El despido de un limpiador desvela las carencias de protección en los hospitales que atienden la pandemia

A sus 70 años Jorge Pérez quedó desempleado por exigir equipo de protección contra la covid-19. Él trabajaba para una empresa subcontratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y había sido ubicado en el Hospital 20 de noviembre de Ciudad de México, uno de los centros con mayor saturación de pacientes de covid. Alarmado por el aumento de casos y muertes que llegaban al hospital, Pérez exigió que a él y sus compañeros se les entregara equipo adecuado para protegerse durante su trabajo como limpiadores, pero no hubo una respuesta. Habló su caso en una entrevista que dio a un reportero de la televisión local y el 22 de junio de 2020 su empleador lo despidió sin justificación, argumentando que no debió hablar con la prensa. Ahora Jorge batalla por lograr una indemnización. Pero ni su antigua empresa ni el ISSSTE le han hecho caso. Su historia ha llevado a Amnistía Internacional a iniciar una campaña por los derechos de las personas trabajadoras de la limpieza de hospitales que atienden la pandemia.

“No nos daban nada de equipo. Nos daban unos guantes usados o unas franelas que eran puros pedazos”, relata Jorge a EL PAÍS en entrevista telefónica. “Todos mis compañeros siguen careciendo de eso. Somos bastantes, más de 300, por turnos de mañana, medio día y noche”, agrega. Pérez trabajaba de seis de la mañana a dos de la tarde, por un salario de 3.800 pesos mensuales (unos 190 dólares). Al terminar, dice, ponían a los trabajadores desprotegidos a esperar la supervisión “donde salían los cadáveres” de quienes fallecieron por covid. Confiesa que el trabajo era extenuante y recibía mucha presión de parte de sus jefes: “Parecían capataces detrás de uno”. Incluso llegó a buscar apoyo sindical, pero al enterarse sus superiores amenazaron con echarlo. Ahora el anciano, desempleado, depende de lo que gana su esposa, Concepción Hernández (61 años) limpiando casas y planchando. “Ella sostiene la casa”, dice. “Me siento mal, me desespero, no sé qué hacer, a quién acudir”, lamenta Jorge.

Amnistía Internacional lanzó la compaña #JorgitoCuenta, con la que exige al director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, que se pague la indemnización a Pérez y que se garantice equipo de protección para los trabajadores sanitarios que están expuestos a la covid-19 en los hospitales del sistema de seguridad social mexicano. También exigen al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, “transparentar la información sobre las personas trabajadoras de la salud vacunadas, que incluya a las personas trabajadoras de la limpieza de hospitales que atienden a personas enfermas por covid-19″. La investigación de la organización ha documentado que 3.100 personas trabajan en la limpieza en nueve hospitales del ISSSTE en la capital del país y que el Hospital 20 de noviembre es el que cuenta con más personal, más de 300 trabajadores. “Son invisibles”, dice Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de la ONG en México. “Estas personas limpian baños, lavan batas de enfermos, pero nadie las ve y lo que queremos es poner el foco en ellas. México es un país que casi nunca ve a la gente que provee determinados servicios. Venimos de una sociedad que no ve al otro”, agrega.

Reneaum Panszi explica en entrevista telefónica por qué la organización han tomado el caso de Jorge Pérez como bandera. “El Estado mexicano, en este caso el ISSSTE, subcontrata servicios de limpieza y le da la espalda a las condiciones contractuales de los trabajadores, con el entendido de que es la empresa la que se tiene que hacer cargo. El Estado incumple la ley federal del trabajo, que establece que hay una obligación solidaria en este tipo de contrataciones y reproduce condiciones labores adversas, desiguales y precarias, cuando debería tener una infraestructura para evitar la precariedad laboral”. Amnistía Internacional ya había denunciado que México registra la tasa de mortalidad más alta del mundo entre personal médico a causa de la covid-19, con 1.320 médicos y enfermeras fallecidos debido al deficiente material sanitario utilizado y la ausencia de protocolos de protección.

El caso de Jorge se hace público meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendiera una cruzada contra ‘outsourcing’. El mandatario envió a finales de noviembre al Congreso una iniciativa de ley que propone poner fin a la práctica abusiva de subcontratación en México, un país donde según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hay más de cuatro millones y medio de personas subcontratadas y que, como Jorge, no cuentan con seguridad social. Aunque a inicios de diciembre el Gobierno mexicano y los empresarios pactaron una tregua para discutir los esquemas de subcontratación del empleo, se ha abierto un debate sobre la precariedad laboral en México. “El problema no son las empresas de ‘outsourcing’, sino la tolerancia del Estado a esas prácticas empresariales”, explica Reneaum Panszi. “El Gobierno es uno de los grandes generadores de ‘outsourcing’ del país. Lo que está mal es el uso abusivo que se da para disminuir costos de operaciones de empresas e instituciones del Estado”, añade.

La ONG ha solicitado reuniones con funcionarios de la Secretaría de Trabajo y la de Salud, pero hasta ahora no han tenido respuesta. Reneaum Panszi dice que el miércoles pasado se reunieron con autoridades administrativas del ISSSTE, que les dijeron que “no entendían la dimensión” que el organismo estaba dando a la historia de Jorge Pérez, quien sigue sin recibir su indemnización. “Quiero que nos hagan caso”, exige el anciano. “No quiero que haya anomalías para mis compañeros que están ahí, que padecen lo mismo que padecí yo, pero que sus historias no salen a luz pública porque tiene miedo”. Un miedo que Jorge venció y le costó su empleo.