López Obrador defiende su política para el sector energético en la Suprema Corte

Andrés Manuel López Obrador ha elevado la defensa de su política energética a la Suprema Corte de Justicia. El abogado de la presidencia, Julio Scherer, ha impugnado este jueves ante el tribunal constitucional el freno que un juez otorgó a finales de junio a un decreto que cambia las reglas del juego para las empresas privadas del sector. La medida aumenta la férrea presión que ejerce la Administración de Morena para recuperar el peso del Estado en el mercado eléctrico. La ofensiva presidencial también tiene un trasfondo político, pues fue un Estado gobernado por la oposición, Tamaulipas, quien impulsó la controversia constitucional que fue aceptada por uno de los once jueces de la Corte, Luis María Aguilar.

El origen de esta disputa se originó el 15 de mayo, cuando la secretaria de Energía, Rocío Nahle, publicó un decreto que imponía una serie de limitantes a las nuevas centrales de generación de energía renovable. Los lineamientos limitaban la emisión de permisos para plantas eólicas o solares y prohibía la construcción de plantas en sitios congestionados o con poca capacidad de transmisión a la red. Energía considera que esto impedirá sobrecargas en el sistema de transmisión y con ello se evitarán apagones.

El decreto contaba con algunos problemas de forma. El Diario oficial de la Federación había puesto trabas a la Secretaría de Energía para su publicación pues consideraba que invadía competencias de otras instituciones y había evitado el tránsito necesario por los organismos técnicos y reguladores. El texto fue mal recibido por las empresas privadas del sector, quienes han encontrado muchos obstáculos a la inversión en el sector en 19 meses de la Administración de Morena. Allí comenzó una lluvia de amparos de diversas compañías para evitar ser afectados por la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional.

El Gobierno de Tamaulipas, gestionado por el PAN, también se sumó a la batalla legal contra el llamado decreto Nahle. El gobernador de la entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dijo en mayo que la “desafortunada” medida frenaría el desarrollo en la entidad. El Estado es uno de los principales productores de energía renovable con once parques eólicos, que representan una inversión por más de 2.300 millones de dólares. El texto gubernamental también ponía en jaque otros cuatro proyectos que orillarían a la pérdida de otros 1.200 millones.

A finales de junio, la Comisión de Competencia Económica (Cofece), un órgano antimonopolios, se alió con Tamaulipas e interpuso la controversia constitucional que hoy es disputada por el Ejecutivo. La comisión consideró que el decreto “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia”. La iniciativa de Nahle, de acuerdo a este organismo, compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución. “Sacrifica la eficiencia y establece barreras de entrada en la generación de energía”, señaló.

Luis María Aguilar, juez de la Suprema Corte, dio la razón, momentánea, a los quejosos. El togado suspendió los efectos del decreto con medidas cautelares mientras se desahoga el juicio. El fallo de la Corte será importante pues hay varias empresas extranjeras y nacionales con juicios de amparo que buscan evitar el decreto.

Esta batalla legal es un capítulo nuevo en la ofensiva que el Gobierno de López Obrador mantiene contra la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En 2013, los legisladores aprobaron un paquete de normas que abría al sector privado, extranjero y nacional, la inversión a las industrias petroleras y eléctrica después de varias décadas de soberanía energética. Recientemente, el presidente mexicano ha anunciado públicamente que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revelará en el juicio que se lleva en su contra que aquella normativa fue aprobada gracias a sobornos. Entre los legisladores que supuestamente recibieron mordidas se encuentra el hoy gobernador Cabeza de Vaca, según filtraciones del testimonio que Lozoya ha hecho a la Fiscalía.