kilómetros en la refinería de Salamanca, cerca de Irapuato, que bombeaba combustible al exterior de manera clandestina.

El Ejército llegó en tromba a combatir a los huachicoleros. En algunos puntos del territorio, los militares acamparon literalmente encima de los ductos de petróleo. El robo bajó, pero la violencia no. 2019 terminó con 3.974 asesinatos, récord histórico para la entidad. Las autoridades se centraron entonces en perseguir a los grupos criminales. Ajeno a la retórica pacifista del presidente, Andres Manuel López Obrador, el aparato federal de seguridad puso en la mira a José Antonio Yépez, alias El Marro, cabeza de una red criminal que se hace llamar Cartel Santa Rosa de Lima. Después de perseguirlo durante meses, las autoridades lo detuvieron en agosto. La expectativa era que la violencia bajara. La lectura de las autoridades era que con El Marro fuera de juego, su grupo quedaría reducido frente al otro gran grupo que opera en la entidad, el Cartel Jalisco Nueva Generación, situación que redundaría en paz para el estado. Pero los cálculos fallaron de nuevo.

Más allá de las explicaciones que apuntan a peleas entre grupos, lo cierto es que la violencia permea hasta el tuétano de una sociedad cansada y aterrorizada. La extorsión es habitual desde hace tiempo en diferentes municipios del estado. Hace justo un año, la alarma sonaba en Celaya, cuando las tortillerías de la ciudad que no se plegaban a las amenazas sufrieron el ataque de los criminales. La semana pasada, un comerciante denunció al diario Reforma que delincuentes le habían hecho llegar panfletos con amenazas si no pagaba la extorsión. “No tiene ningún caso que intentes irte o esconderte. Te tenemos completamente ubicado a ti y a toda tu familia”, leía el texto.

Frente a la violencia, el Gobierno estatal mantiene una distancia sanitaria, como si el mero hecho de evitarla hiciera que menguara. Familiares de víctimas de la violencia han criticado al gobernador, Diego Sinhue, del PAN, de negar la situación que vive la entidad. “El Gobierno del Estado no lo quiere reconocer y lo trata de forma política”, critica el criminólogo José Gutiérrez, responsable de la organización Sembrando Comunidad. “El viernes salió la nota de las ocho fosas en Irapuato y el sábado mataron a 11 personas en Jaral. A nivel nacional llaman mucho la atención estas noticias, pero aquí en Guanajuato parece que nada pasa. Ya se normalizó y no hay reclamo social. Ni siquiera hay alarma. Hay mucho miedo siquiera de salir a protestar”.

Gutiérrez, que tiene su base en Irapuato, apoya legalmente al colectivo A Tu Encuentro. El jueves pasado, el colectivo llegó a un paraje conocido como Cerro del Conejo. Encontraron ropa, un chaleco antibalas y un hueso largo de persona, un fémur. Al día siguiente volvieron y hallaron las fosas. Enseguida avisaron a la fiscalía, que tardo cinco horas en llegar. Su tardanza provocó el enfado de las familias y un roce con la Comisión Nacional de Búsqueda. La fiscalía quería empezar a procesar las fosas, pero la Comisión se negó. Por protocolo, las fosas deben analizarse a plena luz del día, no cuando anochece.

Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, explica que la coordinación con las fiscalías es a veces complicada. “Nos pasa que quieren tomar decisiones unilaterales”, explica. La fiscalía finalmente cedió. Al menos ese fue el acuerdo. Quintana señala que “el hallazgo es muy importante, sobre todo por el contexto de negación por parte del gobierno estatal. Aquí dicen que no hay fosas clandestinas”.