Emilio Lozoya, testigo colaborador, no pisará la prisión mientras enfrenta el cargo por lavado de dinero

Emilio Lozoya ha enfrentado al fin a la justicia mexicana. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha rechazado la acusación de lavado de dinero formulada por la Fiscalía, quien cree que recibió recursos de la metalúrgica Altos Hornos de México para después comprar una casa de 1.165 metros cuadrados en un acomodado barrio del poniente de la capital. El imputado también ha afirmado virtualmente al juez José Artemio Zúñiga haber sido “sistemáticamente intimidado”, “presionado” e “instrumentalizado” en la compleja trama de sobornos que apunta a la cúpula del Gobierno de Enrique Peña Nieto. La audiencia de este martes se llevó a cabo vía remota desde un hospital privado, donde Lozoya está ingresado por una supuesta anemia desde que España lo extraditó. Lozoya ha declarado esta mañana sobre su participación en el caso Agronitrogenados, la compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio por parte de la petrolera estatal en enero de 2014. Este miércoles, el exfuncionario declarará en el asunto relacionado con los sobornos pagados por la constructora brasileña para ser favorecida por la Administración del PRI.

Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, los abogados de Lozoya, dieron a conocer que el acusado ha solicitado el criterio de oportunidad, una figura contemplada en las leyes locales de colaboración con la justicia. De esta forma se ha despejado una de las incógnitas que había rodeado a Lozoya desde su retorno de España. Esta mañana, sin embargo, se ha confirmado que el hombre cercano a Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, se convertirá en testigo colaborador. Esta forma obliga al acusado a involucrar a tres o más personas en delincuencia organizada para poder acceder a un beneficio en las penas que enfrenta. Los letrados aseguraron esta tarde ante el juez que Lozoya “fue utilizado” en un aparato organizado del poder para delinquir. Los abogados también dijeron que en un “momento oportuno” serán señalados claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban.

Lozoya ha evitado pisar el Reclusorio Norte de la capital mexicana por su “delicado” estado de salud. La Fiscalía asegura que el 17 de julio, cuando el exfuncionario arribó desde Madrid, recibió reportes médicos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. En ellos se diagnosticaba que el paciente sufría cinco días de anemia, por lo que el exdirector de Pemex recibe hierro por vía oral. Ya en el Hospital Ángeles, uno de los más exclusivos de México, también dijo sufrir dolores en el esófago, una lesión provocada por reflujo.

La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para Lozoya, pero ha pedido al juez que la policía siga vigilando al exfuncionario y que se le coloque un brazalete electrónico. Además, se le quitarán el pasaporte y las visas para que evite fugarse nuevamente, como sucedió en 2019, cuando se hicieron públicas las investigaciones en su contra. La vigilancia continuará una vez que sea dado de alta del Hospital Ángeles. El juez José Artemio Zúñiga, tras 12 horas de audiencia, también ha ordenado al acusado presentarse ante la justicia los días 1 y 15 de cada mes.

Las autoridades creen que el caso Agronitrogenados vincula a Lozoya con Altos Hornos de México (Ahmsa) por un cambio de favores. Alonso Ancira, el propietario de la mayor metalúrgica del país, fue detenido en España el año pasado y aguarda en libertad bajo fianza su extradición a México para testificar. Pemex compró a Ahmsa la planta de fertilizantes ubicada en Coatzacoalcos (Veracruz) el 20 de diciembre de 2013 por más de 600 millones de dólares, 455 para hacerse con los activos y otros 200 para rehabilitar y modernizar hasta el 82% de la maquinaria. La transacción fue criticada, pues Agronitrogenados llevaba 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad. Las autoridades judiciales estiman que el costo de una planta nueva hubiera sido de 200 a 300 millones de dólares. Esto de acuerdo al estudio que realizó el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, que determinó que la inversión superaría por mucho el beneficio esperado.

La narración hecha por la Fiscalía durante la primera audiencia indica que esta compra poco beneficiosa para la petrolera tuvo su génesis mucho antes. Entre junio y noviembre de 2012, antes de que Peña Nieto llegara al poder, las cuentas de Altos Hornos trasfirieron tres millones de dólares en varios movimientos a una cuenta a nombre de Tochos Holding Limited, ubicada en Suiza, que tiene como beneficiaria a Gilda Susana Lozoya, la hermana menor del acusado, quien era estudiante en ese entonces.

Aquellos 34 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel tiempo, fueron utilizados según el ministerio público para que Lozoya comprara a finales de 2012 una casa de 1.165 metros cuadrados en la calle Ladera 20 del exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares. La Fiscalía asegura que el entonces nombrado director general de Pemex no pagó la casa para ocultar el origen de los recursos. Estos, en cambio, fueron triangulados a través de Tochos Holding desde Ginebra.

El pago en favores llegó siete meses después, en julio de 2013, cuando Lozoya abogó por la compra de Agronitrogenados, que dejó de operar en 1999, durante una reunión del consejo de administración de la petrolera. El funcionario defendió la compra por la gran importancia que tendría para Pemex y porque era primordial para el Gobierno la producción de fertilizantes, pues podría sustituir la importación de 400 millones de dólares anuales de químicos. En enero de 2014, la compañía estatal informó de que la venta cumplía “un compromiso con el campo mexicano y el Plan Nacional de Desarrollo” de Peña Nieto.

Lozoya ha negado la mañana de este martes los delitos que se le imputan en este caso. El exfuncionario ha dicho al juez Zúñiga que demostrará que no es culpable ni responsable. También dijo que la casa de Bezares estuvo incluida en la declaración patrimonial que le correspondía hacer como funcionario público de la Administración ante la Secretaría de la Función Pública. La Fiscalía tiene ahora seis meses más para buscar nuevas pruebas, entre ellas los documentos de las aperturas de cuentas en los paraísos fiscales donde fue depositado el dinero, principalmente en las Islas Vírgenes, además de documentación de María del Carmen Ampudia, la persona que vendió al exdirector de Pemex la residencia que hoy pone a temblar a Videgaray y Peña Nieto.