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México se afianza como país otorgante de asilo en América Latina. El Gobierno de Ecuador ha dado a conocer este jueves que un grupo de militantes de la Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, ha abandonado la capital en un vuelo comercial para buscar protección diplomática en el país norteamericano. Fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS descartan que la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador derive en una crisis similar a la que se ha vivido en las últimas semanas con el Gobierno interino de Bolivia, donde nueve leales al expresidente Evo Morales permanecen refugiados en la Embajada mexicana en La Paz.

"Conforme a la línea de respeto a los instrumentos internacionales que ha mantenido el Gobierno del presidente Lenín Moreno, esta semana se comunicó a la Embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias para que esos ciudadanos salgan del Ecuador", ha manifestado la Cancillería ecuatoriana en el comunicado. Entre el grupo de asilados se encuentran los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Cristian Viteri, parte del círculo de confianza de Correa, así como sus parejas y el legislador suplente Luis Molina. "México reconoce el respeto y el cumplimiento al derecho internacional en materia de asilo que ha dado Ecuador", ha respondido el Gobierno mexicano.

Los asilados se habían refugiado en la Embajada mexicana en Quito desde octubre, justo un día después de que terminaran las violentas protestas sociales en el país andino por el alza del precio de la gasolina. Aludieron que se sentían perseguidos.

Ninguno de los tres legisladores tiene un proceso judicial abierto en su contra derivado de las jornadas de protesta, pero sí fueron convocados por la Asamblea para una pesquisa legislativa. El esposo de Rivadeneira tenía una orden de detención. La asambleísta reprochó entonces, en su comparecencia por videoconferencia, que su petición de promover un adelanto electoral para poner fin al Gobierno de Lenín Moreno fuera considerado como un acto de instigación.

Desde el primer momento, las autoridades ecuatorianas atribuyeron la escalada de violencia a una estrategia planificada de desestabilización del país, alimentada con la proliferación de información falsa y atribuida a sectores afines o cercanos al correísmo. De hecho, otros dos miembros de primera línea de la Administración anterior, la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exasambleísta Virgilio Hernández, están procesados por rebelión por las protestas de octubre. Hasta que llegó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instaba al Gobierno ecuatoriano a tomar medidas para garantizar sus derechos, los dos permanecían en prisión preventiva. De momento, siguen a la espera de que avance el proceso judicial.

"El Gobierno está seguro de que la conspiración para atentar contra la democracia y los hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso", añadió el canciller ecuatoriano al dar a conocer ante los medios la decisión de facilitar la salida del país de los asambleístas y sus familiares.

José Valencia ha justificado la salida del país de los asambleístas y sus familiares como muestra de respeto del marco jurídico internacional, evitando además alimentar la narrativa de la persecución política a la que habitualmente se aferran los funcionarios o altos cargos del Gobierno anterior que enfrentan a la Justicia, ya sea por las protestas de octubre o por casos de corrupción. "Detrás del discurso de persecución política está el interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son ahora procesados en órganos judiciales independientes", ha insistido el Gobierno de Moreno en el comunicado.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su homólogo ecuatoriano se reunieron el miércoles en Ciudad de México. El encuentro se produjo horas antes de la ceremonia por el inicio de la presidencia pro tempore de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un mecanismo regional que busca ser un contrapeso a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que no incluye a Estados Unidos y Canadá, a diferencia de la OEA. La reunión trató los aspectos más importantes de la relación bilateral, de acuerdo con un tuit de la Embajada ecuatoriana en la capital mexicana que no reveló más detalles.

A mediados de diciembre, el Gobierno de López Obrador denunció el asedio de su Embajada en Bolivia para que entregara a la Justicia boliviana a nueve exfuncionarios cercanos al expresidente Evo Morales. Tras varios días de tensiones y un cruce de descalificaciones entre ambos Gobiernos, la embajadora mexicana, Teresa Mercado, fue declarada persona non grata y debió dejar el país. En la escalada de tensiones también fueron obligados a dejar el país el cónsul español, Álvaro Fernández, y su encargada de negocios, Cristina Borreguero, tras un confuso incidente a raíz de una visita informal a la legación mexicana.

En este caso, la historia parece ser diferente. Otra de las razones que citan las fuentes consultadas para descartar una crisis diplomática con Ecuador es la relación comercial entre ambos países, mucho más fuerte que con Bolivia. Entre 2000 y 2018, México fue el país que más inversión extranjera inyectó en Ecuador con más de 1.550 millones de dólares, según el Banco Central ecuatoriano.