La consulta para enjuiciar a los expresidentes mexicanos pone los focos sobre la Suprema Corte

Andrés Manuel López Obrador echa mano nuevamente de la democracia participativa para avanzar la agenda de la autodenominada Cuarta Transformación. La consulta popular para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes [Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto], todos los exmandatarios mexicanos vivos a excepción de Luis Echeverría, es el más reciente ejemplo. No es la primera vez que el presidente apuesta por este mecanismo, relativamente nuevo, para trasladar al pueblo una convicción política tomada con anterioridad. Así fueron cancelados el nuevo aeropuerto de Ciudad de México iniciado por Enrique Peña Nieto y una planta estadounidense de cerveza en el Estado de Baja California y siguieron con vida una termoeléctrica en el Estado de Morelos y el Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura para el actual Gobierno. Esta consulta va más allá. Cuestiona la independencia de la justicia pues nada impide que los expresidentes sean juzgados si es que cometieron delitos.

La pregunta formulada por López Obrador y su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, debe librar un gran escollo antes de convertirse en la estrella del norte rumbo a las elecciones. La ley de Consulta Popular, aprobada en 2014 durante el mandato de Peña Nieto, asegura que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) debe avalar la constitucionalidad de la materia de la consulta. Ese proceso ha iniciado y el Constitucional cuenta con 20 días para emitir su postura. Los especialistas consideran que la consulta es inviable en el terreno judicial. “Se trata de una propuesta abiertamente inconstitucional”, considera Javier Martín Reyes, profesor asociado de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La Constitución prohíbe expresamente que sean objeto de consulta la restricción de derechos humanos y sus garantías. “Dejar en manos de las mayorías la decisión de si se investiga y procesa a los expresidentes violaría los derechos de las víctimas y el derecho al debido proceso de los señalados”, añade el jurista.

El ministro Luis María Aguilar será el responsable de escribir el proyecto de sentencia. El togado presidió el poder judicial hasta enero de 2019, cuando la judicatura emprendió un viraje en paralelo al Gobierno de López Obrador con el juez Arturo Zaldívar como cabeza. Aguilar, un juez de carrera, quedó en el nuevo equilibrio del tribunal como uno de los magistrados críticos a la actual Administración. Su oficina ha sido responsable de diversos proyectos que han servido de dique a las políticas promovidas por el Ejecutivo. En junio, Aguilar admitió una controversia promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y dos entidades gobernadas por la oposición que suspende momentáneamente un decreto que resume la política energética de López Obrador, pues buscaba limitar la emisión de permisos para las plantas eólicas y solares.

En 2019, Aguilar también se pronunció en contra de la ley de remuneraciones que recortaba los salarios de los funcionarios públicos. La medida fue una de las primeras adoptadas por López Obrador nada más llegar al poder y establecía que ningún servidor público podría ganar más que él, fijando su salario en 108.000 pesos mensuales. A la norma siguió una lluvia de miles de amparos que buscaron blindarse de la medida conservando onerosas dietas.

La consulta ciudadana que pretende López Obrador tiene un alto componente político y electoral. La pregunta formulada por el Ejecutivo sería sometida a consideración de los ciudadanos el domingo 6 de junio de 2021, la misma fecha en la que el país acudirá a las urnas a las elecciones más grandes de su historia. Esa jornada se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 15 de los 32 Estados elegirán nuevo gobernante. A nueve meses, el partido de López Obrador luce como el claro favorito rumbo a esos comicios. El juicio a los exmandatarios puede convertirse en el principal tema de la campaña para las intermedias y reforzaría al actual mandatario en el terreno en el que mejor se mueve, el de la contienda política y el enfrentamiento, más aún ante la falta de líderes de oposición.

Ximena Medellín, doctora en Derecho por la UNAM, cree que el proceso de la consulta ha sido desaseado. “El resultado puede ser muy desafortunado porque desgasta una herramienta que tiene un gran valor pero que se está aplicando de forma incorrecta y en un mal momento”, indica la académica, también del CIDE. La especialista cree que la pregunta formulada por la presidencia es problemática. Esta pretende cuestionar sobre la sanción a presuntos delitos cometidos “antes, durante y después” de las gestiones desde 1988. El fraseo borra el debate jurídico sobre los límites a las responsabilidades públicas y a los delitos. “La pregunta no tiene ningún sentido”, añade.

El ministro Aguilar debe ahora operar jurídicamente con una gran presión política sobre sus hombros, más aún después de que el presidente, durante el anuncio de la solicitud argumentase que para hacerla hay unas zonas grises en el marco legal, insinuando que la justicia no llevaría a cabo ningún proceso contra un exmandatario. El asunto debe resolverse con una delicada reforma al poder judicial de fondo. El sentido de la sentencia de Aguilar será público en los próximos días. Sin embargo, el ministro dejó en claro en 2014, cuando la SCJN se pronunció sobre las consultas populares, que es muy conservador a la hora de avalar en qué asuntos pueden meterse los ciudadanos. En ese entonces, los ministros acotaron el campo de acción de las consultas. Los temas energéticos y económicos, entre ellos el incremento al salario mínimo, quedaron fuera de la mesa al declararse inconstitucionales. “Sería muy raro que Aguilar frente a las mismas restricciones ahora salga con un proyecto dramáticamente distinto a lo fallado en 2014”, indica Javier Martín Reyes. Y esto abre una nueva incógnita política para 2021. ¿Puede el Gobierno llevar adelante una consulta después de haber sido declarada inconstitucional por la Corte?