Fuga de empresas ante la incertidumbre que plantea la política de López Obrador a los inversores

El plan era hacer de México un jugador indispensable en el mercado de coches eléctricos a nivel mundial. Nicolás Cuevas, un joven ingeniero sonorense, había desarrollado junto con otros compañeros un proceso ecológico para extraer y procesar grafito, un mineral necesario para producir baterías de litio. Habiendo estudiado en la Universidad de Arizona, el ingeniero y sus colegas fundaron Urbix Resources, una startup en tecnología mineral, y se instalaron en Hermosillo, en el norte del país. Pero pronto empezaron a ver señales de que el clima de inversión cambiaba con el nuevo Gobierno federal en México.

“Nosotros, como startup, vimos demasiada incertidumbre en la presidencia de México”, dice Cuevas, de 34 años de edad, “no sabíamos quién iba a ganar, pero teníamos que decidirnos por un país y la realidad es que el país más estable era Estados Unidos. Entonces, decidimos vender nuestros activos en México y mudarnos”. A principios de 2019, pocos después de que Andrés Manuel López Obrador llegase al poder, cerraron el molino de grafito, despidieron a sus empleados y se mudaron a la ciudad de Mesa, en Arizona.

La Cuarta Transformación, como el mismo López Obrador ha bautizado a su Administración, le declaró una batalla a muchos empresarios, a quienes acusó de “sentirse los dueños del país” y de ser “una minoría rapaz”. México ya está sufriendo las consecuencias. Desde que ganó las elecciones en junio de 2018, López Obrador puso a consulta popular la cancelación de proyectos de infraestructura, como un aeropuerto nuevo para la ciudad capital y una planta cervecera de una empresa privada. Apoyó una iniciativa propuesta por su partido para obligar al banco central a comprar dólares en efectivo (vulnerando su autonomía). Ha enviado iniciativas al congreso para prohibir la subcontratación o el outsourcing y, más recientemente, para revertir una reforma energética constitucional en el sector energético, el cual se abrió a la inversión privada por primera vez en 70 años en la administración anterior.

Empresas internacionales, como la de Cuevas, están cerrando sus oficinas en el país, despidiendo a sus empleados porque no tienen la certeza de que sus inversiones serán respetadas. Con ellas salen también cientos de millones de dólares en potenciales proyectos. Esto se ha visto en el sector energético más que en ningún otro sector, ya que López Obrador ha hecho todo lo posible por regresarle a las paraestatales de petróleo y de electricidad, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, el monopolio en sus respectivos mercados. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una de las patronales empresariales más grandes del país, se refirió a la iniciativa enviada al Congreso por el presidente esta semana, la cual le daría preferencia a la paraestatal en la industria eléctrica, como “una expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la CFE, electricidad más cara y contaminante”.

La empresa inglesa de energía renovable Solarcentury, anunció a sus empleados en el país que cerrará la oficina este año. Sowitec, empresa alemana desarrollada de plantas de energía renovable, también tuvo que despedir a algunos de sus empleados en septiembre del año pasado, ante la incertidumbre generada por la administración actual. Las empresas aseguran que se han enfrentado a un obstáculo tras otro desde que López Obrador llegó al poder. Desde complicar e imposibilitar los trámites de permisos necesarios para operar, hasta ser el blanco de ataques por parte del presidente durante sus conferencias de prensa diarias, muchas empresas están en una especie de limbo, esperando los resultados de las próximas elecciones de medio término, las cuales definirán si el partido en el poder consolida su poder o enfrenta resistencia para pasar sus propuestas. De esto dependerá si vale la pena, o no, quedarse en México.

Además, durante la pandemia, el Gobierno federal se rehusó a apoyar a trabajadores en confinamiento obligatorio con una parte de sus sueldos, diciendo que las empresas eran las que debían de hacerlo. Se perdieron más de 12 millones de empleos, de los cuales solo se han recuperado nueve millones y más de un millón de empresas tuvieron que cerrar de manera permanente por falta de ingresos en los últimos 17 meses, de acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi). La inversión fija bruta, el mejor indicador del crecimiento económico por venir, lleva cayendo mensualmente de manera consecutiva desde finales de 2019.

Jugada maestra

Para Cuevas, haber sacado a Urbix de México resultó una jugada maestra. La empresa tiene ahora una planta de 30.000 pies cúbicos y en 2020, mientras la economía global se encogía velozmente, rebasó sus metas de crecimiento y financiamiento. Este año, la empresa empezará a suministrar a algunas de las más grandes armadoras de autos en aquel país el grafito que necesitan para hacer la transición a autos eléctricos. Su meta es alcanzar los 300 millones de dólares en ganancias anuales para el 2025 en parte impulsados por órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Joe Biden, por las cuales las empresas deben comprar productos americanos si están disponibles antes que productos del extranjero. Urbix es, por el momento, la única empresa estadounidense que puede suministrar este grafito para baterías utilizando métodos amigables con el medio ambiente.

“Vimos en México un potencial, mis raíces siempre están allí, mis valores, mis principios todos fueron inculcados en México por mis papás y abuelos”, cuenta Cuevas. Pero “teníamos que ofrecerle a nuestros inversionistas, tanto americanos como mexicanos, certeza y protección. Certeza más que nada”, agrega.

Para la empresa inglesa Solarcentury, la cual llegó a México para aprovechar la reforma energética que entró en vigor en 2015, el clima de negocios actual es muy diferente al que vieron cuando llegaron. El año pasado, la empresa fue adquirida por la escandinava Statkraft y decidió que su oficina en México cerraría. “El entorno regulatorio actual en México es más desafiante que cuando Solarcentury estableció su presencia en el mercado y, como consecuencia, Statkraft está considerando varias alternativas estratégicas para el negocio mexicano”, dijo la empresa en un correo.

Por su parte, la alemana Sowitec, también empresa de energía renovable, tuvo que reducir su plantilla en septiembre, en gran parte porque el futuro de sus proyectos en México es incierto, dice Alejandra Domínguez, directora gerente en el país y exfuncionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). “Desde que llegó al poder la nueva administración hemos visto un retroceso en el apoyo a la generación de energías renovables, derivado de que el principal objetivo de este gobierno es el reforzamiento de la propia CFE y de Pemex. Es decir, estas empresas son los ejes centrales en donde el gobierno hoy en día quiere enfocarse para que recobren la fuerza que solían tener en el pasado, dejando de lado a la iniciativa privada”.

Obstáculos y silencios

La actual administración, cuenta Domínguez, “empezó a obstaculizar el poder desarrollar este tipo de proyectos desde limitar el acceso a información del Sistema Nacional Eléctrico, la obtención de permisos a nivel federal e inclusive local. La pandemia fue para el Gobierno federal una oportunidad para impedir la expedición de permisos, ya que las oficinas de reguladores y secretarías como la Semarnat, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) han permanecido cerradas, asegura Domínguez. “Esto impidió que pudiéramos obtener las autorizaciones de los proyectos que teníamos”, explica.

Ahora, el principal factor de riesgo para el futuro de la empresa en México, serán las elecciones legislativas y locales de medio término este verano, dice Domínguez. “Lo más relevante ahora son las votaciones del 6 de junio de este año para ver cómo va a quedar el Congreso constituido”, asegura, “hablo de partidos políticos que puedan beneficiar las posturas del gobierno actual o que puedan balancear todo lo que pretende este gobierno”.

Mientras tanto, Cuevas, acepta que salió del país a tiempo, pero lamenta haber tenido que enterrar un sueño de impulsar a su estado natal. “La palabra nacionalismo tiene una connotación muy negativa y esto que voy a decir es posible que resulte controvertido”, dice el empresario, “pero yo pienso que todos los países deberían nacionalizar una cosa: la capacidad de producir productos críticos. Esto quiere decir, no limitar a la industria privada, sino habilitarla para que tengamos esa capacidad de innovar”.